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Politica

Lavado I: fiscales provinciales definirían esta semana si declinan su competencia

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El equipo de Fiscales provinciales deberá resolver, en el curso de la semana, el pedido de apartamiento de la causa -que involucra a Horacio Rey y Roberto Lugo, entre otros ex funcionarios de la provincia- que fuera formulado por la justicia federal. Este lunes, se levantará el secreto de sumario en la citada causa federal. El presidente del STJ, Rolando Toledo, había manifestado que el caso debía seguir en la justicia provincial.

El equipo de fiscales provinciales que comanda Graciela Griffith Barreto y se completa con sus pares Lucio Otero y Nélida Villalba, deberá resolver en las próximas horas si acepta o no la solicitud de la justicia federal de declinar su competencia en la causa en la que se investiga a exfuncionarios provinciales por supuesto lavado de dinero proveniente de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Vale recordar que a partir del inicio de la investigación en el fuero federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, la Procuración General constituyó un equipo de fiscales para investigar a los exfuncionarios provinciales y personas allegadas por los delitos “precedentes” que tienen jurisdicción provincial, siempre en base a la investigación preliminar iniciada en el fuero federal en la denominada causa Lavado I.

¿Conflicto en puerta?

Al hacerse cargo de la investigación del entramado provincial, el equipo de fiscales resolvió, casi inmediato, ordenar la detención del ex secretario general de Gobierno, Horacio Rey; el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo; la exsecretaria privada del gobernador y esposa de Horario Rey, Susana Fernández; el excoordinador de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández (cuñado de Horacio Rey). Esas medidas provocaron tensión con la justicia federal que consideró que se obstaculizaba la investigación en curso teniendo en cuenta que a partir de ese momento ya no se pudo contar con las escuchas telefónicas que habían sido disputas para los implicados por parte de la justicia federal. El reclamo público del fiscal Sabadini obtuvo una encendida respuesta del propio presidente de Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, quién defendió la competencia de la justicia provincial y, de algún modo, adelanta la postura que podría adoptar el equipo de fiscales en las próximas horas. “Lo federal en esto no tiene nada que hacer”, había afirmado el titular del máximo tribunal de justicia del Chaco. Tras esas declaraciones, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, afirmó, por el contrario, que “todo puede ser investigado por la justicia federal”.

Por los delitos precedentes, Rey y Lugo fueron imputados como coautores de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en el caso de Rey en 7 hechos) e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto Susana como Ismael Fernández obtuvieron, posteriormente, su libertad, tras una caución juratoria; mientras que, por otro lado, se ordenó la detención del exsubsecretario de Políticas Comunicacionales, Paulo Butticé y del contador Gustavo Katavich, designado por Rey a cargo del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).

Lo que puede suceder

En caso de que la justicia provincial decline su competencia en la investigación de los delitos precedentes, los mismos quedarán a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, quién puede delegar la investigación en el fiscal Sabadini. En caso contrario, es decir, que los fiscales provinciales decida mantener su competencia en la investigación de los delitos de jurisdicción provincial, se trabaría un conflicto de competencia que debería dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que no impedirá que avancen las investigaciones por carriles separados.

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Bonafini habló en una escuela de La Plata e hizo enojar a padres y alumnos

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La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini habló durante un acto en el Colegio Nacional La Plata, y sus dichos provocaron la queja de padres y alumnos hacia la institución.

“Desgraciadamente hay mucha gente que no quiere entender que Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) nos dieron 12 años de felicidad, que nos hicieron olvidar de muchas cosas. Todo esto que tuvimos y que ahora nos sacaron de un plumazo, nos va a costar años poder volverlo a construir”, precisó Bonafini en su discurso en alusión a los exmandatarios.

Luego, la dirigente de Derechos Humanos volvió a arremeter contra el gobierno de Mauricio Macri y criticó al radicalismo: “Acá en La Plata, como había muchas madres radicales, dejaron de marchar porque Alfonsín prometió muchas cosas que después no cumplió. Y los radicales siguen prometiendo cosas que no cumplen, hacen lo mismo, aunque veo pibes radicales que se ofenden y se levantan, que los veo que se van, yo igual voy a decir lo que tengo que decir”, indicó en alusión a los alumnos que comenzaron a retirarse del lugar molestos por los dichos.

El padre de uno de los alumnos, y quien presenció la charla, relató en declaraciones al canal A24 que se comunicó con el colegio para pedir explicaciones y, según detalló, le pidieron “las disculpas del caso” y le dijeron que igualmente “los chicos tienen que escuchar todas las campanas”.

“Le traté de explicar que escuchar todas las campanas no significa escuchar a gente que está sospechada de delitos como está esta mujer. Creo que no tiene nada para darle a un grupo de chicos que está empezando la adolescencia”, manifestó el hombre con la situación. Asimismo aseguró que el lunes se presentará en la institución educativa para manifestar personalmente su disconformidad con lo sucedido.

Bonafini asistió al lugar en el marco de un acto de donación al colegio de unas baldosas históricas de la Plaza de Mayo con los pañuelos.

