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USAM CHACO: 600 MILLONES pasaron por camiones Sanitarios y UNCAUS

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Asumido el gobierno de Mauricio Macri, una de las políticas a las que se dio continuidad fue el Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial – Unidades Sanitarias Móviles (USAM), que en su tarea en terreno mostraba los comúnmente llamados  camiones sanitarios totalmente ploteados. Una de las bases regionales de esas unidades está en Chaco y en franco desmantelamiento a pesar de que fueron de cierta utilidad Camion Sanitario Corrientestomándose en cuenta la crisis de la red sanitaria pública. Se sabe que a fines del año pasado  se pidió el cierre de la base NEA del Programa.

El desmantelamiento afecta no sólo al plantel de trabajadores, sino también a las unidades  que originalmente eran 7, de las cuales por lo menos 2 fueron cedidas  a la provincia de Corrientes. Oficialmente el Programa Nacional todavía existe y tiene una página web oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Salud Pública, como ahora se llama tras el achicamiento del gabinete de Macri. Figura que “fue creado a partir de la concepción de la Salud como un Derecho Universal que debe ser garantizado a toda la población de nuestro país”.

 En la provincia del Chaco la asistencia sanitaria a través de los camiones no fue más allá del Área Metropolitana. Un operativo realizado en la zona de  Espinillo, a propósito de la emergencia hídrica de principios de año, se llevó adelante  sin utilizar  ninguno de los camiones sanitarios del programa nacional. Sin embargo, el convenio entre la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias con la Universidad Nacional del Chaco Austral dejaba perfectamente establecido que las asistencia sanitarias debían realizarse “en localidades y parajes recónditos de la región nordeste del territorio argentino, garantizando  el acceso y la atención primaria en salud a las personas en situación de alta vulnerabilidad social”.

Se puede perder la Base Chaco

Sería un hecho grave que se pierda la Base Chaco porque aceleradamente empeora la situación social y sanitaria. Los indicadores comienzan a inclinarse hacia los registros del año 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar ordenando al gobierno nacional y al del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitaban en ciertas regiones de  los departamentos General Güemes y Libertador General San Martín, como así también medios de transporte y comunicación adecuados a cada uno de los puestos sanitarios.

Prácticas oscuras en la administración de  fondos públicos millonarios

 

Justamente una de las respuestas del gobierno nacional a la  orden judicial del máximo tribunal argentino fueron los camiones sanitarios que comenzaron a recorrer la zona. Sin embargo, ya en aquella época la política partidaria tiñó el servicio con las peores prácticas.  En esa línea se celebró un convenio entre la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias con la Universidad Nacional del Chaco Austral, que destinó para atenderlo a su secretario Administrativo, el ingeniero Luis Sebastián Pugacz.

Se movieron  fondos nacionales millonarios para financiar el Programa. Entre 2009 y 2017, durante la mayor parte en convenio con la UNCAUS, se destinaron aproximadamente 600 millones de pesos,  cifras no oficiales  ni definitivas. Según voceros del gobierno nacional, falta que rindan   cuentas de los fondos transferidos durante los años 2009/2010 y 2016/2017. Los recursos ingresaban a la UNCAUS por transferencias realizadas a través del Banco Nación y del Banco del Chaco.

Los montos que se manejaban eran millonarios. El “beneficio” en concepto de gastos administrativos para la Universidad se fijó en un diez por ciento de los fondos transferidos anualmente. En 2012 el monto transferido para el funcionamiento del servicio fue de 7 millones de pesos. Unos 700 mil eran exclusivamente para comisiones destinadas a la Universidad. Durante ese año la cotización del dólar era de 4.32 pesos. Hoy es diez veces más.

El ingreso y la salida de la UNCAUS con datos erróneos o falsos

La UNCAUS se encargó de las contrataciones del personal, un plantel apenas por encima de las 30 personas. Con ellos se realizaron contratos de servicios y aunque los firmaba la Universidad  se cancelaban con fondos nacionales. Los contratos comenzaron siendo de seis meses y durante el funcionamiento del convenio llegaron a extenderse a doce meses e iban renovándose año a año.

La Base del NEA  contaba con 6 camiones para las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa e, IMG-20180719-WA0022incluso, provincias del NOA como Salta y Jujuy. Su lugar de permanencia, mientras estaban inactivos,  era la Brigada de Monte III, o sea el viejo regimiento de La Liguria. Otra fuente sostiene que permanecen en el lugar porque Gendarmería secuestró alguno de los camiones por cuestiones técnicas ya dentro de la etapa de coordinación de  Guillermo Rossi.

Los camiones sanitarios permitían brindar servicios de medicina clínica, laboratorios, oftalmológicos, servicio de imágenes, logística y odontológico. Podían funcionar  juntos o prestar servicios parciales, con una o dos unidades en la ciudad de Resistencia, en el interior del Chaco o en las provincias que comprendían la USAM NEA.

