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USAM CHACO: 600 MILLONES pasaron por camiones Sanitarios y UNCAUS

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Asumido el gobierno de Mauricio Macri, una de las políticas a las que se dio continuidad fue el Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial – Unidades Sanitarias Móviles (USAM), que en su tarea en terreno mostraba los comúnmente llamados  camiones sanitarios totalmente ploteados. Una de las bases regionales de esas unidades está en Chaco y en franco desmantelamiento a pesar de que fueron de cierta utilidad Camion Sanitario Corrientestomándose en cuenta la crisis de la red sanitaria pública. Se sabe que a fines del año pasado  se pidió el cierre de la base NEA del Programa.

El desmantelamiento afecta no sólo al plantel de trabajadores, sino también a las unidades  que originalmente eran 7, de las cuales por lo menos 2 fueron cedidas  a la provincia de Corrientes. Oficialmente el Programa Nacional todavía existe y tiene una página web oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Salud Pública, como ahora se llama tras el achicamiento del gabinete de Macri. Figura que “fue creado a partir de la concepción de la Salud como un Derecho Universal que debe ser garantizado a toda la población de nuestro país”.

 En la provincia del Chaco la asistencia sanitaria a través de los camiones no fue más allá del Área Metropolitana. Un operativo realizado en la zona de  Espinillo, a propósito de la emergencia hídrica de principios de año, se llevó adelante  sin utilizar  ninguno de los camiones sanitarios del programa nacional. Sin embargo, el convenio entre la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias con la Universidad Nacional del Chaco Austral dejaba perfectamente establecido que las asistencia sanitarias debían realizarse “en localidades y parajes recónditos de la región nordeste del territorio argentino, garantizando  el acceso y la atención primaria en salud a las personas en situación de alta vulnerabilidad social”.

Se puede perder la Base Chaco

Sería un hecho grave que se pierda la Base Chaco porque aceleradamente empeora la situación social y sanitaria. Los indicadores comienzan a inclinarse hacia los registros del año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar ordenando al gobierno nacional y al del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitaban en ciertas regiones de  los departamentos General Güemes y Libertador General San Martín, como así también medios de transporte y comunicación adecuados a cada uno de los puestos sanitarios.

Prácticas oscuras en la administración de  fondos públicos millonarios

 

Justamente una de las respuestas del gobierno nacional a la  orden judicial del máximo tribunal argentino fueron los camiones sanitarios que comenzaron a recorrer la zona. Sin embargo, ya en aquella época la política partidaria tiñó el servicio con las peores prácticas.  En esa línea se celebró un convenio entre la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias con la Universidad Nacional del Chaco Austral, que destinó para atenderlo a su secretario Administrativo, el ingeniero Luis Sebastián Pugacz.

Se movieron  fondos nacionales millonarios para financiar el Programa. Entre 2009 y 2017, durante la mayor parte en convenio con la UNCAUS, se destinaron aproximadamente 600 millones de pesos,  cifras no oficiales  ni definitivas. Según voceros del gobierno nacional, falta que rindan   cuentas de los fondos transferidos durante los años 2009/2010 y 2016/2017. Los recursos ingresaban a la UNCAUS por transferencias realizadas a través del Banco Nación y del Banco del Chaco.

Los montos que se manejaban eran millonarios. El “beneficio” en concepto de gastos administrativos para la Universidad se fijó en un diez por ciento de los fondos transferidos anualmente. En 2012 el monto transferido para el funcionamiento del servicio fue de 7 millones de pesos. Unos 700 mil eran exclusivamente para comisiones destinadas a la Universidad. Durante ese año la cotización del dólar era de 4.32 pesos. Hoy es diez veces más.

El ingreso y la salida de la UNCAUS con datos erróneos o falsos

La UNCAUS se encargó de las contrataciones del personal, un plantel apenas por encima de las 30 personas. Con ellos se realizaron contratos de servicios y aunque los firmaba la Universidad  se cancelaban con fondos nacionales. Los contratos comenzaron siendo de seis meses y durante el funcionamiento del convenio llegaron a extenderse a doce meses e iban renovándose año a año.

