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El Gobierno presentará una nota en la CIDH para limitar las decisiones de Zaffaroni

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Las declaraciones que Eugenio Zaffaroni realizó el martes por la noche colmaron la paciencia del Gobierno, que en los próximos días diseñará una estrategia judicial para solicitar ante tribunales internacionales que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia deje su cargo actual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Zaffaroni, en una entrevista con la señal de cable C5N, reiteró su desde de que Mauricio Macri deje la presidencia antes de 2019, y generó el rechazo inmediato del ministro de Justicia Germán Garavano, quien lo calificó como “antidemocrático” y además no dudó en pedirle que renuncie a su cargo en la CIDH.

“Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social”, expresó Zaffaroni sobre la gestión de Cambiemos. Y profundizó: “Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido”.

Fue la segunda vez que Zaffaroni hizo público su deseo de que Macri deje la presidencia antes de las elecciones de 2019, lo que motivó una réplica directa de Garavano, pero también de otros actores del Gobierno. El ministro de Justicia sostuvo que Zaffaroni “presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas”. También añadió: “Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos”, tras lo cual consideró que “no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana”.

Según pudo saber El Cronista, la intención oficial es que Zaffaroni no se exprese en la opinión que debe dar la CIDH, por pedido de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sobre la validez de los juicios políticos o impeachment en la región, tales como el que derivó en la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. La nota que presentará el Gobierno ante el organismo se redactará en los próximos días y se enviará entre el martes y miércoles próximos.

En Casa Rosada saben que es muy difícil poder lograr que, tal como expresó Garavano, Zaffaroni renuncie a su cargo. Pero sí creen que si se suman las denuncias en su contra, su imagen se puede desgastar y su poder podría limitarse. Entienden que, por ejemplo, su parcialidad podría influir en casos que lleguen a la Corte Interamericana, en causas que involucren, por ejemplo, a dirigentes como Lula Da Silva. En expedientes en los que pudiera ser parte la ex presidenta Cristina Fernández, por caso, Zaffaroni no podría expresarse por ser del mismo país.

A las críticas contra Zaffaroni, además de Garavano, se sumó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En Twitter, el funcionario expresó: “Mi enérgico rechazo a sus declaraciones, muestra de su desprecio por la democracia”. Y agregó que recurrió a la CIDH porque “su presencia desprestigia al sistema interamericano de derechos humanos”.

Además, otra denuncia contra el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, la presentará la asociación Usina de Justicia, que lidera Diana Cohen Agrest, y que contará con el patrocinio de Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

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Arrepentidos: Betnaza, Rocca y otros directivos de Techint blanquearon al menos $9 mil millones

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Los días oscuros para el empresario arrepentido Luis Betnaza no parecen tener fin: es que, a su complicada situación judicial en la causa cuadernos luego que admitiera el pago de coimas a funcionarios kirchneristas, el directivo de Techint también ingresó al blanqueo de capitales de 2016, con al menos $61 millones de pesos, que podría perder en el caso de resultar procesado en alguna de las causas por corrupción.

Según un informe al que accedió El Destape y luego que el periodista Horacio Verbitsky revelara algunos de los empresarios “blanqueadores” en Página 12 y El Cohete a la Luna, el ejecutivo de Techint blanqueó $61.108.616 el pasado 13 de diciembre de 2016, a un tipo de cambio de $15.20.

Betnaza, director institucional de la multinacional que comanda Paolo Rocca, se convirtió en imputado colaborador en la causa cuadernos la semana pasada, luego que admitiera el pago de coimas y “aportes” para destrabar una compleja situación de la sede venezolana de la compañía.

Tras ello, el propio Rocca acompañó la versión de Betnaza en el congreso de AEA, aunque no pareció ser suficiente: en su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli, el ex funcionario Claudio Uberti desmintió los dichos del empresario y sostuvo que Techint, a través de Betnaza, había realizado al menos seis pagos con anterioridad al de Venezuela.

Pero eso no es todo, además de Betnaza, existen otros directivos de Techint que aprovecharon la generosidad de Mauricio Macri y su blanqueo de capitales: Marcela Rocca, difunta prima de Paolo, legalizó unos 6.900 millones de pesos, según consignó Verbitsky.

Por su parte, Roberto Bonatti, primo de Rocca y ejecutivo de la firma, declaró haber legalizado al menos $1.876.822.790 gracias a la amnistía propuesta por el Gobierno. Martínez Mosquera, director de Tecpetrol, otra de las firmas involucradas en los cuadernos de Centeno, declaró unos $122.657.948, mientras que el vicepresidente ejecutivo, Carlos Bacher, blanqueó unos $104.315.601

Al día de hoy y según difundió la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil, Techint es investigada en Italia, Brasil y Argentina por montar una red de sobornos dirigidos a un ex gerente de Petrobras en el país carioca para obtener contratos por US$ 1.600 millones, como viene informando PERFIL desde junio de 2017. Las declaraciones de dos hombres del grupo, Héctor Zabaleta y Betnaza, admitiendo pagos al kirchnerismo, ampliaron esa ruta de las coimas.

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A horas del #21A, la convocatoria para pedir el desafuero de Cristina Kirchner

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A horas del #21A para pedir el desafuero de la senadora nacional Cristina Kirchner y el tratamiento de la Ley de Extinsión de Dominio, crece la adhesión a la movilización que se realziará este martes.

Tras dos fallidas sesiones para tratar el desafuero y allanamientos a la expresidente, un grupo autoconvocado realizará mañana una marcha al Congreso que se replicará en las principales plazas y calles del país.

El llamado a la movilización comenzó a circular en las redes sociales con el hashtag #21A, la cual se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación a las 19 del martes.

La convocatoria se realiza con el objetivo de sumar presión a la bancada peronista de la Cámara alta para que aporte quórum el próximo miércoles, cuando el oficialismo intente por tercera vez autorizar el requerimiento del juez federal Claudio Bonadio para allanar los tres domicilios de la ex jefa de Estado.

La protesta incluye el reclamo de la sanción de la Ley de Extinción de Dominio, una figura que habilitará al Estado a recuperar bienes obtenidos por el delito, cuyo proyecto iba a ser tratado en la misma sesión del Senado en la que se iba a debatir la autorización para los allanamientos.

EL FALLIDO DEBATE
El miércoles pasado, el oficialismo no consiguió los 37 senadores necesarios para iniciar el debate y Gabriela Michetti debió anunciar que se reanudaría la semana siguiente.

Desde el peronismo aseguraron que la semana próxima habrá quórum para tratar los allanamientos a Cristina Kirchner y que trabajan en un acuerdo con el Frente para la Victoria para ampliar la extinción de dominio.

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Tras su declaración, José López se encuentra aislado y con asistencia psiquiátrica

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Tras declararse testigo arrepentido e ir a Tribunales voluntariamente, el ex funcionario José López se encuentra aislado, vigilado, con atención psiquitátrica y reveló que temé por su vida.

El ex funcionario admitió ser uno de los recaudadores, declaración que confirmó a quienes lo señalaban como uno de los responsables de exigirles a las compañías entre el 10 al 20% del monto total de los contratos adjudicados.

A horas de su testimonio, López se encuentra aislado en un desconocido centro de detención, dónde se está vigilado y con asistencia psiquiátrica. Aunque el tiene custodia especial, su familia no cuenta con ningún tipo de protección.

López se convirtió en el primer ex funcionario de primera línea que se convirtió en imputado colaborador en la causa de los cuadernos de la corrupción. Pero además, integra al programa de Testigos e imputados protegidos del Ministerio de Justicia.

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