Pese a ser un servicio del Ministerio de Salud de la Nación, en convenio con la Universidad del Chaco Austral, todos los gobiernos de la provincia del Chaco lo consideraban propio. Jorge Capitanich, en su informe de gestión en 2014, contabilizó en su mensaje a la Legislatura – marzo de 2015- las atenciones de los camiones sanitarios como si hubieran sido de su gobierno.

Los informes sobre las prestaciones de los camiones también eran difundidos por el gobierno nacional.  Tanto a nivel provincial como nacional los datos eran erróneos o falsos. El CENTRO MANDELA  en febrero de 2015 advirtió que cuando publicitaban    “prestaciones” no se referían  a “pacientes”. Lo que nunca  aclaraba el Gobierno era su evidente propósito de publicitar estadísticas irreales. Un paciente era considerado “una verdadera usina de prestaciones”, siendo común que una simple consulta médica generara diez o más prestaciones. Señalaba el CENTRO MANDELA que “siendo la atención habitual de pésima calidad, sobre todo “humana”  en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos, los pobladores acudían a los Camiones Sanitarios tratando  de aprovechar al máximo el día y concurrían a varias consultas, produciéndose -de esta forma- un número muy elevado en la demanda de asistencia sanitaria”.

Los coordinadores

 El primer coordinador local de la USAM NEA fue el Dr. Oscar Holzer. Desde 2008 los camiones estaban a su cargo. Le pagaba la UNCAUS. Los convenios con universidades nacionales del kirchnerismo fueron puestos bajo la lupa cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri. A principios de 2016, el gobierno nacional tomó la decisión de apartar a Oscar Holzer de esa coordinación para el nordeste argentino.

Mientras estuvo en funciones, Holzer fue el responsable de los retiros de los fondos del Programa por un monto aproximado de 13 millones de pesos, sólo en el  período mayo a septiembre del año 2015. Los recursos nacionales, canalizados a través de la UNCAUS, presuntamente se usaron para el pago de diversos proveedores  de distintos rubros, pero no solamente de insumos médicos, sino también a otros gastos  como turismo, teatro, publicidad, marketing o diseño, según todavía analizan en el gobierno nacional.

 La designación del sucesor de Holzer debió ser resuelta por  el gobierno nacional, en todo caso de la UNCAUS, que pese a todo seguía con convenio vigente con el Ministerio de Salud de la Nación. Pero, como en el caso anterior, la nominación del nuevo coordinador fue   responsabilidad de la jerarquía política local en  representación del gobierno nacional, que no fueron los dirigentes del radicalismo, espacio mayoritario de Cambiemos, sino del diputado provincial del PRO, Luis Obeid, quién impuso al nuevo jefe de la USAM NEA, Guillermo Rossi.

La precaria situación de los trabajadores

En febrero de 2016 Alberto Holzer le comunicó al personal contratado de la USAM que había presentado la renuncia como coordinador general. Los trabajadores deambularon de un lado a otro para saber si respetarían los contratos firmados en noviembre y diciembre de 2015, cuando todavía no había asumido el nuevo presidente. Algunos de esos contratos se celebraron   hasta finales de 2016. Sin cobrar los salarios de enero y febrero de 2016, los contratados se encontraron con Holzer que no sólo les comunicó su renuncia, sino que también los orientó sugiriendo que procuren una reunión con el diputado Obeid.

Los trabajadores tomaron contacto, por primera vez, con el legislador provincial del PRO.  “Se comprometió a gestionar una solución y nos pidió tiempo para averiguar cómo estaba la situación y así poder buscar alguna solución de su parte”, dijo uno de los empleados. Todo un poco raro  porque los contratos fueron firmados entre  los trabajadores con la UNCAUS.

Se presentó una nota al secretario administrativo de la Universidad del Chaco Austral, Luis Pugacz, quién  les adelantó que el Ministerio de Salud de la Nación ya no tenía convenio con esa casa de estudios. Según los testimonios de los trabajadores, la UNCAUS fue más allá porque “negaron saber de nuestros contratos del 2014 y 2015”. Todo era muy contradictorio  por el dichoso convenio con el gobierno nacional, que obligaba a la UNCAUS a mantener archivado por cinco años toda la documentación relacionada con el programa de los camiones sanitarios.

Bruno Cipolini, fugaz coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el Chaco, también intervino. Apenas pudo confirmar que el Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial iba a continuar.

A mediados de febrero del mismo 2016 el diputado Obeid dio a conocer que su candidato sería Guillermo Rossi. Pero, recién en abril lo presentaron como el nuevo coordinador. Lo que empezaba allí sería peor. Se generaron incertidumbres y precarizaciones para los trabajadores y para el servicio, con recortes salariales del 50%,  y falta de garantía de continuidad del personal. En ese estado de situación la preocupación de las nuevas autoridades del USAM fue mostrar un operativo. Señalaron  “tenemos que sacar un operativo para el paraje Tres Estacas por pedido del viceministro de Salud”.

