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Chile: allanaron la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago en busca de documentos sobre curas pederastas

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La fiscalía y la policía militar allanaron el miércoles la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales sufridos por menores de edad de manos de integrantes de la Iglesia católica.

El procedimiento fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins que habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.

“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, dijo el fiscal a periodistas tras el allanamiento del Tribunal ubicado en la sede del Arzobispado de la capital chilena.

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que “el Arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada” y reiteró la “disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”.

El allanamiento se produjo en momentos en que el sacerdote español Jordi Bertomeu, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y monseñor Charles Scicluna, considerado el mejor investigador de abusos sexuales del Vaticano, se encuentran en el país indagando abusos sexuales de menores cometidos por clérigos o religiosos.

Scicluna y Bertomeu son responsables de un informe de 2.300 páginas que elaboraron tras recoger 64 testimonios de agresiones sexuales en febrero, lo que llevó al papa Francisco a afirmar a fines de mayo que en la iglesia chilena hay “una cultura del abuso y del encubrimiento”.

La visita de Scicluna y Bertomeu ha sido interpretada como un gesto de Francisco hacia un laicado que sufrió por el polémico nombramiento del obispo Juan Barros en la localidad de Osorno, 950 kilómetros al sur de la capital chilena. Francisco nombró obispo en enero de 2015 a Barros a pesar de que víctimas de abusos sexuales lo habían denunciado por encubrir a Francisco Karadima, el mayor sacerdote pedófilo de la historia chilena, según una carta firmada por el mismo pontífice y que fue revelada en enero por The Associated Press.

El lunes el papa removió a Barros y a los prelados de Puerto Montt y Valparaíso que cumplieron la edad para jubilarse.

Los 31 obispos activos chilenos renunciaron en mayo en el Vaticano, adonde fueron llamados de urgencia por el papa, quien les dijo que durante las últimas décadas se alejaron de los laicos, escucharon a medias o no escucharon a las víctimas, no investigaron o lo hicieron someramente y destruyeron material comprometedor, entre muchas otras críticas, según un documento de trabajo divulgado por la prensa.

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Yukpas, la comunidad indígena venezolana sin patria que huyó del régimen de Nicolás Maduro en busca de arroz

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Alrededor de 500 indígenas yukpa de Venezuela cruzaron la frontera para buscar arroz en Colombia. La siembra de tres meses apenas les daba para comprar una libra, que duraba ese tiempo si se comía una ración cada dos días. Ahora, del otro lado, les toca sobrevivir al cruce de balas de las organizaciones criminales que se disputan el control de los negocios ilícitos de la zona. Por eso, buscan que el Gobierno los reconozca como pueblo binacional y les brinde condiciones de vida dignas.

La etnia habita un complejo montañoso que comparten Colombia y Venezuela llamada Serranía del Perijá. Pero no tiene nacionalidad de ninguno de los dos países. Sus miembros nunca fueron anotados en ningún registro civil ni tienen documentos. Según las normas internacionales, son considerados apátridas.

Los yukpas son una de las pocas etnias en el mundo que aún son nómadas y guerreras. Cazan y cultivan su alimento, y se mueven cuando las condiciones lo ameritan. Y la crisis humanitaria del régimen de Nicolás Maduro los estaba matando.Era tiempo de volver a moverse.  Entonces se radicaron en los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.

Los yukpas son nómadas y cazadores, pero el dinero reunido de sus siembras no les alcanzaban para abastecerse de alimentos. (Foto Juan Pablo Gutiérrez – ONIC)

Los yukpas son nómadas y cazadores, pero el dinero reunido de sus siembras no les alcanzaban para abastecerse de alimentos. (Foto Juan Pablo Gutiérrez – ONIC)

Llegaron por el rumor de que en Colombia había arroz. Tres días de viaje en caminatas, buses y hasta burros. Buscaban también asistencia médica para sus embarazadas y para sus niños que padecían sarampión o cualquier otra afección. Pero se encontraron con otro idioma -pues la mayoría no habla español, sino su lengua nativa: yukpa-, con represión policial y con amenazas de muerte. Se hallaron en lotes baldíos cerca de riachuelos o debajo de puentes en improvisados cambuches de palo y plástico, durmiendo sobre cartón.

Hace unos meses dos de sus niños murieron por gastroenteritis y un paro cardiorrespiratorio, asociados a la desnutrición. Y a eso se suma la violencia armada. Estas zonas de frontera son disputadas por las organizaciones ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC, Los Rastrojos y el Clan del Golfo, que buscan el control de las rutas de contrabando y del tráfico de droga. Las balaceras ocurren a plena luz del día, e intentan reclutarlos a la fuerza.