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Politica

Caso Odebrecht: quiénes son los 49 citados a declaración indagatoria

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La lista de los 49 citados a declaración indagatoria por parte del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el escándalo “Odebrecht” por el soterramiento del tren Sarmiento incluye a ex funcionarios, empresarios e intermediarios. Por el lado de los ex funcionarios públicos fueron citados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; su segundo Roberto Baratta; y el ex secretario de Obra Pública José López. También están los ex integrantes del Ministerio de Planificación Pablo Emilio Campi, director general de Asuntos Jurídicos; Rafael Enrique Llorens, subsecretario Legal; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Manuel Vázquez y Julio Tito Montaña.

En la lista figuran Carlos Guillermo Astudillo, Emilio Javier Alzaga y Nelson Ariel Lucentini, representantes de la Secretaría de Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación conformado para la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento; y Hugo Marcelo Vallone, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité. Martínez de Giorgi además incluyó a Hugo Martínez, representante de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en el Comité de Evaluación; Graciela Cavazza, directora de Planificación de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Horacio Faggiani, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación; y Carlos Retuerto Castaño, representante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el Comité de Evaluación y Calificación. Fernando Cortes, gerente de Concesiones Ferroviarias; Osvaldo Biset, subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación; Yolanda Eggink, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; Valeria Pomodoro, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía; y Enrique María Filgueira, subsecretario Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, también fueron citados.

Por IECSA: Angelo Antonio Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Javier Sánchez Caballero, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, y Alejandra María Kademian. Por Odebrecht: Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Flavio Bento da Faria, Alenxandre Assaf Abo Assali, Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luiz Antonio Mameri, Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Da Silva y Ricardo Vieira.

Por COMSA S.A: Héctor Ramón Castro y Juan José Rampoldi; y por Ghella S.A: Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Ricardo Dina, y Mario Cenciarini. Por CAESA S.A. Ignacio Soba Rojo; y como supuesto intermediario el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.

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Macri ya no confía en Lorenzetti y busca un nuevo liderazgo en la Corte

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A Mauricio Macri no solo le preocupa la economía. La Justicia es otro punto clave. A las críticas a los juzgados federales de Comodoro Py ahora se sumó la Corte Suprema. En particular su presidente, Ricardo Lorenzetti, a quien ya el Presidente no ve como un “hombre previsible”. Es más: en su círculo más íntimo Macri apuntó que observa un caos interno en el máximo tribunal y la falta de un liderazgo claro.

Es en este marco que en Olivos, así como en el primer piso de la Casa Rosada, aseguran que hoy el jefe de Estado prefiere que a fin de año haya un recambio en la presidencia de la Corte. Un deseo que coincide plenamente con el de Elisa Carrió, quien la semana pasada amplió su pedido de juicio político contra Lorenzetti. “Mauricio ya no le cree a Lorenzetti ni lo considera un interlocutor de toda la Corte sino de él mismo”, sentencia uno de los cerebros jurídicos del Gobierno. “Dilapidó su capital político en estos dos años”, concluye, y pone como ejemplo dos fallos de la Corte en la que Macri escuchó otra versión de la que finalmente salió. Uno de ellos vinculado a uno de los juicios que tiene por delante Cristina Kirchner y otro para quitarle poder a la Justicia federal de Comodoro Py.

En ese marco, el candidato ideal para el macrismo era Carlos Rosenkratz, un jurista de carácter técnico de diálogo directo con José Torello, amigo y jefe de asesores de Macri, y uno de los dos jueces propuestos por Cambiemos para el máximo tribunal. Sin embargo, Rosenkratz le expresó al Gobierno que no tiene ningún deseo de suceder a Lorenzetti, en particular por la complejidad del manejo administrativo. Otra opción, que deslizó en reuniones privadas de manera personal el ministro de Justicia, Germán Garavano, es que Elena Highton de Nolasco pueda ocupar esa silla antes de retirarse.
Sin embargo, quien asoma como el candidato es Horacio Rosatti, el otro juez propuesto por Macri, y quien tiene diálogo directo con los asesores jurídicos del Presidente y hasta con la líder de la Coalición Cívica, una de las impulsoras de su designación junto al abogado del presidente, Fabián “Pepin” Rodríguez Simón.

En Casa Rosada, a Rosatti lo ven como un “peronista clásico con ambición”, pero temen que en algunas circunstancias juegue con el PJ que anima el senador Miguel Pichetto y los gobernadores no kirchneristas. “Reconocemos que Rosatti tiene dignidad y nunca afectaría la gobernabilidad, y además pasaría sin problemas el filtro de Lilita”, cuenta una fuente oficial a este diario. Paralelamente, en el macrismo juran que jamás hubo un encuentro Macri-Rosatti.

De todos modos, un dato concreto permitirá aventurar hasta dónde el enfado que hoy tiene el jefe de Estado con el titular de la Corte llegará al límite o no.

Se trata del juicio político que sigue impulsando Carrió en el Congreso. Por primera vez, en estos días Macri escuchó de boca de dos de sus asesores de máxima confianza no descartar de plano esa opción. Y, a diferencia del año pasado, cuando aseguraba que se trataba de una iniciativa de “Lilita” en solitario, comenzó a recalcular su estrategia. “No estaría bueno que lo impulsemos, pero lo vemos muy inestable a Lorenzetti”, confía una de las fuentes consultadas. Por lo pronto, Garavano y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, intentarán mantener abierto el vínculo “institucional” con el máximo tribunal.

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