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Odebrecht: el juez Sebastián Casanello procesó a empresarios y citó a indagatoria a Julio De Vido

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El caso de corrupción de la empresa brasileña repercutió en toda América Latina
El caso de corrupción de la empresa brasileña repercutió en toda América Latina

El juez federal Sebastián Casanello dictó los procesamientos de la mayoría de los 29 imputados a los que les tomó declaración indagatoria en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua para AySA por parte de la constructora brasileña Odebrecht asociada con empresas argentinas.
Entre los procesados está el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y Aldo Benito Roggio. Además, Casanello citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido, imputado por cohecho, a los ex funcionarios de esa cartera Roberto Baratta y José López por liberar los fondos del Tesoro para la obra, y a Jorge “Corcho” Rodríguez imputado de ser la persona interpuesta entre los ex miembros del Gobierno y Odebrecht.

Julio De Vido y Roberto Baratta

Julio De Vido y Roberto Baratta

La maniobra investigada es por la adjudicación de dos obras para la construcción de plantas potabilizadoras. En la primera, Paraná de las Palmas, fue beneficiada una Unión Transitoria de Empresas integrada por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellones Construcciones y Supercemento.

En ese caso la adjudicación fue por un 25% más del valor inicial de la licitación que se había estimado en 1.838 millones de pesos que pasó a 2.200 millones, pero con los continuos retrasos el costo terminó aumentando un 70 por ciento.
La segunda obra, consistente en una planta de tratamiento de efluentes cloacales en Berazategui, fue adjudicada a otra UTE, formada por Camargo Correa, una empresa brasileña involucrada en el Lava Jato, y Esuco, propiedad de Carlos Wagner.

Odebrecht habría pagado 59 millones de dólares en sobornos en la Argentina, una cifra superior a los 35 millones que admitió haber entregado la compañía ante la Justicia de los Estados Unidos.

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Entregaron 80 viviendas en Sáenz Peña: “A pesar de la crisis seguimos invirtiendo para los chaqueños”, dijo Peppo

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El gobernador Domingo Peppo entregó en Presidencia Roque Sáenz Peña, 80 viviendas para la Asociación del Personal de Organismos de Control del Chaco (Apoch) que demandaron una inversión superior a los 70 millones de pesos.

“A pesar de la crisis que atraviesa el país, estamos haciendo el máximo esfuerzo para atender la demanda habitacional de la provincia con diversas fuentes de financiamiento y operatorias”, subrayó.

Las unidades, que corresponden al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, fueron ejecutadas con financiamiento compartido entre la Provincia (11,5 millones de pesos) y Nación (59,5 millones de pesos). El gobernador recordó que el programa que lleva adelante la construcción de viviendas para entidades sindicales fue rubricado durante su gestión al frente del Instituto de Viviendas. “Este programa nos permitió entregar muchas viviendas a lo largo de toda la geografía provincial; es una gran satisfacción”, dijo.

Asimismo, existen diversas operatorias para la ejecución de unidades habitacionales a través de Procrear, Banco Nación, Fondo Fiduciario y la Secretaría de Viviendas de Nación, además del financiamiento provincial. Peppo hizo hincapié en el valor de la vivienda y pidió a sus beneficiarios cumplir en tiempo y forma con el pago de las cuotas estipuladas, a los fines de reinvertir dichos fondos en la construcción de nuevas casas.

En ese sentido advirtió que el Ipduv llevará adelante un control exhaustivo para evitar que las viviendas sean vendidas. “Estas casas no son para hacer negocios, vamos a intervenir en los casos que sean necesarios”, dijo. Participaron del acto el director nacional de Viviendas Sociales de Nación, Ramiro Masjuan; la secretaria de Empleo, Liliana Spoljaric; el intendente Gerardo Cipolini y el secretario general de Apoch, Julio García.

“Para unir a los argentinos”

El director nacional de Viviendas Sociales destacó la entrega de estas nuevas unidades que forman parte de un programa nacional de viviendas. “Hoy es un día de fiesta para ustedes y para nosotros porque cumplen el sueño de la casa propia”, subrayó. Asimismo, indicó que tales entregas responden al pedido del presidente Mauricio Macri de llevarles soluciones a los argentinos y reducir así el déficit habitacional y la pobreza.

El gobierno nacional promueve distintas herramientas para que distintos sectores sociales puedan acceder a una casa. “La novedad ahora es que vamos a empezar a promover viviendas más sustentables y para ello hemos modificado los estándares mínimos para el financiamiento de planes habitacionales; las casas consumirán menos energía y estos implicará un ahorro significativo para las familias”, informó.

El intendente de Sáenz Peña, Gerardo Cipollini agradeció el apoyo del gobernador y dijo que la obra marcará un antes y un después en la vida de todos los beneficiarios. “Pudimos convertir un sueño en realidad para 80 vecinos que van a iniciar una nueva vida”, subrayó.

