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LAVADO III: Ministerio de Infraestructura y Viviendas, 2000 Millones desaparecidos

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El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), Dr. Dugaldo Ferreyra y la exdiputada provincial Ana María Canata, el 3 de abril pasado denunciaron a funcionarios públicos ante la Juez Federal, Dra. Zunilda Niremperger, por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, desvíos de fondos, violación de los deberes del funcionario público, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita por los hechos que se produjeron durante la implementación del Programa de Ejecución de Viviendas y Obras de Infraestructura en Chaco, que fuera ejecutado a través de Cooperativas. En la FIA se comprobó que los fondos utilizados fueron de origen nacional con el fin específico de financiar la ejecución de dicho Programa. Los denunciantes afirmaron que se transgredieron todas las cláusulas y condiciones establecidas en los convenios firmados con Nación.

Atribuyen responsabilidades a funcionarios provinciales y nacionales como presuntos responsables de las irregularidades que se produjeron en el Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas del Chaco (IPDUV) y del Ministerio de Infraestructuras, dependientes del poder ejecutivo chaqueño, y a funcionarios nacionales de la Subsecretaria Desarrollo Urbano y Viviendas, de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La investigación fue realizada por la FIA en el Expte. 3123/16. Detectaron “numerosas y groseras irregularidades” teniendo como base la información suministrada por el propio IPDUV. Comprobaron que transfirieron fondos nacionales a 301 cooperativas por un total que osciló de 932.074.899,82 y 1.023.908,84 de pesos entre los meses de enero del 2011 y mayo del 2016 para ejecutar el Programa de Construcción de Viviendas y Obras en Chaco. Fueron contundentes las pruebas que corroboraron las irregularidades, como también los testimonios recibidos, muy elocuentes y determinantes en el resultado de la investigación.

La FÍA mencionó, a título ilustrativo, “que el proceso de investigación realizado (…) comprende desde 01.01.2011 al 30.05.2016, y que en dicho lapso el IPDUV de Chaco estuvo bajo las presidencias sucesivas de José Valentín Benítez, Oscar Domingo Peppo, Juán Sebastián Agostini, y a nivel nacional la Subsecretaria de Desarrollo Urbano a cargo del German Nivello, dependiente de la Secretaria do Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo Julio De Vido”. Durante la gestión del ingeniero Peppo en el IPDUV fue determinante y rutilante la función y la participación de Horacio Rey, que ya como Secretario General y Coordinador de Gestión del Gobierno actual está investigado y preso en la causa conocida como Lavado I. También fue y continúa siendo importante la participación del vocal Mirko Nicolich, villangelense de confianza del actual Gobernador, quién actúa como único vocero del Instituto de Viviendas durante las últimas semanas.

Cobraron y no construyeron 1909 viviendas para los sectores populares

De las 2448 viviendas adjudicadas se habrían construido solamente 539, lo que representa el 22% de las viviendas adjudicadas. Estarían inconclusas 1909 viviendas, o sea el el 77,98% de las que fueran adjudicadas, según un informe técnico que se agregó a la causa que tramitó la FIA, que concluyó su investigación señalando “que se desprende que sumas millonarias han sido transferidas para la construcción de viviendas de manera arbitraria, discrecional, con auditorias deficientes y hasta ausentes, sin órganos de contralor nacional y provincial adecuados. Todo ello facilitado por el funcionamiento de un sistema corrupto, con el consabido despilfarro y desmanejo de obras y de los dineros públicos, en estos casos fondos nacionales”.

Los investigadores llegaron a la firme conclusión de que se “cometieron cuantiosas irregularidades e ilicitudes, reprochables tanto administrativa como penalmente (…) viviendas sin terminar o inconclusas y otras sin iniciar pero percibido el dinero por integrantes de cooperativas que declararon que no recibieron nunca el dinero, ni construían viviendas. Cooperativas en las que se repiten los mismos nombres. Cooperativas que fijan sus domicilios en la sede de Desarrollo Social de la Provincia o en edificios municipales. Fondos transferidos a cooperativas que no alcanzaron a constituirse, rendiciones de cuentas con documentación apócrifas. Obras cuyas coordenadas en Resistencia son inexactas. Los controles deficientes de aspectos contables, ausencias de organismos de contralor nacional o provincial durante la implementación de este Programa”. Esta fue las descripción que realizó la FÍA sobre las posibles irregularidades.