El diputado Obeid se involucró. Las crónicas de la época detallan ese operativo y registran declaraciones suyas señalando que “la Salud es prioridad absoluta para este gobierno, y nos hacemos eco en lo que nos toca hacer en el Chaco”. Así lo  sostuvo el diputado al portal Data Chaco el 27 de abril de 2016.

El tándem Rossi-Obeid tiene pendiente rendiciones de cuentas 2016/2017. Algo parecido dejó como saldo el irresoluto Holzer en el período 2009/2010. Cuando termine la investigación administrativa probablemente pueda comprobarse  los mayores  alcances del cálculo preliminar del costo de 600 millones de pesos  que se destinaron para financiar la prestación del Programa en el NEA desde 2009 hasta 2017.

 

Aparentar servicio mientras se desmanteló el Programa

La procesión iba por dentro. Fuera de las palabras de campaña, se realizó otro operativo más de los camiones en Goya, Corrientes. La realidad era completamente distinta al programa original. A Tres Estacas y a Goya  fueron destinados camiones sueltos, que según los trabajadores fueron puestos en movimiento “administrativamente incompletos y no aptos para circular”.

Tres EstacasssLas asistencias a través de los camiones sanitarios se realizaron sin verificaciones técnicas, sin seguros de las unidades  ni para el personal. Las irregularidades incluso fueron denunciaadas ante    la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Nunca pasó nada.

En esas condiciones se prestaron servicios en Quitilipi, en los tiempos en que el intendente médico, Carlos Cassalboni, se llevaba bien con Aída Ayala, Ángel Rozas y el propio Obeid. El jefe comunal, que luego se alejó de Cambiemos y del PRO, decía “nosotros, los quitilipenses no podemos quejarnos, pues las continuas actividades en conjunto con Nación comienzan a beneficiar a todos” y recordó los aportes en el Área Social durante los momentos críticos por la Secretaria de Asuntos Municipales Aida Ayala, el senador Ángel Rozas y la misma ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley. Un camión también fue destinado políticamente para marcar presencia en la “Cabalgata de la fe” , en un hecho que llamó mucho la atención.

Una denuncia de ATE, de junio de 2016, advirtió que los vehículos estaban desmantelados  como programa y como unidades. El funcionamiento venía muy mal.  Uno de los camiones estaba equipado para atención clínica, otro para diagnóstico por imágenes (que sería cedido a Corrientes), otro era  policonsultorio, uno odontológico, uno que es laboratorio (sin equipamientos) y uno oftalmológico (sin insumos, sin técnico oftalmoógico, sin oftalmólogo).  También existía un séptimo  camión de clínica, que también fue cedido a Corrientes.

También comenzó a desmantelarse el plantel. Habiéndose transferido unidades a la provincia de Corrientes, se dio de baja a un par de choferes. Otro permaneció con contrato, pero como electricista. Dejaron fuera del servicio a dos médicos, al jefe de logística y una bioquímica. Paralelamente,   aplicaron fuertes recortes salariales.

Los trabajadores apuntaron al coordinador Rossi. Para ese entonces la UNCAUS ya no tenía ninguna clase de trato con ellos. Un último intento de mediación se produjo con el diputado Obeid. Los recibió en la oficina de la Cámara de Diputados. Los empleados no obtuvieron ningún resultado. Dieron que “lo único que hizo fue defender a su ahijado Rossi”.

Desde ese entonces es esporádico el funcionamiento de los camiones sanitarios. Si bien supuestamente dependen de la USAM NEA, con asiento en Resistencia, los móviles cedidos a la provincia de Corrientes están ploteados como si pertenecieran al Ministerio de Salud Pública de esa provincia vecina.

Sólo prestan servicios en las grandes ciudades, ya sea en Corrientes o Resistencia o municipios muy cercanos. Se pudo ver en agosto pasado en el barrio San Pedro Pescador, ploteado como si fuera del Ministerio de Salud de Corrientes, pero con el ministro de Salud del Chaco, Luis Zapico encabezando el operativo.

Pero el colmo ocurrió en enero de este año. Tras las inundaciones en Presidencia Roque Sáenz Peña, producidas por fuertes precipitaciones, la urgencia fue atendida por un camión sanitario perteneciente a Gendarmería Nacional.

En esa misma época en la Región Sanitaria 5 los referentes de la Unidad de Desarrollo Territorial 3 y 4, constataron la situación de familias asiladas y anegadas por la inundación en El Espinillo y comunidades lindantes. Aseguraron atención médica en el Paraje “Olla Quebrada”, entre otros, según informó oficialmente la provincia del Chaco. Los controles se hicieron  a pie. Ningún camión fue derivado a terreno para ese operativo.

 

Retiros

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Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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