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Politica

Denuncian a Hugo Moyano y OCA por evasión y lavado de 4 mil millones de pesos

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La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentó una denuncia contra Hugo Pablo Moyano, el sindicato de Camioneros y un conjunto de empresas y grupos económicos vinculados al jefe sindical en la Cámara del fuero penal económico, por una evasión impositiva masiva y un presunto lavado de dinero a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008, con compras de inmuebles también incluidas en el esquema.

La denuncia, bajo las órdenes de los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. La presentación de PROCELAC proviene de un informe de inteligencia elaborado por la UIF, dirigida por Mariano Federici.

El caso

La empresa postal OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal firma involucrada: la acusación se extiende a firmas como el Grupo Rhuo -que controla OCA- y el Grupo Damasco, el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros misma, la Mutual del sindicato y el empresario Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA.

El monto del lavado todavía es algo que los organismos deberán determinar. “No es tan evidente, no es como Balcedo”, asegura una voz de peso alrededor de la denuncia presentada. Infobae accedió a sus contenidos. La AFIP estima solo por evasión impositiva un monto que podría alcanzar los cuatro mil millones de pesos.

El Grupo Rhuo, responsable de comprar el paquete accionario de OCA en 2013 por 60 millones de dólares, es el virtual centro de la acusación. Bajo su control, OCA comenzó a desarrollar fuertes deudas fiscales, reteniendo, según la imputación de PROCELAC, aportes a personal, “tercerizando” tareas con una cooperativa. Se lo acusa de retener otros impuestos como IVA y Ganancias, lo que llevó a la AFIP a iniciar diversas causas. La absoluta mayoría de la cifra de evasión se centra en el Grupo Rhuo.

Tras ser adquirida por Rhuo, OCA, siempre según la imputación del Ministerio Público sobre datos de la UIF, efectuó donaciones por 6,6 millones de pesos a la Mutual de Camioneros y al Club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano. Casi la mitad de esas supuestas donaciones fueron realizadas entre julio y octubre de 2016, cuando OCA SRL atravesaba supuestas dificultades para pagar los salarios de sus empleados en tiempo y forma.

Por lo pronto, la PROCELAC sugirió un pedido de información masivo,basándose en el informe de la Unidad de Información financiera con el levantamiento del secreto bancario y fiscal como primer movimiento.

El organismo sugirió requerir datos sobre las personas y firmas acusadas al Banco Central, al Sistema de Identificación Nacional Tributario, al Registro de Propiedad Automotor, al Registro de Propiedad Inmueble de la Capital Federalasí como el bonaerense. También, una amplia lista de documentación a la AFIP, con declaraciones juradas y participaciones societarias y recabar diez causas penales y comerciales que registran las firmas denunciadas, con otros requerimientos para el Registro Nacional de Reincidencia y la Inspección General de Justicia.

Dos bancos, el Santander Río y el BBVA Francés, se encuentran en la lista de pedidos para aportar datos de montos acreditados y debitados desde enero de 2010 hasta hoy sobre Farcuh y el Grupo Damasco.

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La muerte que le cambió la vida a Macri, Cristina y Scioli

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Hace tres años exactos, la noche en la que apareció muerto Alberto Nisman en Puerto Madero, el mapa político argentino era bien diferente. Gobernaba el kirchnerismo, desgastado es cierto, pero con un candidato -Daniel Scioli- a suceder a Cristina Fernández que superaba el 55% de imagen positiva. Nada hacía prever en enero de 2015 que el entonces oficialismo perdería la elección nueve meses después. Pero lo impensado pasó.

Quizás el impacto mediático, social y político que tuvo la muerte de Nisman haya sido lo más transformador del caso en sí mismo. Cuatro días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y a varios funcionarios de su mesa chica por encubrir a Irán en la firma del memorándum por AMIA. El daño al kirchnerismo, estaba hecho. Con su muerte, en circunstancias no aclaradas, se potenció esa sospecha sobre la figura presidencial. Y tuvo impacto luego en las urnas.

Sin Nisman, difícilmente, Mauricio Macri hoy sería presidente. Sin su denuncia, floja de papeles para jueces como Daniel Rafecas, contundente para otros como Claudio Bonadio, Cristina tal vez no se hubiera refugiado en el Senado para conservar fueros y evitar ir a la cárcel, como terminó pasando a finales del año pasado. Y Scioli, por qué no, podría ser hoy la cabeza del Ejecutivo y no un diputado intrascendente del reformulado bloque Unidad Ciudadana.

Escenarios posteriores al margen, la muerte de Nisman desnudó como pocos casos la falta de Justicia en la Argentina. Tres años después, nadie logró resolver con claridad y sustento científico cómo falleció. Se pasó del suicidio al suicidio inducido y de allí al homicidio sin aclarar nunca cómo se explicaban esas hipótesis. No hay nadie preso, escasos investigados y reina la sensación en la sociedad de que nunca va a prosperar una teoría convincente de qué le pasó al fiscal. Sólo una certeza: su muerte fue política.

 

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En una nueva carta, Zannini pidió que alguien le explique las razones de su detención

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Desde la cárcel, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, escribió una nueva carta abierta en la que pidió que “alguien le explique, en derecho, las razones de su detención”.

El funcionario, detenido desde diciembre pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, dijo que “no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado”.

En la misiva, publicada hoy por Página 12, Zannini cuestionó su detención por parte del juez Claudio Bonadio, “sin que mediara solicitud de fiscal alguno” y calificó al procesamiento de “delirante”.

El exhombre fuerte del kirchnerismo repasó también su trayectoria por la función pública y recordó que, en 30 años de ejercicio, nunca había sido denunciado ni sufrido causa judicial alguna.

Por ello se pregunta en el final de la carta: “¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?”.

La carta completa
Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.

En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.

El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?

 

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Causa Nisman: peritarán cañón de un arma hallado en la casa de Lagomarsino

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El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá que se perite el cañón de un arma que fue encontrado en noviembre pasado, en un allanamiento a la casa de Diego Lagomarsino, único imputado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, de la que hoy se cumplen tres años.

Se trata de un cañón sin numeración que el perito informático señaló que pertenece a la misma pistola Bersa calibre 22 que le dio al fiscal fallecido en enero de 2015.

Según publica Infobae, la Fiscalía quiere saber si efectivamente se corresponde con la misma arma y si el cañón fue usado.

El arma de Diego Lagomarsino secuestrada en el marco de la causa.

El perito explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Por otra parte, añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Y contó que la pistola la encontró en 2002 en un galpón que sus suegros tienen en Colón, Entre Ríos, junto con otras armas y se la quedó.

Lagomarsino fue indagado el 14 de noviembre pasado por el juez Julián Ercolini y el fiscal Taiano. En su declaración señaló que el cañón pertenece a la misma arma que le dio al fiscal.

Lagomarsino explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Y añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Lagomarsino fue procesado por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman. El magistrado consideró que el perito informático fue partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de $ 15.000.000.

En la misma resolución, el magistrado también procesó a cuatro custodios que la Policía Federal le había puesto a Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Los procesados y embargados son Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño. Todos ellos tienen prohibida la salida del país y otras restricciones procesales.

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