Réplicas en el Ministerio de Infraestructura de Chaco

Se ha publicado que funcionarios, especialmente el Gobernador, acompañado por sus Ministros y en otros casos por el Intendente de Resistencia, asistieron a varias inauguraciones de edificios de Propiedad Horizontal (PH). Así lo reflejaron los medios masivos. Muchos PH fueron construidos con fondos privados. Pero, en algunos casos, el financiamiento se habría logrado con fondos públicos. Estarían involucradas algunas empresas constructoras beneficiadas con adjudicación de obras públicas (asfalto, centros de salud, escuelas, viviendas y colocación de ripio) que incumplieron con el inicio o avance de obra. Son morosas.

Habrían destinado los fondos obtenidos en concepto de anticipos (30% o 40% del total de obra) y certificaciones a la construcción de edificios de propiedad horizontal. Nada de lo ocurrido se habría logrado si no existiera connivencia entre quienes debieron controlar la ejecución de las obras adjudicadas. Los posibles acuerdos se focalizarían en la Dirección de Licitaciones y Certificaciones y en la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Infraestructura.

La morosidad empresaria en el inicio o avance de la ejecución de las obras adjudicadas debieron haber sido constatadas por la Contaduría General de la Provincia, que es el órgano de control interno y el Tribunal de Cuentas, órgano de control externo del Sector Público, según la Ley 4787 y las normas de contratación de obras públicas. Se menciona que el último organismo intimó a las empresas a los fines de que comiencen las obras y que los empresarios propusieron la devolución de los montos históricos que cobraron, más un interés insignificante a tasa pasiva, que de aceptarse generaría un notable enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública

Varios son los edificios de Propiedad Horizontal que son posibles ejemplos de desvíos de fondos públicos. Uno de ellos, comprende 60 departamentos. Sus titulares son tres empresas asociadas. Invirtieron 22 millones de pesos en este emprendimiento privado. Otro edificio implicó una inversión de 60 millones de pesos. Habría participado también una empresa constructora, una de cuyos titulares está estrechamente vinculados con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.

El modus operandi no es nuevo en lo que hace a los fondos destinados a la construcción de obras públicas. Tampoco es exclusivo de esta Provincia. Para comprobar la operatoria fácilmente se puede cruzar la información y la documentación archivadas en las Direcciones de Administración, Inspecciones, Certificaciones y Licitaciones del Ministerio de Infraestructura y lo actuado por la Contaduría General del Chaco y el Tribunal de Cuentas, más el flujo de fondos percibidos por los empresarios a través del Nuevo Banco del Chaco S.A., previa intervención de la Fiduciaria del Norte, administradora del fondo fiduciario de Infraestructura dado que este Ministerio efectúa pagos directos a las empresas solamente cuando administra recursos del Fondo Sojero.

 

FUENTE CENTRO MANDELA

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Sánchez pide que el ejecutivo informe sobre la implementación del Programa “Sin Casco no hay Combustible”

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A través del proyecto de resolución 2185/18 el legislador justicialista Ricardo Sánchez solicita que a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Seguridad se brinde precisiones sobre la manera en que se lleva a cabo la aplicación de este programa. La iniciativa surge luego del debate que se generó en la sesión del pasado miércoles antes de aprobación de  la Ley por la cual el Chaco adhiere al “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito”.

Asi es que por esta  resolución requiere que se informe sobre: las distintas líneas de acción referidas a la implementación del Programa de concientización vial “Sin Casco no hay Combustible” creado por Ley Nº 2139-T (Antes Ley 7272). También si se están aplicando las previsiones de la citada norma, que informen respecto a los controles que se realizan a los efectos de su cumplimiento. Por último, se pide información respecto a si se  llevó a cabo un relevamiento vinculado al cumplimiento de la colocación de carteles con la leyenda “Sin casco no hay combustible” en las estaciones de servicio o expendedoras de combustible.