La Base del NEA  contaba con 6 camiones para las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa e, IMG-20180719-WA0022incluso, provincias del NOA como Salta y Jujuy. Su lugar de permanencia, mientras estaban inactivos,  era la Brigada de Monte III, o sea el viejo regimiento de La Liguria. Otra fuente sostiene que permanecen en el lugar porque Gendarmería secuestró alguno de los camiones por cuestiones técnicas ya dentro de la etapa de coordinación de  Guillermo Rossi.

Los camiones sanitarios permitían brindar servicios de medicina clínica, laboratorios, oftalmológicos, servicio de imágenes, logística y odontológico. Podían funcionar  juntos o prestar servicios parciales, con una o dos unidades en la ciudad de Resistencia, en el interior del Chaco o en las provincias que comprendían la USAM NEA.

Pese a ser un servicio del Ministerio de Salud de la Nación, en convenio con la Universidad del Chaco Austral, todos los gobiernos de la provincia del Chaco lo consideraban propio. Jorge Capitanich, en su informe de gestión en 2014, contabilizó en su mensaje a la Legislatura – marzo de 2015- las atenciones de los camiones sanitarios como si hubieran sido de su gobierno.

Los informes sobre las prestaciones de los camiones también eran difundidos por el gobierno nacional.  Tanto a nivel provincial como nacional los datos eran erróneos o falsos. El CENTRO MANDELA  en febrero de 2015 advirtió que cuando publicitaban    “prestaciones” no se referían  a “pacientes”. Lo que nunca  aclaraba el Gobierno era su evidente propósito de publicitar estadísticas irreales. Un paciente era considerado “una verdadera usina de prestaciones”, siendo común que una simple consulta médica generara diez o más prestaciones. Señalaba el CENTRO MANDELA que “siendo la atención habitual de pésima calidad, sobre todo “humana”  en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, los pobladores acudían a los Camiones Sanitarios tratando  de aprovechar al máximo el día y concurrían a varias consultas, produciéndose -de esta forma- un número muy elevado en la demanda de asistencia sanitaria”.

Los coordinadores

 El primer coordinador local de la USAM NEA fue el Dr. Oscar Holzer. Desde 2008 los camiones estaban a su cargo. Le pagaba la UNCAUS. Los convenios con universidades nacionales del kirchnerismo fueron puestos bajo la lupa cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri. A principios de 2016, el gobierno nacional tomó la decisión de apartar a Oscar Holzer de esa coordinación para el nordeste argentino.

Mientras estuvo en funciones, Holzer fue el responsable de los retiros de los fondos del Programa por un monto aproximado de 13 millones de pesos, sólo en el  período mayo a septiembre del año 2015. Los recursos nacionales, canalizados a través de la UNCAUS, presuntamente se usaron para el pago de diversos proveedores  de distintos rubros, pero no solamente de insumos médicos, sino también a otros gastos  como turismo, teatro, publicidad, marketing o diseño, según todavía analizan en el gobierno nacional.

 La designación del sucesor de Holzer debió ser resuelta por  el gobierno nacional, en todo caso de la UNCAUS, que pese a todo seguía con convenio vigente con el Ministerio de Salud de la Nación. Pero, como en el caso anterior, la nominación del nuevo coordinador fue   responsabilidad de la jerarquía política local en  representación del gobierno nacional, que no fueron los dirigentes del radicalismo, espacio mayoritario de Cambiemos, sino del diputado provincial del PRO, Luis Obeid, quién impuso al nuevo jefe de la USAM NEA, Guillermo Rossi.

La precaria situación de los trabajadores

En febrero de 2016 Alberto Holzer le comunicó al personal contratado de la USAM que había presentado la renuncia como coordinador general. Los trabajadores deambularon de un lado a otro para saber si respetarían los contratos firmados en noviembre y diciembre de 2015, cuando todavía no había asumido el nuevo presidente. Algunos de esos contratos se celebraron   hasta finales de 2016. Sin cobrar los salarios de enero y febrero de 2016, los contratados se encontraron con Holzer que no sólo les comunicó su renuncia, sino que también los orientó sugiriendo que procuren una reunión con el diputado Obeid.

