El paquete que delinearon Javier Milei y Toto Caputo carga el grueso del ajuste sobre la clase media y los jubilados y apenas roza la enorme estructura del Esyado, que el presidente caracterizó durante su campaña como «casta».
Para respaldar los anuncios del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, el gobierno tiene preparados una serie de decretos que contienen la letra chica del paquete de medidas, donde se destaca una notable suba de impuestos, muy contraria al ideario libertario que proclama Milei.
Luego de un salto del 118% del precio del dólar a $800, el sendero a seguir es una flotación administrada del tipo de cambio en el orden del 2% mensual bajo modalidad «crawiling peg» lo que significa mínimas devaluaciones diarias. «La administración del tipo de cambio, va a contramano de las ideas que propone La Libertad Avanza cuya piedra fundacional son los precios libres», dijo a LPO uno de los asesores económicos de Milei durante la campaña.
La misma contradicción puede trasladarse al enfoque impositivo. En contraposición a las ideas libertarias lo que se observa es una suba generalizada de tributos para financiar el abultado gasto del Estado. Según trascendió se analiza una imposición masiva de retenciones del 15% a prácticamente todas las exportaciones; además de la anunciada suba del impuesto país que pasa del 7% al 17,5%.
Pero aún más sorpresivo fue «la reversión de los cambios en ganancias» que llevo adelante Sergio Massa y acompañó Javier Milei en el Congreso. Esto es, reinstalar ese tributo para la mayoría de los trabajadores, una medida de dudosa constitucionalidad porque fue convertida en ley.
Se trata de medidas que sumadas al fogonazo inflacionario que se espera por la devaluación afectarán seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores y se suman a la quita de subsidios al transporte y a la energía «en un claro golpe a la clase media trabajadora», según afirmó a LPO Ernesto Mattos economista y docente de la UBA.
En el mismo sentido se pronunció el diputado peronista Marcelo Casaretto, en diálogo con LPO: «Es un brutal ajuste sobre trabajadores y jubilados. Las medidas que anuncio Javier Milei produce una tremenda transferencia de ingresos, una fuerte concentración y reprimarización de la economía».
«Habrá recesión, más inflación y menos trabajo. Pocas medidas anti casta y muchas antipopulares», agregó Casaretto.
Desde el Palacio de Hacienda anticiparon que se eliminara la fórmula jubilatoria. El objetivo es que las jubilaciones y pensiones caigan un 0.4% del PBI.
Para Martin Tetaz, ex diputado nacional de Juntos, Caputo se quedó corto. «Es como si tuviera que ir a Mar del Plata pero cargó nafta para llegar a Chascomús», dijo a LPO este economista radical que agregó «la sensación es que van por el buen camino, pero no alcanzan».
A todo esto la única medida paliativa es que se va a duplicar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un 50% la tarjeta Alimentar. Los números oficiales dan cuenta los límites de esta medida. El propio Caputo reconoció aumentos del 100% en las góndolas durante las últimas dos semanas.
«Si el objetivo de Luis Caputo es bajar la inflación no basta con un ancla fiscal y monetaria. Hace falta frenar la inflación inercial, un equilibrio sostenible del sector externo y evitar un espiral de precios. No es sostenible congelar salarios dada la magnitud de los aumentos», indicó Alejandro Vanoli ex titular del BCRA y director de la consultora Synthesis.
Con el impuestazo, Caputo proyecta recaudar 0.8% del PBI con el aumento del impuesto País, con las retenciones adicionales un 0,5% y con la reforma de ganancias un 0.4%.
Los economistas coinciden en que la necesidad de subir los impuestos se explica porque el recorte sobre el sector público tiene mínimo impacto en el rojo de las cuentas «Apenas roza a la casta, el achicamiento es tan mínimo que el gobierno no lo puede ni medir», dijo a LPO una de las fuentes consultadas que agregó «no se anunció una reforma medular o estructural del Estado, ni siquiera la privatización tan mentada de las empresas públicas».
Julia Strada, economista y diputada peronista, publicó en Twitter que «la eliminación de 9 cargos de rango ministerial, 50 secretarias y 42 subsecretarias suma cerca de 3.200 millones de pesos, considerando sueldos y cargas sociales. Eso equivale al 0,00142% del PBI.».
Aún así, la decisión de despedir a todo aquel empleado del sector público con una antigüedad menor a un año, podría esconde una trampa. «Todos los contratos de la administración nacional son por doce meses, con lo cual si se aplica textualmente quedarían afuera todos los contratados», dijo a LPO un cuadro técnico del Palacio de Hacienda que destacó que «se trata del 5% del total de la planta del Estado».
