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CORRUPCIÓN Por resolución del Juzgado, Ismael Fernández continuará detenido

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A través de la resolución 88/18 el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia rechazó la oposición a la prisión preventiva solicitada por la defensa de Ismael Fernández, quien está imputado por “fraude en perjuicio de la administración pública reiterada” en el expediente 21.896/2018-1.

La decisión del juez Horacio Sandoval tuvo lugar luego de la audiencia que mantuvo junto a los fiscales: Graciela Griffith BarretoNélida VillalbaLucio Otero y el abogado defensor, Nicolás Yagueddú Ginesta.

En tanto que fue diferida la lectura de los fundamentos por el término de ley de conformidad con el artículo 347 última parte del segundo párrafo del Código Procesal Penal.

LOS HECHOS

Fernández fue intimado por la supuesta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público (12 hechos) y tráfico de influencia (209 hechos en concurso real). Tal lo previsto por los artículos 265 primer párrafo, 174 inciso 5 en función del artículo 172, artículos 248 y 256 bis primer párrafo en función del artículo 55 del Código Penal).

La imputación sostiene que:

En su calidad de funcionario público (decreto 106/15) como personal de gabinete de la gobernación, hasta el 9 de marzo de este año, a través de Fundación Norte (que preside e integra junto a Ramón Chávez e Ivan Bilcich) percibió de Lotería Chaqueña en concepto de “publicidad y propagandas varias” un total de $2.666.000; en clara violación al decreto ley 3.566/77 que establece el régimen de contrataciones del Estado (en vigencia por decreto 692/01).

Entre 2016 y 2018 hizo valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos  para beneficiar a su socio, Chávez, y por su intermedio a sí mismo, con contratación por parte de: Ministerio de Salud Pública ($5.381.000), Lotería Chaqueña ($16.408.895), Secretaría General de Gobierno y Coordinación ($423.000), Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica ($3.847.534).

Además utilizó indebidamente su influencia ante funcionarios públicos a fin de beneficiar a la empresa Servicios y Construcciones Paraná S.A. (vinculada a su hermana, Graciela Fernández, y a su sobrina, Cristina Dellamea) que es presidida por Chávez, a su vez socio del imputado en la Fundación Norte, para beneficiarse Fernández a sí mismo con contrataciones por parte de: Ministerio de Salud Pública de la Provincia ($7.215.490,17), Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos ($36.916.892,77) y la Secretaría General de Gobierno y Coordinación ($184.435).

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Otros tres procesados en la causa Lavado I fueron trasladados a la U7

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Se trata de Gustavo KatavichRicardo Retamozo y César Zibechi, quienes fueron trasladados este jueves por pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Los procesados son investigados en el marco de la causa Lavado I, junto a ex funcionarios de la provincia como Horacio, entre otros.

El trasladoa la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 – que incluía a los mecionados e Ismael Fernández, quien no fue trasladado – fue solicitado por Sabadini y aprobado por la jueza Zunilda Niremperger.

LOS PROCESADOS 

Gustavo Katavichestá procesado por lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor.

Ricardo Retamozo yCésar Zibechi están procesados por lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor.

Ismael Fernándezformaría parte de un grupo que de personas que creó un mecanismo de empresas y sociedades proveedoras del estado, las cuales eran usadas para enriquecerse con fondos públicos.

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La Corte podría definir quién investiga la causa por lavado contra Aída Ayala

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Al quedar firme la resolución de la jueza provincial Rosalía Zozzoli que declaró la competencia del fuero ordinario para investigar el lavado de activos, ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá definir si acepta declinar su competencia. En caso de no hacerlo, será la Corte Suprema de la Nación la que defina qué fuero investiga.

Ganar tiempo. Ése parece ser el objetivo de los abogados defensores de Rolando Javier Acuña, directivo de la empresa PIMP SA. Fue al plantear que es la justicia provincial la que debe investigar la causa que tiene como principal imputada a la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por lavado de activos originados en presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el Municipio de Resistencia.

Esa petición consiguió que la jueza de Garantías Nº 1, Rosalía Zozzoli, declare la competencia del fuero provincial y solicite a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que decline su competencia y remita la avanzada investigación a los fiscales provinciales, a pesar de la oposición de la Procuración General ante el Superior Tribunal de Justicia.

Este jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia dejó firme el planteo de la jueza Zozzoli y ahora será la jueza Niremperger la que deberá definir si acepta o rechaza la resolución de la jueza provincial.

Para ello, ya cuenta con un dictamen de la Fiscalía Federal de primera instancia de Resistencia que aconsejó rechazar la resolución de Zozzoli y ratificar la competencia del fuero federal.

Lo que puede pasar
En diálogo con CIUDAD TELEVISION y RADIO CIUDAD, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirempeger, explicó que “el pedido de la jueza Zozzoli hoy está firme, vendrá seguramente en los días venideros, y entonces allí sí este Juzgado se tendrá que expedir respecto del pedido de declinatoria que realiza la jueza Zozzoli”. Sostuvo, además, que “podría ser apelado por alguna de las partes, si se entiende que puede ser apelada, pero en general hay criterios de que cómo está establecido de que no es apelable, se traba la competencia y tendría que definir la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

“Viene el expediente acá, en caso de que este tribunal rechace el pedido de declinatoria, implica a la jueza para que, si ella sigue persistiendo en sus argumentaciones, trabe la cuestión de competencia y se eleve la causa a la Corte que tendrá que expedirse y nosotros igual seguiremos con el trámite del expediente”, precisó.

Cabe recordar que en su dictamen que aconsejó rechazar el planteo de la jueza provincial, el fiscal federal de primera instancia subrogante, Federico Carniel, además de deshacer los argumentos de la magistrada en lo referido a la incumbencia del fuero ordinario en caso de lavado, citó parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define al delito de lavado de activos como de competencia federal.

En ese tramo de su dictamen, el fiscal Carniel graficó que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

Y agregó que “estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

El desafuero de Ayala
También este jueves las defensas de los imputados en la causa presentaron escritos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia solicitando que se revoquen los procesamientos de sus defendidos. Ahora, ese tribunal analizará si confirma o rechaza los procesamientos con prisión preventiva y embargos dictados por la jueza Niremperger contra todos los involucrados.

De esa resolución dependería que vuelva a cobrar fuerza el pedido de desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, que se vio interrumpido por una resolución de la misma Cámara que hizo lugar a un pedido de eximición de prisión de la ex intendenta de Resistencia, que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.

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CORRUPCIÓN La Justicia federal solicitó cupo para trasladar a Horacio Rey a la U7

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La jueza federal Zunilda Niremperger pidió este lunes “cupo para el alojamiento” de Héctor Horacio Rey en la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en la intersección de las avenidas Las Heras y Edison en Resistencia.

El exfuncionario se encuentra con prisión preventiva en la Comisaría Undécima dispuesta por la Justicia provincial, imputado por delitos precedentes al lavado de activos: asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario TAG que el equipo de abogados defensores prepara un habeas corpus para impedir la medida solicitada por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia y que Rey permanezca alojado en la unidad policial donde se encuentra actualmente.

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