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Economia

El ajuste en el INTA: entre un 8% menos de personal y la suba de las tarifas

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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene un compromiso con el Ministerio de Modernización de reducir en torno de un 8% su personal hasta abril del próximo año, según expresó  su presidente, Juan Balbín.

Además, el organismo no repondrá vacantes por un año, salvo que sean estrictamente necesarias. En paralelo, ahorrará unos 70 millones entre el cambio de una ART, la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, menos gastos en algunas direcciones nacionales y en otros rubros. En las mismas experimentales, que suman 51 en todo el país, hay una reducción de gastos.

Todo en un contexto donde, según admitió Balbín, las subas en combustibles, luz y gas presionan sobre los presupuestos de las distintas estaciones experimentales. Hizo extensiva la situación a las dificultades para el mantenimiento y reposición de vehículos.

“Estamos con los recursos justos, contando las monedas”, dijo el presidente del INTA, que agregó sobre las tarifas: “Nos está pegando fuerte en luz, gas y seguridad. Las tarifas nos complican el presupuesto porque subió su proporción sobre el resto de los recursos para funcionar de una experimental. A las experimentales les pedimos que racionalicen lo mejor posible”, agregó.

Para este año, el INTA tiene un presupuesto de $6250 millones. De 7600 personas en diciembre pasado, ya se fueron vía jubilaciones entre 250 y 300. La reducción seguirá. “El objetivo de Modernización, con los retiros voluntarios (más jubilaciones), es llegar a abril del año que viene a 7000 (de dotación de personal)”, señaló Balbín. “Hasta abril del año que viene no se van a reponer vacantes”, añadió el titular del organismo, que no obstante aclaró que sí habrá ingresos en casos específicos necesarios.

Según señaló Balbín, pese al recorte de gastos no habrá cierres de estaciones experimentales. “No pensamos cerrar ninguna”, indicó.

Lo que sí se hizo, según detalló, es reordenar cómo se jerarquiza al director de cada experimental para los nuevos concursos que se hagan. Esto podría significar, según el titular del organismo, un “mínimo” recorte en el sueldo en los directores alcanzados. Pero remarcó que se trata de poner “justicia” a la hora de los requerimientos de manejo que demanda una experimental. Para ello existen diversas categorías.

“No es lo mismo manejar la experimental de Pergamino o Balcarce, que tienen más de 250 personas, que una mucho más chica”, dijo el presidente del INTA. Balbín indicó que la categoría se mantiene para los directores que ya están. “Es para los nuevos concursos”, precisó. “Ninguna experimental baja de categoría; lo único es que se recategoriza el director (en nuevos concursos)”, añadió.

Balbín también expresó que de 130 programas de investigación se bajará esa cantidad a algo más de 80. Aclaró que eso “no significará menos gente” trabajando en ellos, sino más eficiencia. Con los programas se pondrá el foco no sólo en un eventual impacto económico de las investigaciones, sino también su efecto para la mejora en la región donde se llevan adelante. Anticipó que entre los programas habrá uno que apuntará a cómo mejorar los índices de procreo del rodeo vacuno nacional.

Otro INTA
En este contexto, al presidente del organismo le preocupa, según dijo, hacer un INTA más “a disposición de la sociedad” y que “genere valor”. En este punto, señaló que hay un equipo interdisciplinario de 40 personas pensando esta estrategia. “El INTA no está dando las respuestas que tendría que dar”, dijo a modo de análisis del organismo.

Balbín tiene en la cabeza mejorar la vinculación con empresas para que vía sociedades entre el organismo y firmas privadas, por ejemplo, se avance en patentes por productos o innovaciones. Pasado mañana, con el laboratorio Vetanco hará una presentación por la primera vacuna recombinante para la diarrea viral bovina.

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“Gloria” para el Gobierno en los cuadernos de Centeno: podría recibir hasta $46.000 millones por multas de arrepentidos

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Hasta ahora, el escándalo de los “cuadernos de las coimas” le generó una sensación ambigua al Gobierno: le da oxígeno desde el punto de vista político, pero le genera preocupaciones en la economía.

La seguidilla de caídas bursátiles, la suba del índice de riesgo país -otra vez bien por encima de los 700 puntos- y las declaraciones de empresarios preocupados por un desplome de la inversión en infraestructura fueron la tónica que dominó los últimos días en el mercado.

