Se trata de Kevin Barspinneiro Mamani, alias «Bad Bunny», de nacionalidad boliviana y quien tenía pedido de captura internacional por ser considerado como un eslabón importante dentro de la citada organización criminal.
La detención fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Cinturón Sur”, perteneciente a la GNA, luego de que «Bad Bunny» fuera visto en las adyacencias del Pasaje Bolívar del complejo habitacional.
En ese contexto y bajo la supervisión de personal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), los uniformados se identificaron e interceptaron a Barspinneiro Mamani, quien tenía pedido de captura bajo la imputación de integrar el clan narco y además cuenta con antecedentes por traficar estupefacientes y por portación ilegal de armas.
Finalmente, «Bad Bunny» quedó detenido, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12.
Investigación sobre los laderos de «Marcos»
A lo largo de dos años y medio, efectivos de mencionada unidad de investigaciones de la GNA, junto con el apoyo de la Sección de Reunión de Información de GNA, llevaron a cabo distintas tareas de investigación sobre los laderos de «Marcos» y detuvieron a varios de los principales miembros del clan.
El líder de la organización, el capo narco peruano Marco «Marcos» Estrada González, había sido expulsado de Argentina el 22 de junio del año pasado, en un operativo de seguridad especial que incluyó el traslado en helicóptero desde el penal ubicado en la localidad bonaerense de Marcos Paz donde estaba alojado, informaron fuentes policiales.
«Marcos» estaba alojado en ese penal cumpliendo una condena de 24 años de prisión por los delitos de «narcotráfico y acopio de armas de guerra».
Según estableció una investigación de la Procunar, el líder narco seguía dirigiendo desde prisión una organización dedicada a la venta de drogas en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores.
Por tal motivo, el 20 de mayo de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3 -el último que lo había condenado en un juicio en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal Diego Velasco-, autorizó el extrañamiento (expulsión del país) a Perú de Estrada González, en un fallo en el que le solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que disponga los medios para que realice el traslado del condenado a Lima y que le prohíba de manera permanente el reingreso a Argentina.
En un juicio que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 -el mismo que luego le otorgó el extrañamiento- había condenado a «Marcos» a una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.
Los jueces lo consideraron «organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas» en la villa 1-11-14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de «tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas».
En el mismo fallo, el tribunal condenó a la esposa de «Marcos», llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.
También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias «Doña Lily», a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como «partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes».
Para los jueces, quedaron probados los vínculos de los condenados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de «Marcos», que se produjo en diciembre de 2016.