Los trabajadores tomaron contacto, por primera vez, con el legislador provincial del PRO.  “Se comprometió a gestionar una solución y nos pidió tiempo para averiguar cómo estaba la situación y así poder buscar alguna solución de su parte”, dijo uno de los empleados. Todo un poco raro  porque los contratos fueron firmados entre  los trabajadores con la UNCAUS.

Se presentó una nota al secretario administrativo de la Universidad del Chaco Austral, Luis Pugacz, quién  les adelantó que el Ministerio de Salud de la Nación ya no tenía convenio con esa casa de estudios. Según los testimonios de los trabajadores, la UNCAUS fue más allá porque “negaron saber de nuestros contratos del 2014 y 2015”. Todo era muy contradictorio  por el dichoso convenio con el gobierno nacional, que obligaba a la UNCAUS a mantener archivado por cinco años toda la documentación relacionada con el programa de los camiones sanitarios.

Bruno Cipolini, fugaz coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Chaco, también intervino. Apenas pudo confirmar que el Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial iba a continuar.

A mediados de febrero del mismo 2016 el diputado Obeid dio a conocer que su candidato sería Guillermo Rossi. Pero, recién en abril lo presentaron como el nuevo coordinador. Lo que empezaba allí sería peor. Se generaron incertidumbres y precarizaciones para los trabajadores y para el servicio, con recortes salariales del 50%,  y falta de garantía de continuidad del personal. En ese estado de situación la preocupación de las nuevas autoridades del USAM fue mostrar un operativo. Señalaron  “tenemos que sacar un operativo para el paraje Tres Estacas por pedido del viceministro de Salud”.

El diputado Obeid se involucró. Las crónicas de la época detallan ese operativo y registran declaraciones suyas señalando que “la Salud es prioridad absoluta para este gobierno, y nos hacemos eco en lo que nos toca hacer en el Chaco”. Así lo  sostuvo el diputado al portal Data Chaco el 27 de abril de 2016.

El tándem Rossi-Obeid tiene pendiente rendiciones de cuentas 2016/2017. Algo parecido dejó como saldo el irresoluto Holzer en el período 2009/2010. Cuando termine la investigación administrativa probablemente pueda comprobarse  los mayores  alcances del cálculo preliminar del costo de 600 millones de pesos  que se destinaron para financiar la prestación del Programa en el NEA desde 2009 hasta 2017.

 

Aparentar servicio mientras se desmanteló el Programa

La procesión iba por dentro. Fuera de las palabras de campaña, se realizó otro operativo más de los camiones en Goya, Corrientes. La realidad era completamente distinta al programa original. A Tres Estacas y a Goya  fueron destinados camiones sueltos, que según los trabajadores fueron puestos en movimiento “administrativamente incompletos y no aptos para circular”.

Tres EstacasssLas asistencias a través de los camiones sanitarios se realizaron sin verificaciones técnicas, sin seguros de las unidades  ni para el personal. Las irregularidades incluso fueron denunciaadas ante    la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Nunca pasó nada.

En esas condiciones se prestaron servicios en Quitilipi, en los tiempos en que el intendente médico, Carlos Cassalboni, se llevaba bien con Aída Ayala, Ángel Rozas y el propio Obeid. El jefe comunal, que luego se alejó de Cambiemos y del PRO, decía “nosotros, los quitilipenses no podemos quejarnos, pues las continuas actividades en conjunto con Nación comienzan a beneficiar a todos” y recordó los aportes en el Área Social durante los momentos críticos por la Secretaria de Asuntos Municipales Aida Ayala, el senador Ángel Rozas y la misma ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley. Un camión también fue destinado políticamente para marcar presencia en la “Cabalgata de la fe” , en un hecho que llamó mucho la atención.

Una denuncia de ATE, de junio de 2016, advirtió que los vehículos estaban desmantelados  como programa y como unidades. El funcionamiento venía muy mal.  Uno de los camiones estaba equipado para atención clínica, otro para diagnóstico por imágenes (que sería cedido a Corrientes), otro era  policonsultorio, uno odontológico, uno que es laboratorio (sin equipamientos) y uno oftalmológico (sin insumos, sin técnico oftalmoógico, sin oftalmólogo).  También existía un séptimo  camión de clínica, que también fue cedido a Corrientes.