Sin embargo, hay un efecto colateral de la nueva ofensiva judicial contra la corrupción en la obra pública que podría traer una inesperada ayuda. Se trata del eventual ingreso fiscal por concepto de multas a los empresarios y firmas que admitieron haber realizado los pagos a los funcionarios K.

La ley prevé, para estos casos, que los involucrados deban compensar al Estado por una suma hasta 10 veces mayor a la que admiten haber abonado.

En un escenario de máxima, esto podría implicar que las arcas estatales podrían recibir hasta u$s1.600 millones, dado que la estimación es que las entregas de dinero relatadas por los cuadernos de Centeno completan unos u$s160 millones.

Al tipo de cambio actual, ese ingreso por multas significarían $46.000 millones, aproximadamente la mitad de todo lo que se recaudó por concepto de IVA el mes pasado.

Es decir, una cifra que sería más que bienvenida por los funcionarios del área económica en un momento en el que se hace un esfuerzo mayor por mantener la austeridad y cumplir con el recorte del déficit fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

Para tener dimensión de la importancia de ese eventual ingreso, equivaldría al 15% del recorte de $300.000 millones que el Gobierno quiere hacer y que es materia de una dura negociación con las gobernaciones provinciales.

Lo más interesante para los funcionarios es que esos eventuales $46.000 millones pueden ser apenas la punta del ovillo, porque sólo refieren a los pagos ilegales descriptos en los cuadernos de Centeno, que a su vez pueden generar una reacción en cadena en la que se comprueben más casos de corrupción ligados a la obra pública.

Pero claro, no todo es tan fácil como para que los funcionarios del área fiscal empiecen a festejar ahora mismo, ya que todo dependerá del delito que se pruebe y si termina en condena firme.

Las multas y la estrategia defensiva

La estrategia defensiva que se ha repetido en los últimos días en el caso de los empresarios y ejecutivos implicados en los cuadernos es la de negar haber sido parte de un hecho de soborno, sino que fueron objeto de “aprietes” del aparato político.

Desde el punto de vista legal, hay una gran diferencia entre la motivación de uno y otro pago. Quien da una coima es autor de un delito (denominado cohecho activo). En cambio, quien sufre una extorsión puede plantear que fue una víctima.

De acuerdo a los especialistas consultados por iProfesional, considerarse víctima de extorsión en esta clase de casos es de muy difícil probanza ya que -de no pagar- no estaba en riesgo la vida o integridad de los empresarios, sino solamente que sus empresas quedaban fuera de los futuros contratos de obra pública.

En este sentido, los asesores legales de los indagados están apostando a que el “arrepentimiento”, sumado a la admisión de una situación extorsiva sea la forma de atenuar la culpa de sus defendidos.

De esta manera, todavía no está claro si será una estrategia exitosa, porque -además- la extorsión debe ser demostrada con pruebas fehacientes, y a primera vista el relato no parece del todo convincente, dado que hubo pagos regulares, tanto en años electorales como en los “normales”.

En caso de que se compruebe que se trató de casos de cohecho, los empresarios pueden ser condenados con los delitos de prisión de 1 a 6 años más una multa.

Es muy difícil que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio acepten que su causa pase a un expediente por aportes electorales ilegales (que además a los arrepentidos le permitiría obtener la libertad porque la condena sería menor a tres años) pero la jugada está planteada.

También si los imputados tienen éxito con su coartada podrán acusar a los funcionarios de presionarlos y decir que fueron víctimas de una extorsión desde el gobierno kirchnerista. Esto, sin considerar que desde 1983 a la fecha hubo un solo juicio por financiamiento ilegal de la política.

El problema para los empresarios es que los encuadren dentro de la figura de asociación ilícita, ya que podrían ser reprimidos con prisión o reclusión de 3 a 10 años. Para los jefes u organizadores (que en este caso serían los funcionarios del Gobierno nacional), el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.

Un tema no menor es que los hombres de negocios deberán demostrar que los indicios, declaraciones o pruebas que aportaron a la investigación son sólidos, rotundos, y contribuyan a imputar a autores de delitos de mayor rango que el del propio colaborador.

