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Uno de los países más pobres del mundo se enfrenta a un atroz genocidio

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Cox’s Bazar, Bangladesh – Pueden estar fuera de peligro, por ahora, pero su sufrimiento continúa. En los últimos dos meses, más de 600,000 refugiados han cruzado la frontera desde Myanmar, también conocida como Birmania, para buscar refugio en Bangladesh. Desde el genocidio de Ruanda no se ha desencadenado una crisis humanitaria de tal escala y tan rápido. Si uno cuenta los cientos de miles que ya tenían su base aquí, expulsados por oleadas de violencia anteriores en el estado de Rakhine, ahora hay más de un millón de refugiados en Bangladesh.

Al principio, los recién llegados fueron bienvenidos. En todo Bangladesh hay una gran simpatía por la minoría perseguida que ha sido expulsada de sus hogares por una horrenda campaña de tortura, violación, homicidio, incendio premeditado y otras violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Bangladesh, que durante mucho tiempo había sido ambivalente con los Rohingya, los acogió. En una visita a los campamentos, hace unas semanas, el primer ministro Sheikh Hasina declaró que si Bangladesh pudiera alimentar a 160 millones de personas, podría alimentar a cientos de miles de refugiados rohingyas.

Ahora, el estado de ánimo lentamente está dando paso a la ansiedad. Los bangladesíes son muy conscientes de que la crisis humanitaria ha ha hecho que su prestigio pueda quedar en entre dicho en el exterior, pero hay preocupaciones sobre cómo se las arreglará este país pobre y densamente poblado. Con la vista puesta en las elecciones del próximo año, que están oscurecidas por los temores sobre cómo la derecha religiosa podría explotar la crisis, los ministros se quejan de la carga insoportable que están obligados a cargar. No hay señales de que los refugiados puedan regresar a sus hogares a corto plazo y no existe un plan para satisfacer sus necesidades a largo plazo.

Los generales de Myanmar han ejecutado con éxito un plan para deshacerse, de una vez por todas, de los rohingya. Privados de su ciudadanía, se les niega el reconocimiento como grupo étnico, los rohingya han estado sujetos durante mucho a tiempo a un sistema arraigado de discriminación. Los desgarradores testimonios de los últimos dos meses tienen una consistencia escalofriante con los informes de finales de la década de los setenta, cuando 200,000 rohingya también fueron expulsados de sus aldeas en medio de un frenesí de violencia.

En aquel entonces, muchos bangladesíes consideraban fácil simpatizar con la difícil situación de los rohingya. Los recuerdos de 1971 -cuando el ejército de Pakistán llevó a cabo violaciones a los derechos humanos a gran escala y condujo a millones de refugiados a la India- todavía estaban frescos. Pero eso no impidió que el gobierno intentara forzarlos a regresar. “No vamos a hacer que los refugiados se sientan tan cómodos como para no volver a Birmania”, dijo un ministro en ese momento. En el espacio de seis meses, 10,000 refugiados murieron de hambre en los campamentos.

El deseo de ver a los refugiados regresar a Myanmar parece dominar el pensamiento del actual gobierno bangladesí. Se ha negado a otorgar el estatus de refugiado a los rohingya, dejándolos en un limbo legal a los dos lados de la frontera. Esa decisión puede parecer trivial, pero tiene un significado fatal, ya que impide a las agencias internacionales de ayuda humanitaria movilizar el tipo de apoyo necesario. También en contra de los deseos de la comunidad humanitaria, el gobierno está construyendo lo que puede convertirse en el campo de refugiados más grande del mundo.

El campo de refugiados de Kutupalong, asignado a los refugiados rohingya que huyeron de allí, a principios de la década de los noventa, ahora se ha extendido en todas direcciones. Diseminado a lo largo de más de 1200 hectáreas previamente boscosas, se convertirá en el hogar de más de un millón de personas. Se están elaborando planes para convencer a los refugiados recién llegados que abandonen las viviendas improvisadas y caminen por las colinas en las que se les ha asignado un refugio. No hay acceso directo por carretera; los suministros deben ser entregados a pie.

