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Imputaron a cuatro prefectos por difundir imágenes de Amado Boudou detenido

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Cuatro miembros de la Prefectura Naval fueron imputados por la filtración de las imágenes del momento de la detención del exvicepresidente Amado Boudou, en su domicilio en Puerto Madero, el 3 noviembre.

 

El fiscal federal Juan Pedro Zoni, que inició una investigación contra cuatro agentes vinculados con la detención del funcionario kirchnerista, elevó el requerimiento ante el juez federal Sebastián Ramos. El magistrado deberá decidir si da curso o no a las medidas de prueba sugeridas.

Fuentes judiciales informaron que, por ahora, los nombres de los imputados se mantendrán en reserva para no entorpecer la investigación y aclararon que podría haber más personas involucradas. La denuncia había sido presentada por el abogado especialista en Derechos Humanos, Marcelo Parrilli, a la que luego se le acumuló otra presentada por la defensa de Boudou.

Parrilli había denunciado que el 3 de noviembre, instantes después de la detención de Boudou, se difundieron “ilegalmente” las fotos y videos de ese momento en su departamento de Puerto Madero. En las imágenes se veía al ex vicepresidente descalzo frente a un funcionario de civil; en otras, junto a personal de Prefectura Naval a ambos lados y sin esposas.

Eduardo Durañona, abogado de Boudou, había presentado una denuncia por “violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” también contra los efectivos de Prefectura Naval que estuvieron dentro del departamento de Boudou el día de su detención. Si bien el juez Julián Ercolini era el que la tenía por sorteo, se acumuló luego a la de Parrilli, radicada ante el juzgado de Ramos, porque había sido presentada primero.

 

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Capitanich exigió a Frigerio el cumplimiento del decreto de asistencia financiera a municipios

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El intendente Jorge Capitanich exigió al gobierno nacional el cumplimiento por parte de la administración Macri del decreto de asistencia financiera a municipios y provincias que por el momento no se ha cristalizado lo que afecta severamente el plan de obras públicas que Resistencia lleva adelante.

En una carta remitida al ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, Capitanich apuntó a la falta de cumplimiento por parte de la Casa Rosada en torno al decreto 836, que establece un programa de asistencia financiera a provincias y comunas del país.

En la misiva, el intendente de Resistencia precisó que ha transcurrido más de un mes de la firma del decreto por parte del presidente Macri y el esquema no se ha puesto en marcha.

Se trata del programa que el gobierno nacional decidió implementar cuando unilateralmente derogó el Fondo Federal Solidario en agosto pasado.

“Respetuosamente solicito de curso a la presente solicitud y proceda a la transferencia directa de los fondos al municipio de Resistencia, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2° del decreto”, planteó Capitanich.

El jefe comunal capitalino recordó que el decreto 836 dispone que la asistencia financiera corresponderá a las provincias que hayan aprobado el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017,entre las que figura el Chaco, que suscribió la adenda al Pacto Fiscal por lo que corresponde el pedido aquí realizado.

También señaló que el programa de asistencia creado tiene por objeto garantizar la continuidad de la ejecución de las obras de infraestructura para cuyo financiamiento se contaba con los recursos provenientes del fondo eliminado y a efectos de no perjudicar la ejecución del plan de obras del municipio.

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Presupuesto 2019: “El proyecto está sujeto a la ley de administración financiera”

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El ministro de Hacienda y Finanzas Pública Cristian Ocampo respondió a las declaraciones el diputado Roy Nikisch sobre el presupuesto de gastos de los organismos con regímenes institucionales especiales. Sostuvo que según la Ley de administración financiera del sector público provincial N°1092, normativa vigente desde hace 15 años, prevé que los presupuestos de Lotería Chaqueña e INSSSEP sean aprobados mediante artículos específicos de la respectiva ley anual de presupuesto provincial, como así también otorga atribuciones al Poder Ejecutivo para la aprobación y modificación de tales presupuestos.

Ocampo sostuvo que el Presupuesto de la Administración Pública Provincial del año 2019, contiene información consolidada de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados (artículo 4° inciso a y b, respectivamente, de la Ley 1092-A). Asimismo, no integran el presupuesto los Organismos con Regímenes Institucionales Especiales ni las Empresas y Sociedades del Estado (artículo 4° inciso c de la Ley 1092-A).

En este sentido, explicó que ambos organismos fueron excluidos del tratamiento presupuestario general por distintos motivos: “En el caso de Lotería Chaqueña, se puede decir que tiene más una conformación empresaria que de un organismo autárquico. Formalmente fue creado como un organismo simplemente erogativo pero sus facultades y capacidad operativa, determinada por su ley de creación, lo hacen tener un carácter prácticamente empresario. Y esto hace que no sea posible aplicarle las rigideces de un presupuesto ‘limitativo’, que es una característica de un presupuesto de la administración central, eminentemente ‘erogativo’”, explicó Ocampo.

