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Corrupción

Confirmaron el procesamiento contra Omar Judis y la cúpula de la UNCAus por presuntos actos de corrupción

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este viernes el procesamiento contra el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), Omar Judis, y el resto de la conducción de la Universidad por una serie de presuntas irregularidades perpetradas en la administración de la casa de altos estudios.

La resolución tiene fecha de este viernes y está firmada por los jueces José Luis Aguilar y Rocío Alcalá. Además de Omar Judis, se confirmó los procesamientos del hijo del rector y presidente de la Fundación UNCAus, Enzo Judis; al vicerrector, Walter López y a Luis Esteban Pugacz, todos de la conducción de la universidad. La medida judicial también alcanza al empresario titular de la empresa Tridelta SRL, Juan Carlos Tymkiw, por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 5 hechos), y por “cohecho activo” (en 2 hechos), todos en concurso real.

Omar y Enzo Judis, Walter López y Luis Pugacz quedaron procesados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” (en 17 hechos); abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (en 6 hechos), peculado (en 59 hechos) y cohecho (en 3 hechos), todos en concurso real.

Omar Judis, rector de la UNCAus

En base a la investigación y a las pruebas recolectadas, los jueces consideraron que “que con las   probanzas  obrantes en las presentes actuaciones se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad aquí exigido, el objeto procesal de la presente causa (hecho materia de investigación) esto es, los distintos hechos delictivos que habrían acaecido en el ámbito de la Universidad Nacional del Chaco Austral desde el año 2010 a junio   de   2016,   período   en   que   Omar   Vicente   Judis   junto   a   familiares   y   amigos   idearon, organizaron   y   pusieron   en   funcionamiento   una   estructura   administrativa   y   académica   en   la referida Casa de Estudios, destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes  lo  acompañaron,   aprovechándose  de  los   distintos   mecanismos  implementados   en  la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que la misma recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondía”.

“Tal estructura jerárquica administrativa y financiera en la UNCAUS, se conformó a través de los integrantes de esta organización que pudieron desarrollar su actividad en procura de los beneficios que se detallan, siendo que para la consumación de estos hechos investigados fue necesaria la participación de todos y cada uno de los involucrados”, añadieron los magistrados.

“Concretamente en el supuesto de autos se acreditó, con el grado de probabilidad requerida para esta instancia procesal, que se habría direccionado la voluntad de la UNCAUS para la conformación de actos jurídicos presuntamente perjudiciales a sus intereses, valiéndose para  ello   de la   estructura  administrativa  y  de dirección  de  la  Universidad,  que  habría  sido conformada por Omar Vicente Judis junto a los restantes imputados (con excepción, claro está, de Tymkyw que llevaba a cabo tales negocios como contratante con la Universidad) con las connotaciones y particularidades reseñadas en el presente resolutorio. Al respecto, ha quedado acreditado que Judis, siendo Rector de la UNCAUS ejecutó y   adjudicó   algunas   licitaciones   y   contrataciones   directas   de   manera   fraudulenta”, indicaron los jueces.

Cabe recordar que la causa se inició a partir de una denuncia de la ex diputada provincial por Cambiemos, Ana María Canata, y una investigación llevada adelante por el fiscal federal coordinador del distrito Chaco, Federico Carniel, en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Tras la ronda de indagatorias tomadas en diciembre de 2017, el juez subrogante Aldo Alurralde decidió procesar a la cúpula de la Universidad y al empresario Juan Carlos Tymkiw.

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Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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