En Colombia, dos niños han muerto por causas asociadas a la desnutrición, y dos hombres han desaparecido forzosamente. (Foto Juan Pablo Gutiérrez – ONIC)

En Colombia, dos niños han muerto por causas asociadas a la desnutrición, y dos hombres han desaparecido forzosamente. (Foto Juan Pablo Gutiérrez – ONIC)

Una noche de mayo, los cerca de 250 indígenas que habitan en un refugio en el barrio Nuevo Escobar de Cúcuta, ubicado al cruzar el puente internacional Francisco de Paula Santander -que comparten Colombia y Venezuela-, fueron atacados por hombres armados que dispararon sin discriminación. “Corrimos al otro lado de la calle y allí amanecimos”, contó a Infobae Brinolfo Romero, un indígena yukpa que aseguró que días más tarde un muchacho fue golpeado cuando un grupo armado intentó llevárselo.

Además, dos indígenas están desaparecidos desde aquella vez; según denunció en su momento el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) que pidió reubicarlos. En vista de la negativa de las autoridades y la falta de protección ante las amenazas, la comunidad decidió regresar a Venezuela en junio, pero la crisis humanitaria los obligó a devolverse otra vez. “Allá estábamos pasando penurias, no hay alimentos, teníamos hambre“, comentó Romero. Así, las familias quedaron divididas, y se pasan de un territorio a otro para intercambiar los alimentos que los ayudan a sobrevivir.

Cerca de 500 indígenas se han exiliado de Venezuela a causa de la crisis humanitaria del régimen de Maduro y han llegado a Colombia. (Foto redes sociales)

Cerca de 500 indígenas se han exiliado de Venezuela a causa de la crisis humanitaria del régimen de Maduro y han llegado a Colombia. (Foto redes sociales)

Eso les trajo otro problema: la policía fronteriza los tilda de contrabandistas, porque algunos son utilizados por las redes criminales y otros cargan por los pasos legales e ilegales bolsas de carne y otros elementos para poder subsistir. Las confrontaciones con las autoridades son constantes. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado desalojos forzados y violentos que terminan en fuertes enfrentamientos entre los indígenas y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Para ellos, esto demuestra la ausencia de enfoque étnico en las estrategias para contener la migración masiva, sumado a actos de discriminación y xenofobia. “Hay que entender que en la cosmovisión del pueblo Yukpa toda la Serranía del Perijá, donde habitan, es un solo territorio; ellos no distinguen fronteras entre Colombia y Venezuela. Por eso piden ser considerados como un pueblo binacional”, explicó a Infobae Óscar Montero, coordinador del enlace de Derechos Humanos de la ONIC.

Al no tener documentos de ninguno de los dos países, los yukpa no pueden adquirir el status de refugiados. Los gobiernos de Colombia y Venezuela deben llegar a un acuerdo de protección que ofrezca cada uno a esta comunidad. Y tal como ocurre en la etnia Wayuu, de La Guajira, que también comparte ambos territorios, sin que tengan fronteras entre las dos naciones sudamericanos.

Los yukpas esperan recibir el mismo tratamiento. Por eso, el pasado 2 de mayo dos caciques yukpa -con apoyo del SJR- presentaron una tutela al Estado colombiano para garantizar sus derechos y una atención humanitaria de emergencia. “Mediante varias acciones se ha logrado que el Gobierno les brinde acceso a salud. Pero hacen falta solventar otras necesidades como la vivienda, la sanidad, la educación”, comentó Montero.

Pese a la evidente situación crítica que enfrenta los yukpas, el juez negó la tutela en primera instancia. Decidieron impugnar la decisión, y tampoco lo lograron. Alegaron que esa acción jurídica no era la adecuada para exigir la defensa de sus derechos. Entonces, el SJR se unió con Dejusticia y la ONIC para pedir una revisión del caso a la Corte Constitucional, entregada el pasado 22 de agosto.

La decisión del juez de negar la tutela interpuesta por dos caciques yukpas al Estado colombiano para que les garanticen una vida digna. (Fuente Dejusticia)

La decisión del juez de negar la tutela interpuesta por dos caciques yukpas al Estado colombiano para que les garanticen una vida digna. (Fuente Dejusticia)

“El Estado adelante medidas de “retorno digno”, consistentes en transporte hasta un municipio fronterizo y la entrega de dinero y alimento para el viaje de regreso a sus lugares de origen, pero esto no garantiza que la lamentable situación que enfrentan las comunidades indígenas se resuelva. Sus constantes regresos a Cúcuta se deben a la escasez de recursos en su territorio”, describen las instituciones.

