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Economia

El derrotero del sistema previsional argentino y cómo impactan los nuevos cambios sobre los jubilados

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Cuando Pedro ingresó al mercado de trabajo, allá por 1985, la regla del sistema de pensiones “prometía” que si aportaba al menos 10 años y lograba acreditar 30 de servicios a los 60 años iba a gozar de una jubilación del 70% del promedio del salario de los tres mejores años dentro de los últimos 10 y que si trabajaba más años ese porcentaje sería mayor.

En 1994 las “promesas” cambiaron drásticamente. Del sistema de reparto “solidario” se pasó a uno mixto en el cual podía elegir mantenerse en el sistema público existente, que prometía un haber más bajo que el 70% -ya que se promediaba los 10 últimos años y no sólo los mejores tres- o pasar a uno sistema de capitalización individual en el cual la jubilación dependía de lo que se hubiera acumulado. Si bien ahora tendría que poder probar 30 años de aporte, lo que requería mantenerse siempre en el sector formal de la economía, y recién podría jubilarse a los 65, su jubilación sería más alta al estar administrada por una AFJP que pelearía por la mayor rentabilidad de sus fondos. Pero además sería mejor para la economía porque el nuevo sistema iría reduciendo el déficit previsional que a esa altura de la historia alcanzaba al 2,3% del PBI.

Un año más tarde, se enteró que la movilidad automática prometida para los que estaban jubilados por los sistemas de reparto había sido anulada, pero no parecía muy importante porque le faltaban muchos años para su momento del retiro.

A partir del 2002, se dio cuenta que la ausencia de movilidad no era un dato menor porque la inflación había retornado después de casi una década y ahora los ajustes eran discrecionales. Y, además, en los siguientes cuatro años los únicos ajustes que se hicieron fueron para quienes percibían la jubilación mínima.

En el año 2005 se preguntó porque estaba aportando si ahora había gente que sin haber aportado nunca iba a recibir una jubilación a través de una moratoria, y a lo largo de los años siguientes se dio cuenta que esa era mucha gente lo que dio la primera pista de la universalización del sistema. Pero esos jubilados sólo iban a recibir la jubilación mínima y probablemente haber aportado realmente haría una diferencia.

En el año 2008, de buenas a primeras, le avisaron que cambiaban otra vez las reglas del juego. Ahora se volvía al viejo sistema de reparto porque era un sistema solidario en contra de la capitalización que es individualista.

Sergio Massa y Amado Boudou, dos ex directores de la Anses:: en 2008 decidieron la reestatización del sistema
Sergio Massa y Amado Boudou, dos ex directores de la Anses:: en 2008 decidieron la reestatización del sistema

Pero por suerte, un año más tarde, a instancias de un fallo de la Corte Suprema se eliminó la discrecionalidad de la movilidad de los haberes y se fijó una regla de ajuste en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social.

En el 2017, se cambió la fórmula de ajuste por una más ligada a la inflación y menos a salarios porque los consumos de los jubilados se ajustan por inflación y no por salarios, aunque en realidad lo que pasó fue que se esperaba que los salarios subieran más que los precios y con el cambio las jubilaciones crecerían menos contribuyendo a que el déficit del sistema creciera menos en un momento en que, como consecuencia de la duplicación de los beneficiarios a través de la moratoria, el déficit del sistema alcanzaba a casi 3 puntos del PBI.

Además de eso, también se cambió la regla de actualización del salario para el cálculo del haber inicial. Hasta ese momento se ajustaba de igual forma de las jubilaciones, pero a partir de ese año se utilizaría el RIPTE (remuneración de aporte al sistema de pensiones).

Y, de incertidumbre en incertidumbre, llegó al 2020, con 35 años de aportes y la edad suficiente para retirarse creyendo que el haber que le correspondería sería ajustado de forma cercana a la evolución de los precios. Y ahí otra vuelta de tuerca cambió el panorama del sistema.

A sólo días de asumir la nueva administración mandó al Congreso la Ley de Emergencia Solidaria dentro de la cual una de las medidas afecta otra vez al sistema jubilatorio. La modificación esta vez suspende por 180 días el ajuste jubilatorio, período durante el cual los ajustes trimestrales (en principio los de los trimestres de marzo y junio) se harán, hasta definir una nueva fórmula, de forma discrecional y priorizando a los de más bajos ingresos.