El clima es opresivo. El calor abrasador solo se ve interrumpido por la lluvia del monzón o las fuertes ráfagas de viento. La próxima temporada ciclónica llena de terror a la comunidad humanitaria, al igual que otros peligros inminentes. Un incendio en una tienda de campaña o la propagación de una enfermedad, barrerá el campamento con una furia que será difícil de controlar. Médicos sin Fronteras describió las condiciones de salud en el campamento como “una bomba de tiempo”. El gobierno todavía está jugando con la idea imprudente de trasladar a los refugiados a la costa, a un par de islas deshabitadas e inhabitables que apenas han aparecido. Mientras tanto, las bandas criminales, los traficantes de personas, los grupos armados y otros que sienten la oportunidad en la miseria son una amenaza constante.

Todos los refugiados con los que hablé dijeron que querían irse a casa, pero no antes de que volviera “shanti”, o la paz. No será suficiente para que la violencia se detenga. El sistema cruel y arraigado de discriminación y segregación que los hizo tan vulnerables en primer lugar debe ser desmantelado. Los Rohingya no pueden dejar de vivir con el temor de una nueva ola de violencia que los llevará a cruzar la frontera una vez más, condenados a su trágico destino de ser consideradas personas perpetuamente indeseadas.

Para que eso suceda, los militares de Myanmar deben rendir cuentas y deben ayudar al gobierno de Bangladesh a soportar esta carga. Pero, a menos que haya una respuesta global determinada a largo plazo, esta situación podría empeorar aún más. La difícil situación de los rohingya es una prueba, en un momento en el que se exige a la comunidad internacional que las palabras “nunca más” tengan algún significado.
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Cámara de Biocombustibles cuestionó sanciones de EE.UU. por dumping

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El director de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Victor Castro, manifestó hoy que la nueva sanción definitiva impuesta al biodiésel argentino por parte de Estados Unidos por supuesto dumping “es una medida proteccionista” y un “dislate”.

“Ya habían hecho una por supuestos subsidios y nos habían impuesto más del 70% de arancel y ahora se agregó esta parte que hace un arancel de casi el 150%, lo cual es un verdadero dislate. Esto muestra que es una medida totalmente proteccionista”, indicó Castro en diálogo con radio Continental al hacer referencia a la nueva sanción impuesta por EE.UU. que lleva el arancel para la importación del biodiésel argentino hasta un 86%.

Respecto a la investigación llevada a cabo por organismos estadounidenses en base a una denuncia por dumping y subsidios a la producción de biodiésel argentino por parte de la cámara que núclea a las empresas del país norteamericano, Castro recordó que “todas las empresas argentina fueron muestreadas y colaboraron con la investigación aportando toda la información”.

“Como pasó con la Unión Europea (UE) no se tuvieron en cuenta los verdaderos costos con los que trabaja la empresa, armaron ellos una estructura de costos que no se condice con la realidad y menos con lo que son los acuerdos multilaterales de comercio establecidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuestión que hace a esta medida fuera de lugar, además de arbitraria”, concluyó.

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China intensifica la compra de campos y Argentina es una de las preferidas

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La numerosa población, la escasez de tierras arables y el cambio de dieta suscitado por el desarrollo económico empujan a China a intensificar la compra de tierras agrícolas en el extranjero.

China concentra una quinta parte de la población mundial pero solamente el 10% de las tierras arables disponibles en el mundo. La contaminación endémica, el exceso de fertilizantes químicos, la urbanización y el cambio climático tienden a disminuir la superficie agrícola y su productividad.

El desarrollo del poder adquisitivo estimula por otra parte el consumo de carne, un cambio de dieta que obliga a aumentar las importaciones de soja y de maíz para alimentar el ganado.

Al mismo tiempo, los escándalos sanitarios que afectaron recientemente la industria alimentaria china (arroz contaminado con cadmio, leche con melamina…) reforzaron el interés por los alimentos importados.

Todo eso llevó a un espectacular aumento de las inversiones agrícolas de China en el extranjero, que desde 2010 totalizan 94.000 millones de dólares, según los organismos estadounidenses Heritage Foundation y American Enterprise Institute.