Clinc, caja

En todo caso, lo importante para los jueces es la confirmación de que los pagos existieron, y eso es lo que hace “refregarse las manos” a quienes están calculando cuánto podrá entrar al erario público.

El monto a determinar dependerá del tipo penal. El Código establece que la multa correspondiente a los diversos hechos calificados como delitos no sea una cantidad fija sino que oscile entre un mínimo y un máximo, por lo general indicando esos topes en moneda de curso legal. Si se comprueba que hay lavado de dinero, la cifra del ilícito se multiplica por 10.

Excepcionalmente, la multa no tiene límites fijados en cantidades determinadas sino un porcentaje del valor sustraído, pero aun en este caso oscila entre un mínimo y un máximo.

Según las fuentes consultadas por este medio, al momento de dictar la sentencia, los magistrados deben dar a conocer los motivos por los que han decidido fijar la pena de multa ya que es obligatorio fundamentar sus decisiones para que se pueda examinar la razonabilidad de las mismas.

De otra manera, tanto la sanción económica como la condena de prisión podrían ser consideradas -en su etapa de revisión como arbitrarias-, nulas por violatorias de los principios constitucionales.

En este tipo de situaciones, al haber reconocido que el importe pagado fue en dólares, desde el fisco corren con una ventaja, ya que si el ilícito fue estimado en pesos, el importe de la multa no puede actualizarse para compensar los efectos de la desvalorización de la moneda, si la ley vigente con anterioridad al hecho punible no prevé un mecanismo de actualización.

Es que, en caso contrario, podría considerarse que es violatorio del principio de legalidad y de las penas previstas por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Para evitar ese tipo de problemas, el anteproyecto de Código Penal que está por elevar el presidente Mauricio Macri busca la implantación del sistema de los días-multa, que permite ir adecuando el importe (de cada día-multa) a la situación del condenado, que puede variar a través del tiempo.

De esa manera, no quedaría desactualizada la cifra por la inflación ni se transforme su cumplimiento en imposible.

La ley de responsabilidad penal empresaria -vigente desde mediados del año pasado- no podría aplicarse en esta causa ya que se analizan cuestiones ocurridas entre el 2008 y el 2015.

Si los empresarios son condenados personalmente, la sentencia firme -por la Cámara de Casación o la Corte Suprema- debe fijar el plazo para el pago.

Cuando la pena incluye prisión y multa, el tiempo para hacer efectivo el pago suele comenzar a correr luego de cumplida la pena privativa de libertad; pero en este caso se trata de empresarios que tienen una solvencia económica notoria.

Además, se puede conceder el beneficio de pagar en cuotas para asegurar el cumplimiento y se puede trabar embargos sobre los bienes de los condenados.

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El 45% de los oficios actuales podrían automatizarse

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La digitalización y robotización conllevarán una transformación de las funciones, más que una mera eliminación de puestos de trabajo ya que el 45% de los empleos actuales podrían automatizarse, pero solo un 10% corre peligro de desaparecer.

En un entorno en el que la tecnología impulsará tanto la calidad como las expectativas de los consumidores, será crucial que las compañías garanticen que su estrategia de negocio está bien articulada antes de solo limitarse a reducir costos.

Además, la liberación de recursos llevará a una “reevaluación” de los servicios que ofrecen a sus clientes, de acuerdo al consultor Oliver Wyman, que publicó el informe “Delivering the workforce for the future”.

Las compañías convertirán las habilidades humanas en la “verdadera ventaja competitiva”, según Wyman. Este cambio de paradigma supondrá un reto para las organizaciones, que se enfrentarán a la redefinición del “mismo concepto de trabajo”.

Los nuevos trabajos que están surgiendo tendrán que contar con “múltiples y diversas habilidades”, independientemente del sector en el que operen. En consecuencia, las capacidades técnicas pasarán a ser simplemente un medio “para competir”, mientras que las habilidades humanas serán la ventaja competitiva.

Entre esas habilidades se destacará el dinamismo; clave en un entorno en el que hay que adaptarse de forma continua, saber comunicarse y contar con visión comercial. También la devoción por el cliente: la sofisticación y expectativas crecientes de los usuarios requerirán una mejora en la capacidad para resolver sus problemas. Y finalmente, la empatía, en especial con respecto a los clientes, y las habilidades de comportamiento.