 Las instituciones inestables pierden credibilidad

Lo que en un primer momento pareció apuntar a una reducción del gasto en pensiones terminó pareciendo más una redistribución de ingresos dentro del mismo sistema ya que el primer aumento discrecional se plasmó en la forma de un bono de 5000 pesos para quienes cobran la jubilación mínima (14.068 pesos) y tienen una sola prestación (jubilación o pensión). Para el resto de los beneficiarios el bono es la suma que completa su haber 19.048 pesos (jubilación mínima más los 5000).

Más de lo mismo

El aumento fijado para marzo es más de lo mismo ya que toma la forma de una suma fija de $ 1500 más un aumento de 2,3% para todos los beneficios. Y así, el haber mínimo tiene un aumento de 13,7%, porcentaje cada vez menor a medida que aumentan las jubilaciones reduciéndose a sólo el 4,4% para el tope jubilatorio.

La medida termina generando un achatamiento de la pirámide jubilatoria ya que de esta forma casi el 75% de los beneficiarios estaría cobrando el mismo haber. Mientras lo que en principio daba la idea de una reducción del gasto termina en un incremento del gasto en los meses de diciembre a febrero de 6,7% sólo en el sistema previsional (SIPA) a lo cual si se suma el mayor gasto en pensiones no contributivas y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM) termina en un gasto adicional de 45 mil millones que representa un aumento del 9,7% del total del gasto en estos conceptos.

El ajuste de marzo sí termina en un ajuste del gasto de 1,4% que no llega a compensar el incremento del trimestre anterior.

Si bien veladamente, los aumentos diferenciales, mayores para la población de menores ingresos, se justifican en el principio “solidario” del sistema de reparto, esto no es más que una re-escritura de la historia, ya que la solidaridad del sistema de reparto se refiere a la solidaridad intergeneracional -la generación que trabaja y aporta financia la pensión de la generación jubilada, mientras espera que la siguiente financie su jubilación- no a la solidaridad entre los propios jubilados que aportaron toda su vida para cubrir su propio riesgo de caída en la generación de ingresos en la etapa pasiva y no para cubrir el riesgo de quienes no han aportado.

(Telam)
(Telam)

Además, ¿cuán cierto es que quienes tienen las jubilaciones más bajas se encuentran entre la población vulnerable? La tasa de pobreza entre la población mayor es la más baja entre los distintos grupos etarios. Mientras que entre los menores de 14 años el 52,6% es pobre entre la población mayor de 65 años este porcentaje sólo se alcanza al 10,4%.

De hecho, la jubilación mínima alcanza a cubrir la canasta de pobreza con lo cual ningún jubilado debería estar en condición de pobreza, sin embargo, los ingresos totales del hogar podrían ser menores que la línea de pobreza. Calificando a los jubilados en pobres / no pobres se encuentra que el 83% del total se encuentra en hogares no pobres, mientras que si restringe a los jubilados que perciben la jubilación mínima este porcentaje se reduce al 76%. Es decir, la condición de percibir el haber mínimo jubilatorio no implica necesariamente que la población sea vulnerable.

Jugado y sin fichas

El hecho es que, tras una vida laboral de reformas previsionales, Pedro ya se encuentra jugado y sin fichas. Las reglas cambiaron reiteradas veces y a las puertas del retiro no esta claro cuales son y mucho menos cuántas veces a futuro las cambiarán.

Las instituciones inestables pierden credibilidad. Si bien Pedro ya no tiene opción el mensaje que dejan todas las reformas que se han ido implementado, en especial en los últimos 15 años es que el sistema de pensiones tiene un premio bajo al cumplimiento: existen moratorias que permiten un haber sin haber aportado nunca, existen regímenes que con aportes muy bajos otorgan un beneficio.