En tanto que el secretario general de Apoch, Julio García realizó un especial agradecimiento al gobernador recordando que fue él mismo quien siendo presidente del Instituto de Viviendas hizo posible el inicio de esta operatoria. “No nos olvidamos que gracias a su aporte se dio inicio a esto, lo cual se realizó con financiamiento de Nación a través de la provincia”, explicó.

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Apartan a la jueza Niremperger para resolver un habeas corpus del director de PIMP

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Según aseguró la camarista María Delfina Denogens, quién firmó la resolución, es para “salvaguardar el ejercicio pleno de las garantías básicas” aunque aclaró que “no pone en tela de juicio la imparcialidad” de la jueza federal que lleva adelante la causa Lavado II. Intervendrá el juez Aldo Alurralde.

En una resolución unipersonal, la camarista María Delfina Denogens decidió apartar a la jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, de una causa en la que se debe resolver sobre una acción de habeas corpus impulsada por los abogados del director de la empresa PIMP SA, Rolando Javier Acuña, que pretende revertir el dictado de prisión preventiva dispuesto por la magistrada que investiga la causa conocida como Lavado II, en la que se encuentra imputado como “partícipe necesario” del delito de lavado de activos.

La decisión, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada este viernes 19 de octubre por Denogens. Cabe recordar, que Acuña ya había sido beneficiado con la eximición de prisión por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia lo que motivó una fuerte polémica que terminó con el apartamiento del camarista José Luis Aguilar por su amistad con uno de los abogados de Acuña. Al ser apelada esa decisión, la Cámara Federal de Casación Penal la anuló y confirmó el pedido de prisión preventiva que luego debió ser ratificado por la propia Cámara Federal de Resistencia.

La defensa de Acuña consideró que al ser Niremperger quién dictó la prisión preventiva no sería “imparcial” para resolver la acción de habeas corpus que cuestionaba esa decisión. Por su parte, la jueza había rechazado la recusación señalando que la causal invocada por el abogado de Acuña no se encuentra entre las pasibles de apartamiento y, además, aseguró que “no existe parcialidad en su accionar”.

“Considero aconsejable, en este caso excepcional y a los efectos de la plena garantía constitucional del debido proceso e imparcialidad, el apartamiento de la Juzgadora”, señala la resolución de Denogens. No obstante, remarca que la decisión “en modo alguno pone
en tela de juicio la imparcialidad de misma, sino –justamente- en aras de salvaguardar el
ejercicio pleno de las garantías básicas, así como también la postura de la Juzgadora de cara a futuras eventualidades en el proceso principal”.

Por todo ello, considera que “debe primar la garantía constitucional del imputado” y designó en su lugar al subrogante Aldo Alurralde para resolver la acción de habeas corpus.

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La Diputada Carmen Delgado Britto impulsa la gratuidad del servicio eléctrico para personas electrodependientes en la provincia del Chaco

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La Diputada Provincial Carmen Delgado Britto, impulsa modificaciones a la Ley Nro. 2402-G (Antes Ley 7715) con el objeto de garantizar a los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia del Chaco, denominados y categorizados como “electrodependientes por cuestiones de salud” el reconocimiento total de la facturación del servicio de energía eléctrica y la eximición de su pago.

En la iniciativa presentada por la Legisladora que preside el Bloque UCR-NEA se indica que los beneficiarios “son aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”.

El proyecto, que lleva el número 5455/18, establece además que “Quedan eximidos los electrodependientes por razones de salud, como conviviente o como titular del servicio de suministro de energía eléctrica, del pago del suministro. Deberá evitarse por SECHEEP cualquier conducta que implique privar o interrumpir sus servicios, susceptible de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas electrodependientes, quedando íntegramente reconocida cualquier facturación, en coherencia con los postulados de la Ley Nacional n° 27.351”.

La Diputada Delgado Britto que integra el Interbloque Cambiemos, fundamenta su propuesta en armonizar sus postulados con la redacción de la ley nacional 27.351, puesto que en oportunidad de su sanción, se invitó a las provincias a adherir a sus preceptos, oportunamente, sin embargo, la Provincia generó su legislación propia, aunque obviando la consideración del singular aspecto que implica el reconocimiento de la facturación de los servicios de suministro de energía eléctrica y la consecuente eximición de pago de la misma.

Elementales razones derivadas del reconocimiento de los derechos humanos de las personas que necesitan atención permanente, por su situación clínica, que involucran necesariamente al entorno familiar, permiten privilegiar el criterio de atender la eximición del pago, frente a la postulación de una “tarifa diferencial”, como norma la actual ley vigente en el Chaco, que en la práctica no ha dado resultado, sostiene la Legisladora.

De esta manera, se corregiría el curso de acción actual, y la atención eficaz de los pacientes que demandan este tipo de prestaciones, todo ello en acuerdo con la letra y espíritu de nuestra Constitución que dispone que el Estado sea garante de la salud, particularmente ante la existencia de casos graves que requieren una urgente solución para hacer efectivo tal derecho y evitar todo riesgo de vida o empeoramiento en las condiciones de salud de las personas electrodependientes en el territorio de nuestra provincia, finaliza lo expuesto por Carmen Delgado Britto.

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