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Corrupción

La Corte podría definir quién investiga la causa por lavado contra Aída Ayala

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Al quedar firme la resolución de la jueza provincial Rosalía Zozzoli que declaró la competencia del fuero ordinario para investigar el lavado de activos, ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá definir si acepta declinar su competencia. En caso de no hacerlo, será la Corte Suprema de la Nación la que defina qué fuero investiga.

Ganar tiempo. Ése parece ser el objetivo de los abogados defensores de Rolando Javier Acuña, directivo de la empresa PIMP SA. Fue al plantear que es la justicia provincial la que debe investigar la causa que tiene como principal imputada a la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por lavado de activos originados en presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el Municipio de Resistencia.

Esa petición consiguió que la jueza de Garantías Nº 1, Rosalía Zozzoli, declare la competencia del fuero provincial y solicite a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que decline su competencia y remita la avanzada investigación a los fiscales provinciales, a pesar de la oposición de la Procuración General ante el Superior Tribunal de Justicia.

Este jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia dejó firme el planteo de la jueza Zozzoli y ahora será la jueza Niremperger la que deberá definir si acepta o rechaza la resolución de la jueza provincial.

Para ello, ya cuenta con un dictamen de la Fiscalía Federal de primera instancia de Resistencia que aconsejó rechazar la resolución de Zozzoli y ratificar la competencia del fuero federal.

Lo que puede pasar
En diálogo con CIUDAD TELEVISION y RADIO CIUDAD, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirempeger, explicó que “el pedido de la jueza Zozzoli hoy está firme, vendrá seguramente en los días venideros, y entonces allí sí este Juzgado se tendrá que expedir respecto del pedido de declinatoria que realiza la jueza Zozzoli”. Sostuvo, además, que “podría ser apelado por alguna de las partes, si se entiende que puede ser apelada, pero en general hay criterios de que cómo está establecido de que no es apelable, se traba la competencia y tendría que definir la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

“Viene el expediente acá, en caso de que este tribunal rechace el pedido de declinatoria, implica a la jueza para que, si ella sigue persistiendo en sus argumentaciones, trabe la cuestión de competencia y se eleve la causa a la Corte que tendrá que expedirse y nosotros igual seguiremos con el trámite del expediente”, precisó.

Cabe recordar que en su dictamen que aconsejó rechazar el planteo de la jueza provincial, el fiscal federal de primera instancia subrogante, Federico Carniel, además de deshacer los argumentos de la magistrada en lo referido a la incumbencia del fuero ordinario en caso de lavado, citó parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define al delito de lavado de activos como de competencia federal.

En ese tramo de su dictamen, el fiscal Carniel graficó que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

Y agregó que “estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

El desafuero de Ayala
También este jueves las defensas de los imputados en la causa presentaron escritos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia solicitando que se revoquen los procesamientos de sus defendidos. Ahora, ese tribunal analizará si confirma o rechaza los procesamientos con prisión preventiva y embargos dictados por la jueza Niremperger contra todos los involucrados.

De esa resolución dependería que vuelva a cobrar fuerza el pedido de desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, que se vio interrumpido por una resolución de la misma Cámara que hizo lugar a un pedido de eximición de prisión de la ex intendenta de Resistencia, que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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Explican fundamentos del recurso de casación que favoreció a Aída Ayala

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En diálogo con CIUDAD TV, la jueza de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, explicó la decisión del tribunal que integra y que habilitó que la Cámara Federal de Casación Penal revise la prisión preventiva dictada contra la diputada nacional por Cambiemos y otros procesados por lavado de dinero.

Alcalá explicó que la resolución que firmó junto a su par María Delfina Denogens, se debe a que la decisión de ese mismo tribunal de confirmar la prisión preventiva de Ayala y el resto de los procesados “es equiparable” a una sentencia definitiva y que, por lo tanto, “requiere de tutela inmediata que puede afectar garantías del imputado que pueden ser de difícil reparación ulterior”.