Pero aún habiendo aportado y obteniendo un beneficio bien diferente al que aportó poco o no aportó, a futuro existen altas chances de que la diferencia inicial se vaya achicando fuertemente. Por ejemplo, alguien que se jubiló con la jubilación máxima en el año 2001 y por lo tanto cobraba 19 veces más que la jubilación mínima en diciembre percibió poco más de 5 veces que quien percibe la mínima, la mayoría de los cuales han ingresado al sistema a través de una moratoria y por lo tanto habiendo aportado poco o nada.

“Otra vuelta de tuerca”, de Henry James, esta rankeado entre los mejores cuentos de terror de la historia. “Otra vuelta de tuerca del sistema previsional argentino” debería rankear en primer lugar entre las historias de suspenso.

La historia de esta historia es que existen altos incentivos a evadir el sistema. El desafío desde las instituciones es transformarlo en un sistema creíble que genere atractivo a pertenecer. Los pasos dados por la presente Administración parecen tomar el camino contrario y repetir el mensaje de “pertenecer no tiene sus privilegios”.

La autora es economista de FIEL. Esta nota fue publicada por Infobae el 4 de enero pasado y se reedita con algunos agregados por el último anuncio del Gobierno

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La AFIP encontró 9.000 botellas de alcohol en gel en un depósito de Farmacity

La empresa del ex vice jefe de gabinete no fue multada. Adujo que acababa de recibir la mercadería para redistribuirla.

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La AFIP encontró 9.000 unidades de alcohol en gel en un depósito de Farmacity en el marco de una investigación por los faltantes en las góndolas que ya lleva días. Fue el domingo pasado, pero la actuación recién trascendió este viernes. La empresa solo recibió un acta de constatación, pero no una infracción, aclararon desde la empresa de Grupo Pegasus, vinculada al ex vice jefe de Gabinete, Mario Quintana.

Según explicó la compañía, los productos encontrados en ese galpón de Chacarita habían sido recibidos minutos antes ese mismo día de distintos proveedores y estaban allí para ser distribuidos en los locales de la cadena de farmacias. El lote de frascos de alcohol en gel asciende a casi un millón de pesos.

En cambio, desde la AFIP detallaron a Página12 que debieron esperar horas para poder hacer la inspección por los faltantes que se venían denunciado desde el viernes previo y que no es la primera vez que la empresa genera dilaciones en la atención a los inspectores. Al tiempo que corroboran que esta vez “solo hubo acta de constatación, no de infracción”.

Fuentes oficiales remarcaron que el objetivo del Estado “está cumplido” porque la mercadería fue puesta a disposición de los consumidores tras la inspección.

La compañía es la principal cadena de distribución de medicamentos con receta del país, pero también de productos de venta libre, lo que le valió un enfrentamiento con los kioskeros, almanceneros y los comercios de proximidad a los que se les prohibió la venta de medicamentos de venta libre. Es también, la gran competidora de las farmacias tradicionales, con las que mantuvo una fuerte disputa mediante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por no respetar la titularidad de cada boca expendio de medicamentos que exigía la ley provincial con el respaldo del Colegio de Farmacéuticos. En cambio, la cadena quería hacerlo sin titular y como sociedad anónima. Su formato “polirrubro” siempre encontró resistencia de parte de los que, en cambio, se centran en solo un tipo de productos.

Con motivo de la clausura de varios supermercados por no adecuar sus precios a los que determinó la Secretaría de Comercio Interior, Marcó del Pont ya había adelantado que: “Los controles de precios y las fiscalizaciones son fundamentales para ponerle un límite a los abusos y garantizar el acceso a los productos como alcohol en gel, barbijos y desinfectantes. Vamos a ser implacables con quienes pongan precios abusivos o escondan mercadería”.

No onbstante, esta vez desde la AFIP optaron por ser menos drásticos y aclararon que “el objetivo en esta instancia no es clausurar establecimientos sino que se cumplan los precios máximos y que haya normal abastecimiento”.

En este caso, los inspectores tuvieron que esperar un par de horas para ser atendidos luego de que el custodio les informara que el depósito estaba cerrado “hasta el miércoles” y luego de varias horas y tras la partida de un camión, un gerente de la empresa les permitió completar su tarea.

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Cuarentena: cómo se puede retirar dinero en efectivo sin ir al cajero

Si bien los cajeros seguirán funcionando, y aseguran que habrá dinero disponible, existen otros lugares para poder obtener efectivo

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El Gobierno garantizó la disponibilidad de efectivo a través de cajeros automáticos durante el fin de semana para los individuos que requieran de dinero físico.