China pone el punto de mira a varios países del sudeste asiático, África y América Latina, según Land Matrix, una base de datos independiente de un grupo de investigadores. Argentina, Chile, Brasil, Mozambique, Nigeria, Zimbabue, Camboya y Laos entre otros países, registran la llegada de inversiones chinas, ya sean estatales o privadas, en campos de cereales, de soja, cultivos de frutas o haciendas de ganado.

Desde 2012, investigadores recopilaron proyectos chinos por un total de nueve millones de hectáreas en países en desarrollo.

El grupo inmobiliario Shanghai CRED, asociado con un grupo minero, compró en 2016 en Australia el rancho más grande del mundo, S. Kidman & Co, dueño de 185.000 cabezas de ganado y del 2,5% de las tierras agrícolas del país.

En 2012, el grupo chino Shandong Ruyi había comprado la plantación de algodón más grande de Australia. Por su parte, los gigantes agroalimentarios Bright Food, Yili y Pengxin compraron decenas de fábricas de leche en Nueva Zelanda, provocando malestar entre los agricultores locales.

En Estados Unidos, el chino Shuanghui compró el fabricante de salchichas Smithfield Foods, un paso para poder acceder a las tierras ganaderas estadounidenses.

En Francia los multimillonarios chinos multiplican las compras de viñedos y hace poco las autoridades descubrieron que inversores chinos habían adquirido 1.700 hectáreas de tierras cerealistas en el centro del país a través de un montaje jurídico que permitió evitar el control de la administración.

El conglomerado chino Reward Group confirmó en febrero a la AFP que había comprado “alrededor de 3.000 hectáreas” de tierras en Francia para cultivar trigo biológico. Ese mismo conglomerado va a instalar una cadena de panaderías en Francia.

Esa intensificación de las inversiones chinas en la agricultura francesa, que tiene lugar en un momento de descontento de los agricultores, suscitó una reacción del presidente francés que este jueves anunció una nueva reglamentación sobre las compras de tierras agrícolas por extranjeros.

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Fitch rebajó la nota de Brasil tras fracasar la reforma previsional

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Fitch Ratings rebajó el viernes aún más la calificación crediticia de Brasil dentro del territorio especulativo, diciendo que el fracaso en someter a votación una reforma del sistema de seguridad social socava las finanzas públicas.

La rebaja a “BB-” desde “BB”, con panorama estable, iguala la decisión de la agencia rival S&P en enero.

El Gobierno brasileño abandonó su intento de una enmienda constitucional para reformar el sistema de seguridad social, considerado vital para apuntalar las finanzas del país, después de decidir una intervención militar en Río de Janeiro en respuesta a la violencia en ese estado.

Las enmiendas constitucionales no pueden votarse durante dicho tipo de intervención, por lo que la votación sobre el sistema de pensiones podría tener lugar recién después de las elecciones presidenciales de octubre.

La decisión de Fitch no es sorpresiva y aún se esperan más rebajas en la nota soberana si no existen avances en la reforma previsional, dijo Edward Glossop, economista para América Latina de Capital Economics en Londres.

“Las autoridades de Gobierno esencialmente han admitido que la reforma a las pensiones se ahogó”, afirmó Glossop.

“Obviamente recae sobre el próximo gobierno la tarea de reformar el sistema y mejorar la posición fiscal”, agregó.

“Cualquier rebaja en la confianza es mala”, dijo a Reuters Eliseu Padilha, jefe de gabinete del gobierno del presidente Michel Temer.

“Sin embargo, en este caso, llega en contradicción con el Bovespa superando los 86.000 puntos. Esto es una indicación de gran confianza”, agregó.

El Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que el Gobierno se mantiene comprometido con su agenda de reformas macro y microeconómicas, aunque no mencionó la reforma previsional.

Brasil perdió su nota de grado de inversión en 2015 en momentos en que el país se encaminaba a una recesión de dos años, con el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff sin poder controlar el creciente déficit presupuestario.

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