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Corrupción

La Corte podría definir quién investiga la causa por lavado contra Aída Ayala

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Al quedar firme la resolución de la jueza provincial Rosalía Zozzoli que declaró la competencia del fuero ordinario para investigar el lavado de activos, ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá definir si acepta declinar su competencia. En caso de no hacerlo, será la Corte Suprema de la Nación la que defina qué fuero investiga.

Ganar tiempo. Ése parece ser el objetivo de los abogados defensores de Rolando Javier Acuña, directivo de la empresa PIMP SA. Fue al plantear que es la justicia provincial la que debe investigar la causa que tiene como principal imputada a la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por lavado de activos originados en presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el Municipio de Resistencia.

Esa petición consiguió que la jueza de Garantías Nº 1, Rosalía Zozzoli, declare la competencia del fuero provincial y solicite a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que decline su competencia y remita la avanzada investigación a los fiscales provinciales, a pesar de la oposición de la Procuración General ante el Superior Tribunal de Justicia.

Este jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia dejó firme el planteo de la jueza Zozzoli y ahora será la jueza Niremperger la que deberá definir si acepta o rechaza la resolución de la jueza provincial.

Para ello, ya cuenta con un dictamen de la Fiscalía Federal de primera instancia de Resistencia que aconsejó rechazar la resolución de Zozzoli y ratificar la competencia del fuero federal.

Lo que puede pasar
En diálogo con CIUDAD TELEVISION y RADIO CIUDAD, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirempeger, explicó que “el pedido de la jueza Zozzoli hoy está firme, vendrá seguramente en los días venideros, y entonces allí sí este Juzgado se tendrá que expedir respecto del pedido de declinatoria que realiza la jueza Zozzoli”. Sostuvo, además, que “podría ser apelado por alguna de las partes, si se entiende que puede ser apelada, pero en general hay criterios de que cómo está establecido de que no es apelable, se traba la competencia y tendría que definir la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

“Viene el expediente acá, en caso de que este tribunal rechace el pedido de declinatoria, implica a la jueza para que, si ella sigue persistiendo en sus argumentaciones, trabe la cuestión de competencia y se eleve la causa a la Corte que tendrá que expedirse y nosotros igual seguiremos con el trámite del expediente”, precisó.

Cabe recordar que en su dictamen que aconsejó rechazar el planteo de la jueza provincial, el fiscal federal de primera instancia subrogante, Federico Carniel, además de deshacer los argumentos de la magistrada en lo referido a la incumbencia del fuero ordinario en caso de lavado, citó parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define al delito de lavado de activos como de competencia federal.

En ese tramo de su dictamen, el fiscal Carniel graficó que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

Y agregó que “estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

El desafuero de Ayala
También este jueves las defensas de los imputados en la causa presentaron escritos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia solicitando que se revoquen los procesamientos de sus defendidos. Ahora, ese tribunal analizará si confirma o rechaza los procesamientos con prisión preventiva y embargos dictados por la jueza Niremperger contra todos los involucrados.

De esa resolución dependería que vuelva a cobrar fuerza el pedido de desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, que se vio interrumpido por una resolución de la misma Cámara que hizo lugar a un pedido de eximición de prisión de la ex intendenta de Resistencia, que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Corrupción

Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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