Con respecto al INSSSEP “se da la situación de que gran parte de los recursos tanto de la Seguridad Social, como de Obra Social y Seguros derivan de Gastos de la Administración Central y de Organismos Descentralizados. De manera que no serían sumables a los recursos del Presupuesto Provincial”.

El ministro recordó que es por ello que la Ley 1092-A prevé, en su artículo 23°, que los presupuestos de estos organismos sean aprobados “mediante artículos específicos de la respectiva ley anual de presupuesto provincial”. También se prevé que la Ley de Presupuesto anual “podrá delegar en el Poder Ejecutivo atribuciones para la aprobación y modificación de tales presupuestos”.

“Es así que las distintas leyes de presupuesto anual han venido haciendo uso de esa opción, en línea con la especial conformación de estos Organismos”, afirmó Ocampo y recordó que el artículo 23 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público Provincial, fue promovida por el ex gobernador radical Ángel Rozas y sancionada durante su gobierno. “La primera vez que se hizo uso de esta facultad fue en el año 2006, cuando el entonces gobernador Nikisch elevó el presupuesto para el último ejercicio de su gestión”, añadió.

“Entonces, llama la atención las declaraciones efectuadas por el diputado Nikisch respecto del ejercicio de una facultad que el gobernador Peppo está ejerciendo, otorgada al Ejecutivo por una ley sancionada y promulgada quince años antes que su llegada al gobierno, durante el mandato de un gobernador del partido al que pertenece el diputado, y que además es una atribución que el gobernador de la Provincia viene practicando desde hace 14 ejercicios presupuestarios”.

En este sentido, Ocampo declaró: “No se entienden estas manifestaciones si no se las leen en clave electoral, ya que nos encontramos a meses de las elecciones de gobernador, donde se vislumbra claramente la estrategia de algunos diputados opositores de anteponer excusas sin sustento político, y obviamente menos que menos jurídico, para entorpecer el funcionamiento del Estado provincial durante 2019, cuando se desarrollará la competencia por el cargo más importante que existe en la estructura institucional de la Provincia del Chaco”.

Por otro lado, el ministro remarcó que “hay una diferencia sustancial entre el Presupuesto anual y el Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, que es una información referida al flujo financiero que se produce en un período anual, con el Balance General que presenta cada uno de estos organismos, ya que éste último es información Económico-financiera, con cuentas Patrimoniales que se derivan de la Contabilidad General”.

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Cambiemos elimina del Presupuesto el cambio en las condicionantes para la reestructuración de deuda

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El diputado nacional por Cambiemos Luciano Laspina anunció hoy la eliminación del artículo del Presupuesto 2019 que proponía cambiar las condiciones de reestructuración de la deuda externa.

“En un hecho histórico voy a conceder el pedido de la diputada (Romina) Del Pla. Para no agitar fantasmas vamos a eliminar el artículo 53”, dijo Laspina, presidente la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

Laspina dijo que ese artículo era “solamente para darle más atribuciones a la secretaría de finanzas” y generó alivio en la oposición, desde donde se había criticado fuertemente esta idea del Gobierno de Mauricio Macri plasmada en el proyecto de ley de Presupuesto.

La gestión Macri proponía al Congreso la modificación de la Ley 24.156 para habilitar que una eventual reestructuración de deuda ya no tenga que ser con una mejora en plazos, montos e intereses sino “en las condiciones imperantes del mercado financiero”.

El cambio era propuesto por el artículo 53 del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2019 cuya eliminación ahora confirmó Laspina.

Cambiemos buscaba este martes alzarse con el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Presupuesto para poder votar mañana mismo la iniciativa en sesión especial de la Cámara de Diputados.

Fuentes del oficialismo dijeron a NA que el Gobierno concedió la eliminación de ese artículo como prenda de cambio con un sector de la bancada justicialista, para poder acelerar en acuerdos y generar un dictamen.

Del Plá, diputada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, había cuestionado nuevamente este martes el artículo y pidió su eliminación.

“Dicen los medios que van a sacar el artículo 53. No les creemos porque está claro que necesitan el instrumento de reestructuración de deuda porque vamos a un escenario de cesación de pagos”, dijo la legisladora.

En 2019 hay vencimientos de deuda por U$S28.300 millones, lo que estará cubierto por el préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y quedará por pagar US$21.406 millones en 2020; US$25.114 millones en 2021; US$25.308 millones en 2022; y US$ 18.642 millones en 2023.

El 20 de septiembre, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que el Gobierno “no planea ningún megacanje” ni “ninguna reestructuración de su deuda”.

“Argentina no planea ningún megacanje, ninguna reestructuración de su deuda. Venimos aquí al Congreso a traer una propuesta que le permita a la Argentina ahorrar dinero y mejorar el perfil de su endeudamiento”, aclaró.

Según Dujovne, “la normativa vigente establece que para efectuar un canje de deuda hay que cumplir condiciones, pero eso hoy no nos permite llevar adelante operaciones que mejorarían el perfil del endeudamiento de la Argentina; por ejemplo, no distingue la deuda en pesos de la deuda en dólares”.

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