Es una vieja disputa que asoma a la superficie en momentos de ajuste. Se trata de la supuesta discriminación que sufren las provincias del interior respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en términos de recursos para servicios públicos.
Transporte, luz, gas, agua. Todos los servicios son mucho más caros en las provincias del interior que en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. A eso se le suman las transferencias discrecionales que la Rosada envía a las provincias y que benefician en particular a la provincia de Buenos Aires.
Los gobernadores del interior sondean la posibilidad de acordar con Milei una ofensiva para detonar el ‘Pacto del AMBA’. Saben que podrían articular en el Congreso junto a Javier Milei si eso queda plasmado en el presupuesto. Esta posibilidad trasciende los partidos y genera coincidencias entre gobernadores de Juntos y del peronismo del interior.
Las provincias mantienen un ajustado equilibrio de cuentas, mientras el precio de los servicios recae sobre las espaldas de los usuarios del interior. Pero según su lectura ese esfuerzo no es parejo porque el grueso de los recursos del gobierno nacional se destinan a mantener subsidiado al AMBA (esto representa a los 40 municipios del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires).
La Fundación Mediterránea analizó los subsidios al Transporte que recibe cada provincia de acuerdo al tamaño de su población. El AMBA recibió en el primer semestre del año unos 48 mil pesos por habitante, mientras que la asignación para el resto de la provincia de Buenos Aires fue de 133 pesos per cápita.
En La Rioja y Santiago del Estero las transferencias fueron en promedio de 600 pesos por habitante. Es decir, que el AMBA recibió 80 veces más por persona que esas dos provincias del noroeste argentino. En el norte, Tucumán y Salta, recibieron transferencias en torno a los 2.000 pesos por habitante.
Corrientes y Chaco recibieron unos 950 pesos en el primer semestre por habitante. La provincia de Formosa recibió 607 pesos en el semestre.
En Cuyo, mientras que Mendoza recibió 1.109 pesos por habitante, en San Luis la cifra ascendió a 1.273 pesos y en San Juan a 3.186 pesos. Todas muy lejos de los 48 mil pesos por habitante que recibe el AMBA. Cifras similares se dan en la Patagonia: Neuquén percibió 1.487 pesos por habitante en el primer semestre, mientras que Santa Cruz apenas recibió 14 pesos por habitante en ese período.
Situaciones similares se dan para otros servicios. Electricidad, gas, agua y transporte representan más del 90% del total de los gastos en subsidios del presupuesto nacional. Todos estos son subsidios a la oferta, toda vez que el Estado le asigna fondos a una empresa para que no aumente las tarifas.
Esta situación supone un problema enorme para Axel Kicillof y pone debate la equidad del gobierno nacional al momento de distribuir transferencia discrecionales a las provincias. Esas trasferencias de recursos aumentaron desde la llegada de Kicillof a la Casa de Gobierno bonaerense. Pero también es verdad que en el Conurbano se concentra el mayor núcleo poblacional del país y uno de los que enfrenta mayores necesidades
Como sea, la asistencia extraordinaria que recibió Buenos Aires durante el mandato de Alberto Fernández le permitió a Kicillof encarar obras y pagar salarios sin problemas. Dos temas que sus antecesores María Eugenia Vidal y Daniel Scioli debieron afrontar con dificultades.
Durante la campaña fue la candidata libertaria Marcela Pagano quien planteó que esas transferencias discrecionales podrían ser un mecanismo de negociación para conseguir leyes en el Congreso. «Es la fuerza de la negociación de la política bien entendida», dijo la periodista quien lo planteó como una posibilidad en caso que senadores y diputados, que responden los gobernadores, rechacen los proyectos de Milei. Se trata de un esfuerzo político que recerá sobre todo en las espaldas del designado ministro del Interior, Guillermo Francos.
Kicillof dijo este jueves en Unión Industrial que su relación con el futuro gobierno dependerá de las definiciones que tome Milei respecto de la obra pública. «Eso es lo que va a resolver la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional», dijo.
«Tengo la obligación de defender los intereses de su provincia y a su aparato productivo porque el privado no resuelve todo», agregó.
Kicillof encarará su segundo mandato en un contexto inusual. No es común que el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires sean de distinto signo político.
Tras el retorno de la Democracia, eso sólo ocurrió en 1999 cuando Carlos Ruckauf ganó la elección en la provincia, pero Fernando de la Rúa ganó la presidencia. Por esos años, Ruckauf estuvo dos años al frente del gobierno bonaerense y luego decidió saltar a la Cancillería. El sucesor en la provincia fue Felipe Solá.
En La Plata se preparan para un segundo mandato muy distinto al primero. El caballito de batalla será la Ley de Coparticipación que todos los gobernadores bonaerenses piden volver a discutir, pero como requiere ser aprobada por unanimidad por las Legislaturas provinciales además de su paso por el Congreso Nacional, con que una sola esté en contra no sale. Por eso, en todas estas décadas no ha pasado del plano retórico esa discusión. Funciona más como argumento político que como instrumento real para discutir el reparto de fondos
El miércoles, Milei amenazó con cortar las transferencias discrecionales: «¿Cómo hago para darles plata que no tengo? ¿O vamos a seguir falsificando dinero para estafar a los más vulnerables?», dijo.
Desde la provincia salieron a responder con el reclamo de cambios en la Coparticipación. Fue el intendente Jorge Ferraresi quien planteó en Twitter los problemas de esa ley. Dijo que Buenos Aires genera el 35% del PBI, el 40% de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36% de las exportaciones nacionales y 50% del valor agregado industrial. Sin embargo, sólo recibe el 22% de la coparticipación. Kicillof republicó esos tuits.
Además, dijo que Buenos Aires es la provincia argentina con menos gasto por habitante destinado a Educación, Salud, Seguridad, Cultura y Asistencia Social y la segunda con menos empleados públicos cada 1.000 habitantes.
Se sabe que Ferraresi orbita ahora en el círculo de poder de Kicillof. Esos números serán probablemente las banderas del gobernador para ir a pelear recursos con Milei.