En los fundamentos el diputado Sánchez, recuerda que la ley sancionada en el año 2013, establece que “las estaciones de servicio o expendedoras de combustibles lo suministrarán a los conductores y acompañantes de vehículos ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados, cuando cumplan con el requisito de llevar el casco reglamentario debidamente colocado. Los inspectores, de acuerdo a su jurisdicción, serán los encargados de controlar y sancionar a quienes no utilicen debidamente el casco reglamentario al momento de concurrir a cargar combustibles, exceptuándose de toda responsabilidad a los trabajadores afectados al expendio”.

Entiende asimismo que “la pérdida de vidas, derivadas de las lesiones causadas por accidentes de tránsito no es inevitable; por el contrario la implementación de mecanismos eficientes de control del cumplimiento de las normas de tránsito y la aplicación de estrategias de prevención, responsabilidad y coordinación con distintos sectores de la comunidad son acciones fundamentales para reducir las lesiones causadas por accidentes”.

En los argumentos del proyecto también se hace énfasis en que “en nuestra provincia la situación es sumamente compleja, según datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a las estadísticas del servicio de Emergencias Médicas más del 80% de los incidentes viales son atendidos en efectores públicos”. Cita en ese contexto el  caso del Gran Resistencia, donde  la cartera sanitaria provincial señaló que “anualmente son cerca de 7 mil los siniestros viales registrados en el Gran Resistencia, con un promedio de 20 atenciones por día a personas heridas. “Esto implica el desplazamiento de más de 10 profesionales de la red sanitaria, que muchas veces se encuentran colapsados por la gran demanda de emergencias de este tipo, que pueden ser evitadas”, subrayó.

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Echezarreta dijo que no va a renunciar y apuntó contra el fiscal Sabadini

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El ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, confirmó que no renunciará a su cargo a pesar de tener un pedido de desafuero y detención en el marco de la causa Lavado I, donde se investigan presuntos hechos de corrupción gubernamental. Apuntó contra el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, sobre quién aseguró que lo quiere “meter preso” para “que no pueda hablar ni defenderme”.

El ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, atraviesa sus días más difíciles. Es que la Justicia Federal ordenó su detención, previo desafuero, en el marco de la causa conocida como Lavado I (Rey, Héctor Horacio y otros s/Supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal). Se lo acusa de ser partícipe necesario en una “banda” dedicada a enriquecerse a costa del Estado por medio de la contratación de empresas de allegados que facturaban con sobreprecios, tanto para la realización de obras públicas como en el suministro de insumos. De acuerdo a la acusación, ese dinero luego era blanqueado a través de distintos métodos de lavado de activos, en una práctica que se habría cometido desde fines de 2015 hasta la actualidad.

En este marco, y tras ingresar el pedido de desafuero en la Legislatura provincial, Echezarreta brindó una conferencia de prensa en su despacho. Ratificó su inocencia, confirmó que no a va renunciar y dijo que el fiscal, Patricio Sabadini “miente” y “me quiere meter preso para que no pueda defenderme”.

“No tengo por qué renunciar. Tengo la conciencia tranquila de cómo es nuestro proceder y la tranquilidad de haber avanzado al frente de este ministerio con la construcción de un equipo de trabajo de gran nivel en la solvencia técnica”, dijo el funcionario ante medios locales.

Echezarreta comenzó la conferencia recordando que “ante toda esta situación, lo que pido como persona es de tener la oportunidad y posibilidad de la defensa”. “Lo que el fiscal Sabadini quiere es meterme preso para que yo no tenga la posibilidad de hablar ni defenderme. Y tengo todo el derecho y la libertad de hacerlo”, consideró.

“Vamos a mostrarle a la Justicia y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a todos los legisladores las pruebas de que acá no hemos incurrido en ninguna situación de gravedad”, añadió.

