El sanjuanino Marcelo Orrego, uno de los gobernadores más cercanos a Patricia Bullrich, rechazó la posibilidad de implementar en su provincia el nuevo protocolo antipiquetes redactado por la ministra de Seguridad.
El secretario de Seguridad de San Juan, Federico Sánchez, dijo que la posición de la provincia será muy distinta a la anunciada por Patricia. «Nosotros vamos a permitir que los manifestantes protesten en forma ordenada, sin dañar a personas. la Avenida Libertador es ancha. Se les puede decir que se coloquen en un sector sin afectar al resto», dijo.
El funcionario aseguró que existe la libertad de circular pero destacó que también existe el derecho a la libre expresión pública. «En ese vínculo hay que ver el que protesta y el que transita», destacó.
Sánchez dejó en claro que lo que no permitirán es la interrupción completa de las arterias, que tratarán de evitar que las manifestaciones ocurran en calles angostas. También aclaró que le sugerirán a las mujeres no participar con sus hijos de las marchas. «Protestar y circular son dos derechos constitucionales. Tenemos que aplicar criterios con prudencia», dijo.
En medio de las medidas de ajuste, Patricia anunció nuevo protocolo antipiquetes que le da competencia al gobierno nacional sobre las provincias. Como adelantó LPO, esa medida abre un foco de conflicto con Jorge Macri y Axel Kicillof toda vez que la Ciudad y el conurbano son los territorios más calientes en relación a manifestaciones.
Sin embargo, la primera resistencia surgió de la Región de Cuyo y desde un gobernador muy cercano a la ministra.
«Si hay un delito, las fuerzas federales podrán intervenir en flagrancia», dijo la ministra de Seguridad. Se suponía que cada jurisdicción implementaría las medidas necesarias para impedir los piquetes, pero las declaraciones de Bullrich dejan una zona gris.
Eso es justamente lo que desestimaron desde San Juan optando por permitir la protesta, garantizar la circulación y evitar ir al choque con los manifestantes.
La presentación del protocolo había dejado algunas dudas, en particular sobre el poder de Patricia de actuar en territorios provinciales. «Las fuerzas federales tienen estado policial, si hay un delito tienen que intervenir», aclararon luego desde el gobierno nacional.
Bullrich dijo que buscaría coordinar acciones con la Ciudad y la Provincia, aunque luego advirtió a los gobernadores. «Veremos qué hacemos con una fuerza que no quiere actuar: habrá consecuencias», dijo.
Además, prometió que los costos vinculados a los operativos de seguridad quedarán a cuenta de las organizaciones o los individuos responsables. «El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad», expresó.