“Durante el fin de semana, se mantendrá la reposición de dinero en los cajeros de los bancos que abonan jubilaciones y salarios”, indicó el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks.

La medida se confirmó tras un encuentro mantenido entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el jefe de Seguridad del Banco Central, Omar Arce.Te puede interesar

Según el Banco Central, más de 35.500 puntos de extracción garantizan la disponibilidad de efectivo en el país ante el aislamiento social obligatorio por el coronavirus.

Este número incluye a los más de 18.000 cajeros automáticos y otros 17.500 puntos de extracción de efectivo en líneas de cajas de comercios como supermercados, farmacias o estaciones de servicio que permiten extraer efectivo de las cuentas bancarias de los clientes.

Esta alternativa es muy importante en este momento, ya que quien va al supermercado, podrá resolver dos temas al mismo tiempo, lo mismo que si va a las farmacias y estaciones de servicio. El servicio no tiene ningún costo extra y no es necesario un monto mínimo de compra para hacerse de billetes.

Sin embargo, hay un tope de extracción que está sujeto al límite diario permitido de cada usuario y al máximo fijado por el comerciante (al igual que puede suceder con una terminal que está quedándose sin billetes). Hasta hace pocas semanas atrás, ese límite era de $5000 y fue ampliado por el aumento de la demanda de los comercios y los consumidores.

Las empresas de pago de servicios también ofrecen retirar efectivo a través del sistema PIM, una billetera virtual que lanzó el año pasado el Banco Nación con el fin de lograr una mayor inclusión financiera.

La herramienta -que no requiere ni de una cuenta bancaria ni de tarjetas de crédito, y no tiene costo ni para el usuario ni para los pequeños comercios- permite retirar efectivo en donde se le carga dinero, a través de Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, cajeros Link y Banelco, Home Banking o PagoMisCuentas.

Para los comercios, esta posibilidad les permite disminuir el manejo de efectivo en caja, atraer a los clientes a sus lugares y ofrecerles un servicio de valor agregado, dado que no todos los establecimientos cuentan con esta alternativa.

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Comercios, en alerta: la facturación de este mes bajará un 70%

Más de la mitad de las empresas consultadas en un relevamiento de CAME no implementó forma alguna de teletrabajo. Impera la parálisis

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La ausencia de gente en las calles también implica la falta de clientes para la mayoría de los comercios que no son “esenciales” en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En esta línea, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó un alerta: la facturación de las compañías este mes caerá un 70% interanual debido a la crisis generada por la pandemia.

El dato surge de una encuesta realizada entre 400 jóvenes empresarios del comercio y la industria de 22 distritos del país, que fue completada entre el 23 y 25 de marzo.

El 49,1% de los hombres de negocios sondeados estima que la caída de facturación estará entre 76% y 100%, mientras que el otro 19,2% evalúa que será de entre 51 y 75%.

“Si medimos el impacto negativo en cantidad de meses, se estima que alrededor del 68,1 % de los consultados no podría sobrevivir más allá de tres meses. Al día de hoy, el 8,3 % afirma no encontrarse en condiciones de afrontar la crisis económica, fruto de la emergencia sanitaria. Y apenas el 1,8 % cree que puede atravesar esta situación (la mayor parte de ellos pertenece a rubros esenciales)”, explica el informe.

Al ser consultados sobre cómo estaban manejando la situación de sus empleados, un 88,6% dijo que mantuvo hasta ahora a todo su personal. Sin embargo, dentro de ese grupo un 15,2% decidió adelantar las vacaciones. Además, un 10% ya realizó despidos.

Por otra, parte un 66.2% de las empresas reveló que sufren demoras de abastecimiento en insumo.

Otro detalle importante: más de la mitad, 53,2%, no implementó modalidad de teletrabajo alguna. Esto impacta en una productividad nula o -peor- en gente transitando en la calle.

Además, la mayoría de las empresas (60%) afirman que recibieron listas de precios con aumentos en sus insumos. Denuncian que se trata de subas de entre 6% y 10%.

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