También comenzó a desmantelarse el plantel. Habiéndose transferido unidades a la provincia de Corrientes, se dio de baja a un par de choferes. Otro permaneció con contrato, pero como electricista. Dejaron fuera del servicio a dos médicos, al jefe de logística y una bioquímica. Paralelamente,   aplicaron fuertes recortes salariales.

Los trabajadores apuntaron al coordinador Rossi. Para ese entonces la UNCAUS ya no tenía ninguna clase de trato con ellos. Un último intento de mediación se produjo con el diputado Obeid. Los recibió en la oficina de la Cámara de Diputados. Los empleados no obtuvieron ningún resultado. Dieron que “lo único que hizo fue defender a su ahijado Rossi”.

Desde ese entonces es esporádico el funcionamiento de los camiones sanitarios. Si bien supuestamente dependen de la USAM NEA, con asiento en Resistencia, los móviles cedidos a la provincia de Corrientes están ploteados como si pertenecieran al Ministerio de Salud Pública de esa provincia vecina.

Sólo prestan servicios en las grandes ciudades, ya sea en Corrientes o Resistencia o municipios muy cercanos. Se pudo ver en agosto pasado en el barrio San Pedro Pescador, ploteado como si fuera del Ministerio de Salud de Corrientes, pero con el ministro de Salud del Chaco, Luis Zapico encabezando el operativo.

Pero el colmo ocurrió en enero de este año. Tras las inundaciones en Presidencia Roque Sáenz Peña, producidas por fuertes precipitaciones, la urgencia fue atendida por un camión sanitario perteneciente a Gendarmería Nacional.

En esa misma época en la Región Sanitaria 5 los referentes de la Unidad de Desarrollo Territorial 3 y 4, constataron la situación de familias asiladas y anegadas por la inundación en El Espinillo y comunidades lindantes. Aseguraron atención médica en el Paraje “Olla Quebrada”, entre otros, según informó oficialmente la provincia del Chaco. Los controles se hicieron  a pie. Ningún camión fue derivado a terreno para ese operativo.

 

Retiros

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Anticipan que la semana que viene podría haber imputaciones por la desaparición de 100 toneladas de leche de Salud Pública

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En el marco de la investigación por el robo de 100 toneladas de leche en polvo que estaban en un depósito de Salud Pública, el Procurador General, Jorge Canteros, anticipó que la semana que viene habría personas imputadas por este hecho. De todos modos, mostró sus reparos al hablar de un robo ya que “es prácticamente imposible” debido a la logística que requiere.

“Esta es una causa muy compleja”, consideró Canteros al referirse a la desaparición de 100 toneladas de leche en polvo que estaban ubicadas en un depósito de Salud Pública del Chaco ubicada en ruta 16, kilómetro 23,5 y que están valuados en 40 millones de pesos.

“Y digo que es una causa compleja porque Salud Pública hacía las compras desde que ingresaban a un galpón de la ruta nacional 11, kilómetro 1008. Y cuando la mercadería que llegaba no había lugar para depositarla se derivaba a un depósito de ruta nacional 16 que desde el mes de julio alquilaba Salud Pública con la finalidad de depositar esta leche que venía desde Nación. Y solamente compraba la provincia cuando las partidas eran insuficientes. Esta leche tenía como destino hospitales, centros de salud, comedores escolares y otras instituciones”, añadió.

“Se está analizando quienes tenían las cinco llaves. Hay cuatro personas que dependen de Salud Pública que tenían llaves, quienes estaban con distintas modalidades de contratación, algunos becados, otros contratados. Y hasta tenía la llave un empleado del correo argentino que manejaba el camión que estaba autorizado a retirarlo”, explicó Canteros.

El Procurador puntualizó además que “el galpón de la ruta 16 no reunía las condiciones de seguridad mínima para tener mercadería”. “Y lo que se está investigando es que si alguna vez en ese galpón estuvieron las más de 100 toneladas de leche que supuestamente están faltando. Y cómo se hizo este robo porque es prácticamente imposible sacar 100 mil kilos de leche. Para eso hacen falta tres camiones semirremolque o cuatro camiones con chasis y acoplados para retirar 100 mil kilos de leche”, explico.