Este nuevo panorama exigirá a las compañías gestionar no solo su fuerza laboral interna, sino llegar a múltiples grupos de talento de diferentes generaciones, asegura el informe relevado por Efe.

Principalmente, según destaca Oliver Wyman, estos serán de tres tipos:

– colaboraciones con otras instituciones;

– talento autónomo (freelance), impulsado por la búsqueda de una mayor flexibilidad y el trabajo por proyectos de muchos profesionales;

– externalización de tareas, que permite la generación de soluciones más creativas, innovadoras y rápidas.

Este nuevo enfoque traerá ventajas como “la flexibilidad, la eficiencia en costes y el control de costos laborales fijosW, concluye el consultor.

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La caída del consumo de 2018 será el doble de la prevista en la primera mitad del año

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La caída del consumo prevista para este año será peor a la proyectada. Si hasta la mitad de 2018 los número se ubicaban entre 0,5% y 0,7%, ahora la previsión negativa se duplica y llegará hasta un 1,2% negativo. Los segmentos de menos recursos son los que están recibiendo el mayor impacto de la crisis económica cuando son, justamente, los que mueven la aguja del consumo.

Así lo indicó un informe de Kantar Worldpanel y Ecolatina que señalaron que la devaluación y las altas tasas de interés perjudicaron fuertemente el contexto macroeconómico, hecho que se traduce a su vez, en una inflación creciente.

Todas estas variables conforman un combo difícil de producir resultados positivos en cualquier economía. Aquellos que esperen un cambio en la tendencia y resultados más favorables tendrán que esperar hasta el año próximo.

“La proyección del año se ve afectada principalmente por la caída del salario en términos reales –crecen debajo de la inflación-, y su fuerte impacto en la base de la pirámide. En los últimos cinco años en Argentina, siempre que el salario perdió poder de compra, el consumo masivo se vio inmediatamente afectado”, aseveró Federico Filipponi, director comercial de Kantar Worldpanel al analizar los resultados del primer y segundo trimestre del año, y los cambios en las expectativas macroeconómicas recientes.

El cierre de año proyectado que era de 0,7% en marzo, pasó a una baja de un 0,5% en mayo, y ya se proyecta el cierre de año en una caída de 1,2%, es decir, 0,7 puntos menos que hace tres meses, detalló el informe.

Filippone sostuvo que aquellos hogares de nivel bajo inferior, que abarca al 17% de los hogares argentinos, destina el 57% de su ingreso al consumo masivo. “Si sus ingresos crecen debajo de la inflación, su único camino es consumir menos productos básicos”, agregó.

Proyección consumo por trimestre. Kantar Worldpanel y Ecolatina

Proyección consumo por trimestre. Kantar Worldpanel y Ecolatina

Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina de Ecolatina agregó: “La proyección empeoró por el significativo deterioro del contexto macroeconómico: al salto cambiario y de las tasas de interés, le siguió la aceleración de la inflación -pass-through- y el ingreso a una recesión que va a durar por lo menos hasta comienzos de 2019. En términos de poder adquisitivo la reapertura de paritarias evita un escenario de fuerte caída del salario real en el sector privado formal, pero no en el sector público Nacional. Por último, las perspectivas de creación de empleo son magras -y empeoraron- y hay riesgo de pérdidas –aunque acotadas- de puesto de trabajo en algunas actividades”.

Mientras que en el primer semestre del año, el consumo masivo cerró con un crecimiento inferior al 1%, para el tercer y cuarto trimestre se proyectan caídas, de 2,7% y 3,1% respectivamente. “Adicional a las malas expectativas macroeconómicas, se agrega que el segundo semestre compara con el mejor momento de 2017, y esto hará mayor el impacto”, expresó Federico Filipponi.

¿Para cuándo podríamos esperar la recuperación del consumo?

Recién en el segundo trimestre de 2019 podríamos ver indicadores positivos para el consumo masivo, y esto dependerá esencialmente de dos factores: que la economía vuelva a crecer -impulsada en un principio por el campo, si la cosecha es favorable- y que la inflación se desacelere y permita algo de recuperación en el salario real.

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