Reunión y allanamiento

El ministro reiteró además que la reunión que mantuvo el domingo en Casa de Gobierno, y que fue el motivo que desencadenó un allanamiento y la posterior orden de detención, tuvo como único objetivo hacer un inventario de lo que se había llevado el viernes pasado Gendarmería en el anterior allanamiento.

“Me junté el domingo en Casa de Gobierno con todo mi equipo de trabajo y con la autorización del gobernador, Domingo Peppo, en mi público despacho”, dijo. “Si nosotros quisiéramos esconder o romper pruebas hubiéramos ido a otro lado. Y no está en nuestra conciencia ese tipo de acción”, afirmó el funcionario.

“Por eso vinimos a la Casa de Gobierno, a las 9 de la mañana, siendo un espacio público para poder hablar con todo el equipo y poder atar los cabos de lo que había ocurrido en el allanamiento anterior. Y correspondía que mi equipo de gabinete más empleados de carrera me comenten qué se habían llevado en ese allanamiento para así tener elementos para presentarme el lunes ante la jueza y poder explicarle así todo el procedimiento y ponerme a disposición de la justicia. Por lo tanto, acá no hubo nada raro”, señaló.

“Gendarmería también constató que en las 10 horas de allanamiento no se produjo ningún tipo de evidencia de que estábamos rompiendo pruebas. Por lo tanto voy a demostrar ante la justicia y ante la legislatura que el fiscal Sabadini miente. En este momento se está evidenciando una situación de gravedad institucional y también en términos políticos”, afirmó.

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Conti, Bellota y Pilatti Vergara disertarán en el PJ sobre la “Resistencia Feminista Popular”

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La agrupación “Mujeres Peronistas con Cristina” invita a la comunidad a participar del primer encuentro denominado “Resistencia Feminista Popular” a realizarse el día sábado 26 de mayo a las 8,30 hs. en la sede del Partido Justicialista sito en Mitre y Rivadavia.

Dicho evento está organizado en coordinación con la Comisión de Mujeres y Género del Instituto Patria. El panel estará conformado por la ex Diputada Nacional Dra. Diana Conti, la historiadora Araceli Bellota y la Senadora María Inés Pilatti Vergara. La propuesta será reflexionar en torno al rol del movimiento de mujeres en diferentes contextos políticos, el lugar dentro de las organizaciones e instituciones y el desafío actual de convertirse en articuladoras de la unidad.

Las disertantes

Araceli Bellota: es historiadora, escritora y periodista argentina, se ha caracterizado por orientar su obra a rescatar el papel de las mujeres en la historia. Se define como “peronista y feminista”.

Es autora de libros como Los amores de Yrigoyen, Las mujeres de Perón y Eva y Cristina: la razón de sus vidas. Ha escrito guiones de programas televisivos como Siglo 20 Cambalache, del video Eva Perón cuenta su historia (1997) y del CD ROM Juan Domingo Perón, personas y protagonistas (1999).
Fue directora del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”, en Luján, provincia de Buenos Aires y en 2013 fue designada directora del Museo Histórico Nacional.

Es miembro del Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”, del Instituto de Historia y Sociología Sarmiento y del Instituto de Revisionismo Histórico “Manuel Dorrego”.

En 2014 la Ministra de Cultura de la Nación Teresa Parodi la designó directora del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo. Bellota asumió esta nueva función ad honorem.

Diana Conti: es una abogada especialista en derecho penal y psicóloga social. Fue Diputada de la Nación finalizando su mandato el 9 de diciembre de 2017 y anteriormente fue senadora nacional. Participó del Consejo de la Magistratura, desde el año 2007 hasta el 2010.
En 2017 fue designada por el congreso en el Comité Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas.

En Mayo de 2018 asumió la Presidencia del Partido de la Victoria a nivel nacional.

María Inés Pilatti Vergara: estudió la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste.

Fue Diputada Provincial en dos ocasiones, Ministra de Educación durante la gobernación de Jorge Capitanich, y Diputada Nacional en el período 2009-2013.

Actualmente es Senadora Nacional por la provincia de Chaco.

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