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Politica

Diputados comenzó la sesión para prorrogar la emergencia económica

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La Cámara de Diputados del Chaco, con la totalidad de los legisladores presentes, comenzó en el mediodía hoy a tratar la prórroga de la emergencia económica en una sesión extraordinaria convocada por el gobernador Domingo Peppo, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Provincial, por motivos de interés público y de carácter urgente.

Los temas a tratar – detalla la nota dirigida a la presidenta, diputada Lidia Elida Cuesta, – son el proyecto de ley 6085/17 de prórroga hasta el 30 de junio de 2018 de la ley 2435-F (antes ley 7751) – Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco; y el proyecto de ley 5995/17 – ratificación del Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Provincia del Chaco, celebrado el día 30 de marzo de 2017.

Las iniciativas de leyes

El proyecto de ley 6085/17 impulsa la prórroga hasta el 30 de junio del 2018 de la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco dispuesta por la ley 2425-F (antes 7751), prorrogada por las leyes 2471-a (antes ley 7825), 2558-A (antes ley 7949) y ley 2629-A-

En la nota elevada por el Poder Ejecutivo señala que la “por ley 2425-F (antes 7751) se dispuso la consolidación en el Estado Provincial, de las obligaciones vencidas que consistan en el pago de suma de dinero derivadas de las controversias judiciales que haya tenido por objeto la Acordada Nº 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y las múltiples impugnaciones judiciales de las que fuera objeto la misma y comprende las obligaciones que surjan con el pago de costos, costas y honorarios profesionales con motivo de las causas emergentes en reclamos judiciales referidos en el artículo 1º de la ley 2425-F (antes ley 7751)”.

“Las circunstancias que motivaron el dictado de la ley de emergencia – explica – continúan vigentes atento a que aún no se ha cancelado la totalidad de convenios y/o demandas que dieron origen a la misma, lo que refleja que el peligro que se continúen embargando las cuentas provinciales sigue vigente por lo que se considera oportuno solicitar la prórroga de la ley 2425-F (antes ley 7751), prorrogada por las leyes 2471-A (antes ley 7825), 2558-A (antes ley 7949) y ley 2629-A”.

“Considerando que es necesaria tal medida dada la actual situación económica y financiera de la provincia del Chaco, de altísimo contenido crítico, que torna institucionalmente obligatorio instrumentar las herramientas necesarias y adecuadas para enfrentar la difícil situación de excepción y que fuera establecida en la ley provincial 5054 y sus modificatorias” concluye la nota.

En tanto, el otro proyecto de ley 5995/17 que propone para su tratamiento legislativo es el que propicia la ratificación del Acuerdo de Financiamiento y Colaboración entre el Estado Nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Provincia del Chaco.

“Dicho acuerdo – consigna el gobernador – se celebró el día 30 de marzo de 2017, entre el Gobernador de la Provincia del Chaco, Ing Oscar Domingo Peppo, el Jefe de Gabinete de Ministro de la nación Lic Marcos Peña, el Ministro de hacienda de la Nación Lic Nicolás Dujovne y el Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos Dr. Alberto Abad, y tiene por finalidad establecer un nuevo régimen de financiamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sustitutivo del establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1399/01”.

“A diferencia del esquema estipulado por el mencionado decreto que detraía el porcentaje (1,9%) de la recaudación nacional destinado al sostenimiento del ente recaudador sólo de las cuentas recaudadoras del impuesto al valor agregado, el convenio celebrado establece que se detraerá por línea de impuesto. Este cambio en la forma de detracción es favorable a las Provincias, ya que aparecen nuevos financiadores como la ANSeS y el fondo de ATN”, expone la nota elevada a la presidenta del Poder Legislativo.

