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Lavado II: confirman procesamiento con prisión preventiva para Aída Ayala y el resto de los imputados

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y de todos los imputados en la causa por lavado de activos conocida como “Lavado II”. Una de las primeras derivaciones de la medida judicial es la inminente reactivación del pedido de desafuero de la legisladora nacional ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada este viernes 5 de octubre y lleva la firma de las camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Eduardo Belforte –quién actuó como subrogante por la inhibición de su par José Luis Aguilar-. En otra resolución dictada hoy, la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Rolando Javier Acuña, decidida en primera instancia por la jueza federal, Zunilda Niremperger, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocase la decisión del propio tribunal de alzada que le había concedido la excarcelación generando una fuerte polémica y el apartamiento de la causa del camarista José Luis Aguilar por su vinculación con uno de los abogados del imputado.

Según la hipótesis de la investigación, se acusa a Ayala como presunta “jefa de una banda” dedicada al lavado de activos quienes habrían operado de modo organizado, con distribución funcional de tareas, con la finalidad de malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia, con distintas modalidades, para luego ingresarlos a su patrimonio – o de terceras personas- dándoles apariencia de licitud, siendo varios de ellos funcionarios públicos en ejercicio de funciones o habiendo ostentado dicha posición anteriormente, utilizando éstas posiciones jerárquicas como un medio para lograr dicha finalidad.

Los cargos

Aída Ayala, diputada nacional.

En los casos de Aída Ayala y Jacinto Sampayo, se confirmaron sus procesamientos con prisión preventiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautores, todos en la modalidad de concurso real.

A los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Alejandro Fischer, en tanto, se les confirmaron sus procesamientos por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembros de una banda, en calidad de coautores, todos en concurso real.

Los “partícipes necesarios”

Por otro lado, también quedó ratificado el procesamiento con prisión preventiva para la contadora Patricia Noemí Vázquez, Rolando Javier Acuña, Jessica Riggasio pero como “partícipes necesarios” en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, agravado por ser miembro de una banda en calidad de coautores, todos en concurso real.

Sin prisión preventiva

Los camaristas confirmaron, además, los procesamientos pero sin prisión preventiva para Natalia Soledad Martínez Guarino y Diego Alberto Martínez Guarino (hijos del empresario Pedro Martínez) como “partícipes secundarios” en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembros de una banda, todos en concurso real.

Además fueron ratificados los procesamientos sin prisión preventiva de Cristian Adrián Zapata, Víctor Hugo Quiroz, y Mónica Centurión como “participes secundarios” en el delito de enriquecimiento ilícito en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y de Eulalio Bouza como “partícipe secundario” en los delitos de fraude en perjuicio a la administración pública en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y ser miembro de una banda.

Por último, la resolución de la Cámara no hizo lugar al recurso de apelación del Ministerio Público y confirmó la falta de mérito de Facundo Sampayo.

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Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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