En ese contexto, la camarista explicó que el criterio que aplica ese tribunal de Alzada cuando deniega excarcelaciones es el de conceder el recurso ante una instancia superior, que en este caso es la Cámara Federal de Casación Penal. “Lo que hacen las cámaras federales es un análisis liminar de admisibilidad, esto ahora va a la Casación y quién en definitiva va a definir si entra o no a analizar las cuestiones es la Cámara de Casación Penal”, señaló.

Cabe mencionar que a partir de la decisión de la Cámara Federal, más allá de que es un recurso legítimo de su defensa, Ayala vuelve a ganar tiempo y paraliza el tratamiento del pedido de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación hasta tanto se expida la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de Ayala, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió conceder recursos de casación contra las prisiones preventivas dictadas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo; al exdirector de PIMP SA, Rolando Acuña, y a los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez. A su vez, desestimó habilitar la misma vía para el empresario Alejandro Fischer. En paralelo, el tribunal de alzada declaró inadmisible habilitar la casación en cuanto a los procesamientos confirmados de Ayala, Sampayo, Fischer, Fátima Rigassio, Mónica Centurión, Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Diego Alberto y Natalia Soledad Martínez Guarino.

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Leche robada: advierten que la investigación podría alcanzar a funcionarios del gobierno

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, deslizó la posibilidad de que la investigación por las más de 200 toneladas de leche robada de un depósito de Salud Pública alcance a funcionarios del área que tenían a su custodia dicho producto. Remarcó que el daño “es irreparable”.

La investigación por la desaparición de leche en polvo de un depósito de Salud Pública en la ruta 16, kilómetros 23 y 24, avanza en la Justicia provincial. Además de haber tres personas detenidas por el hecho, incluyendo a la mujer que denunció la faltante en septiembre, se le sumó la pericia contable la cual arrojó que en realidad no se robaron 100 mil kilos sino 202 mil kilos de leche en polvo.

En declaraciones a RADIO CIUDAD, el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina destacó que la investigación “avanzó muchísimo”. “En el diagrama de un inicio de 100 mil kilos se duplicó. Se pretendió a través de una denuncia dibujar o pretender esconder la otra faltante. Muchas veces dentro de este espectro de actuaciones o de formas de delinquir se realizan las denuncias en algún momento determinado para tapar, dibujar o sacarse la responsabilidad de encima”, explicó.

Respecto de cómo continuará la causa, señaló que la misma deberá apuntar también a las responsabilidades administrativas, que incluyen a funcionarios del área que tenía a su resguardo el producto. Esto teniendo en cuenta que el galpón en donde estaba la leche en polvo no tenía la custodia necesaria para evitar robos ni tampoco el sistema administrativo era el adecuado para determinar exactamente a donde fue a parar cada paquete de leche.

“Existen responsabilidades de los funcionarios del área que tienen la obligación como funcionarios públicos de hacer cumplir y respetar las leyes y normativas. Y una de ellas es justamente establecer los principios básicos de custodia”, afirmó.

“En el ámbito penal uno responde por acción u omisión. Entonces, la obligación que tiene la fiscalía es no detenerse únicamente en estas personas detenidas sino que tiene que continuar dentro de la escala de responsabilidades y áreas que tiene el ministerio de traerlos, acercarlos e imputar el delito. Cada uno deberá responder dentro de sus argumentos defensivos, cuál era la actividad de cada cual”, remarcó Fonteina.

En cuanto a la evaluación de lo robado, dijo que hasta el momento no cuenta con dicho número pero advirtió que “el daño es irreparable”. “Más allá de hacer la multiplicación matemática en dinero, hacemos el análisis de cuántos niños fueron privados de este elemento básico.  Podríamos estar hablando de miles de niños que se vieron privado de algo elemental”, dijo.

“Es decir que por más que hoy tengamos tres presos y luego prisión preventiva, que tengamos funcionarios imputados, sin dudas la reparación va a ser imposible. Y esto hay que decirlo en voz alta y los fiscales tienen la obligación de ir hasta las últimas escalas que corresponden en ese organismo”, aseveró.

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