 

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La muerte que le cambió la vida a Macri, Cristina y Scioli

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Hace tres años exactos, la noche en la que apareció muerto Alberto Nisman en Puerto Madero, el mapa político argentino era bien diferente. Gobernaba el kirchnerismo, desgastado es cierto, pero con un candidato -Daniel Scioli- a suceder a Cristina Fernández que superaba el 55% de imagen positiva. Nada hacía prever en enero de 2015 que el entonces oficialismo perdería la elección nueve meses después. Pero lo impensado pasó.

Quizás el impacto mediático, social y político que tuvo la muerte de Nisman haya sido lo más transformador del caso en sí mismo. Cuatro días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y a varios funcionarios de su mesa chica por encubrir a Irán en la firma del memorándum por AMIA. El daño al kirchnerismo, estaba hecho. Con su muerte, en circunstancias no aclaradas, se potenció esa sospecha sobre la figura presidencial. Y tuvo impacto luego en las urnas.

Sin Nisman, difícilmente, Mauricio Macri hoy sería presidente. Sin su denuncia, floja de papeles para jueces como Daniel Rafecas, contundente para otros como Claudio Bonadio, Cristina tal vez no se hubiera refugiado en el Senado para conservar fueros y evitar ir a la cárcel, como terminó pasando a finales del año pasado. Y Scioli, por qué no, podría ser hoy la cabeza del Ejecutivo y no un diputado intrascendente del reformulado bloque Unidad Ciudadana.

Escenarios posteriores al margen, la muerte de Nisman desnudó como pocos casos la falta de Justicia en la Argentina. Tres años después, nadie logró resolver con claridad y sustento científico cómo falleció. Se pasó del suicidio al suicidio inducido y de allí al homicidio sin aclarar nunca cómo se explicaban esas hipótesis. No hay nadie preso, escasos investigados y reina la sensación en la sociedad de que nunca va a prosperar una teoría convincente de qué le pasó al fiscal. Sólo una certeza: su muerte fue política.

 

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En una nueva carta, Zannini pidió que alguien le explique las razones de su detención

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Desde la cárcel, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, escribió una nueva carta abierta en la que pidió que “alguien le explique, en derecho, las razones de su detención”.

El funcionario, detenido desde diciembre pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, dijo que “no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado”.

En la misiva, publicada hoy por Página 12, Zannini cuestionó su detención por parte del juez Claudio Bonadio, “sin que mediara solicitud de fiscal alguno” y calificó al procesamiento de “delirante”.

El exhombre fuerte del kirchnerismo repasó también su trayectoria por la función pública y recordó que, en 30 años de ejercicio, nunca había sido denunciado ni sufrido causa judicial alguna.

Por ello se pregunta en el final de la carta: “¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?”.

La carta completa
Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.

En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.

El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?

 

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Causa Nisman: peritarán cañón de un arma hallado en la casa de Lagomarsino

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El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá que se perite el cañón de un arma que fue encontrado en noviembre pasado, en un allanamiento a la casa de Diego Lagomarsino, único imputado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, de la que hoy se cumplen tres años.

Se trata de un cañón sin numeración que el perito informático señaló que pertenece a la misma pistola Bersa calibre 22 que le dio al fiscal fallecido en enero de 2015.

Según publica Infobae, la Fiscalía quiere saber si efectivamente se corresponde con la misma arma y si el cañón fue usado.

El arma de Diego Lagomarsino secuestrada en el marco de la causa.

El perito explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Por otra parte, añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Y contó que la pistola la encontró en 2002 en un galpón que sus suegros tienen en Colón, Entre Ríos, junto con otras armas y se la quedó.

Lagomarsino fue indagado el 14 de noviembre pasado por el juez Julián Ercolini y el fiscal Taiano. En su declaración señaló que el cañón pertenece a la misma arma que le dio al fiscal.

Lagomarsino explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Y añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Lagomarsino fue procesado por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman. El magistrado consideró que el perito informático fue partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de $ 15.000.000.

En la misma resolución, el magistrado también procesó a cuatro custodios que la Policía Federal le había puesto a Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Los procesados y embargados son Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño. Todos ellos tienen prohibida la salida del país y otras restricciones procesales.

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