“La colecta de pruebas la está haciendo la fiscal Rosana Soto con la colaboración de los peritos contadores del Poder Judicial. Creemos que en el transcurso de la semana que viene va a tener determinada las imputaciones y la causa va a dar un giro porque ya va a empezar a tomar las declaraciones de imputado”, anticipó.

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“Es inaudito y aberrante perder 100 mil kilos de leche”, reconoció el ministro de Salud

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El ministro de Salud Pública del Chaco, Luis Zapico, catalogó de “inaudito y aberrante” la desaparición de 100 mil kilos de leche en polvo que eran propiedad de la cartera sanitaria y que misteriosamente se esfumaron. Dijo que un hecho de este tipo no lo pueden hacer “3 o 4 personas” sino que se requiere una logística importante, con varios camiones con acoplados.

“Inmediatamente de que pasó esto nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía penal y estamos aportando todas las pruebas que nos piden. Y del otro lado tenemos abierto un sumario administrativo. Lo que pasó es muy grande”, reconoció Zapico en declaraciones a radio Facundo Quiroga.

El ministro remarcó que “la leche en este momento es lo más importante que podemos darle nosotros al sistema de salud. Y sabemos que todo procedimiento de esa cuantía tarda para poder volver a comprarla, además que al Estado esto le cuesta mucho dinero”.

Para Zapico, este robo de mercadería estatal no pudo haber sido pergeñada por pocas personas. “Es imposible que vengan 3 o 4 personas a robarse 100 mil kilos de leche. Para hacer esto hay que tener entre 5 y 6 camiones con acoplado para llevársela o nunca ingresarla”, afirmó.

“Queremos que esto no nos vuelva a pasar de vuelta porque esto es imposible sostener. Es inaudito perder 100 mil kilos de leche. Uno puede estar enfrentando problemas de ambulancia, de personal o administrativo pero que le roben al propio ministerio 100 mil kilos de leche es aberrante”, indicó.

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Jueza Niremperger: “Fátima Rigassio seguirá detenida, Aida Ayala voy a reiterar su pedido de desafuero”

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La Jueza Federal de Resistencia, en diálogo con CIUDAD TV y RADIO CIUDAD, confirmó que luego del fallo de la Cámara de Apelaciones, hizo efectiva la detención del presidente de Pimp S.A., en tanto que Fátima Rigassio continuará con prisión domiciliaria. Dijo que este lunes no atendió a Aída Ayala porque “no pidió ser recibida”, y que reiterará su pedido de desafuero al Congreso Nacional.

Luego de conocerse el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó el procesamiento con prisión preventiva de varios involucrados en la causa Lavado II, la Jueza Federal de Resistencia ordenó la detención de Rolando Acuña, presidente de Pimp S.A., e igual medida en torno a Fátima Rigassio, presunta dueña de la empresa.

La magistrada confirmó que “teniendo en cuenta la decisión de la Cámara Federal, ordenamos la detención de aquellos que habían quedado en libertad”, ya que “confirmaron el procesamiento con prisión preventiva”.

En tal sentido, confirmó que, en la tarde de este lunes, “Acuña ya está detenido”; agregando que “Fátima Rigassio seguirá con la modalidad en que estaba su detención, un poco morigerada, para que pueda cumplir con su función de madre”.

Consultada sobre la actividad que en la mañana de hoy lunes desarrolló la ex intendenta y actual diputada nacional frente a la sede judicial, donde anunció que haría saber su decisión de pedir su propio desafuero, Niremperger aseguró que “no la ví. Ayala no pidió ser recibida”.

La jueza Federal también confirmó que recibió el nuevo requerimiento contra Ayala, por denuncia del Fiscal Sabadini. “Sí, entró en el día de la fecha, pero todavía no lo ví”; aunque reconoció que se origina “en la denuncia que hace el intendente de Quitilipi” (Carlos Casalboni), y que tiene que ver con “la actuación de Ayala como secretaria de Asuntos Municipales y el manejo de fondos”.

Por último, la doctora Zunilda Niremperger se refirió al quite de los fueros parlamentarios que tiene Aída Ayala, recordando que “ya se pidió oportunamente el desafuero. Como tiene que ver con distintas interpretaciones, vamos a reiterar el pedido en los próximos días”, finalizó.

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