Javier Milei no solamente tendrá que ocuparse de las deudas de la Argentina con el FMI, los bonistas y otros organismos internacionales, sino que también deberá enfrentar juicios por US$23.000 millones contra el país en tribunales internacionales.
Quizá el más sobresaliente de esos litigios sea el que se inició por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de su estatización. El fondo Burford Capital compró el litigio y llevó a la Argentina a los tribunales de Nueva York. Allí, la jueza Loretta Preska consideró que el país debe pagar algo más de US$16.000 millones.
A partir de allí, la Argentina decidió apelar el fallo pero, para hacerlo sin que los demandantes tengan chances de ejecutar embargos sobre el país, debía depositar una garantía por el monto del fallo. Precisamente, sobre esos dos puntos tendrá que decidir la administración que llegará a la Casa Rosada este domingo.
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Tal como recordó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y experto en este juicio, hay dos fechas claves para el gobierno de Milei:
- La primera cita del Presidente Milei en las cortes internacionales será el 10 de enero, cuando Argentina debe depositar las garantías para evitar los embargos.
- El segundo test será el 23 de enero, día en que el país debe presentar sus primeros argumentos en la apelación.
Las garantías que pide la justicia estadounidense
El plazo para depositar las garantías vencía originalmente el 5 de diciembre. Sin embargo, el gobierno saliente pidió a la jueza Preska que postergara esa fecha en virtud del inminente cambio de mando.
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“Para adaptarse a la nueva administración en Argentina, la Corte permitirá hasta el 10 de enero que la República entregue los activos a los Demandantes, como se indica en la orden de la Corte del 21 de noviembre”, dijo la justicia estadounidense a fines de noviembre al conceder el pedido.
Con respecto a cuáles serán las garantías a depositar, la jueza Preska aceptó el pedido argentino para no depositar el monto del fallo (US$16.000 millones, una cifra que el país no tiene disponible), pero pidió que se utilicen como garantía las propias acciones del Estado en YPF, así como los pagos por cobrar del proyecto Yacyretá. Esa decisión estuvo en línea con lo que habían solicitado los demandantes.
El camino de la apelación
La Argentina advirtió que apelaría el fallo que la obliga a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF apenas se conoció la sentencia. Sin embargo, a principios de noviembre el Gobierno pidió presentar el escrito en el que desarrollará los detalles de esa apelación el 23 de enero de 2024.
Maril había explicado a TN que, una vez que la Argentina anunció formalmente su intención de apelar todos los fallos de la jueza Preska, tenía 90 días corridos para iniciar formalmente esa apelación.