Argumentan que la situación implica una medida de protección urgente para ofrecer a los yukpa una vida digna, sin desconocer que también son víctimas del conflicto armado. Y alegan que la decisión del juez desconoce precedentes de la Corte y de instancias internacionales sobre las poblaciones migrantes y la atención humanitaria a comunidades étnicas.

En Cúcuta, la comunidad vive en improvisados cambuches de pala y plástico, sin poder suplir sus necesidades básicas. (Foto redes sociales)

En Cúcuta, la comunidad vive en improvisados cambuches de pala y plástico, sin poder suplir sus necesidades básicas. (Foto redes sociales)

Y no son los únicos que hacen la solicitud. La directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara Rosas, ha manifestado que “las autoridades colombianas han fallado en su responsabilidad de brindar protección y en garantizar la vida, integridad y reubicación digna del pueblo indígena Yukpa en Cúcuta. Desgraciadamente, en vez de proteger su pervivencia cultural, están forzando su retorno a Venezuela, vulnerando su derecho a permanecer en el país con la protección y asistencia debida”.

La ONIC viajó a Ginebra a exponer el caso ante las Naciones Unidas, y también lo presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mientras, Colombia envió una solicitud al gobierno de Venezuela para un acuerdo binacional para su protección; la respuesta aun no llega y las relaciones diplomáticas de ambos países empeoran cada vez más. Y los yukpas siguen sometidos a la inclemencia del clima, al hambre, a las balas y a la indiferencia.

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Angela Merkel consideró “insuficientes” las explicaciones de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi

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La canciller alemana Angela Merkel calificó este sábado de “insuficientes” las explicaciones de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, luego que Riad admitiera que murió en el consulado saudí en Estambul.

“Las informaciones dadas sobre el desarrollo de los hechos en el consulado en Estambul son insuficientes”, dijo Merkel en una declaración conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.

Ambos indicaron que esperan de Arabia Saudita “transparencia sobre las circunstancias de la muerte y las razones de fondo”, y que se encuentren los “responsables” de la misma.

En tanto, las organizaciones Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras reiteraron este sábado su pedido de una investigación independiente bajo la égida de la ONU.

El fiscal general de Arabia Saudita se refirió a una “pelea” mortal en el consulado, conclusiones que no son “dignas de confianza y constituyen un nuevo récord catastrófico de Arabia Saudita en materia de derechos humanos”, reaccionó Amnistía en un comunicado.

Riad había afirmado hasta ahora que el periodista, crítico del poder saudita, había salido del consulado, al que había ingresado a realizar un trámite administrativo el 2 de octubre.

“El gobierno turco tiene que pedir al secretario general de ONU que ordene una investigación urgente sobre la muerte de Khashoggi y sus circunstancias”, agregó la organización.

Según Amnistía, una investigación independiente “será la única garantía contra aquello que parece cada vez más como un encubrimiento saudita de las circunstancias del asesinato de Khashoggi, o contra cualquier intento de otros gobiernos de silenciar el problema para preservar las lucrativas ventas de armas y otros vínculos comerciales con Riad”.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras reiteró en un comunicado su llamado a que se mantenga la “presión” sobre Arabia Saudita, boicoteando el Foro Económico del Golfo y congelando “los asuntos comerciales” con Riad.

“Parece inimaginable hacer negocios ‘como de costumbre’ y conversar sobre inversiones como si nada hubiera pasado, aunque la nueva versión oficial está claramente destinada a disimular lo esencial, a saber, que el crimen atroz perpetrado contra un periodista fue por orden de un patrocinador estatal “, dijo Christophe Deloire, secretario general de RSF, citado en el comunicado.

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Un tribunal peruano ordenó liberar a Keiko Fujimori por el caso de lavado de dinero de Odebrecht

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Un tribunal de apelaciones peruano ordenó este miércoles liberar a la líder opositora Keiko Fujimori, detenida desde hace una semana tras ser acusada por la fiscalía de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011, anunció un juez.

La corte “dispone la inmediata libertad de los indiciados detenidos” por este caso,entre ellos la hija del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el presidente de la sala, Octavio Sahuanay, al acoger la apelación de la líder opositora y otros tres detenidos por el delito de lavado de activos, a raíz del presunto financiamiento ilegal de la campaña.

Keiko, de 43 años, abrazó llorando a su abogada Giuliana Loza al escuchar el fallo, dictado luego de seis horas de deliberación de los tres jueces del tribunal.

Keiko antes del fallo que dictara su liberación. (Luka GONZALES / AFP)

Keiko antes del fallo que dictara su liberación. (Luka GONZALES / AFP)

La corte declaró que el juez de investigación que ordenó el arresto, Richard Concepción Carhuancho, había cometido dos irregularidades al ordenar la detención de Keikocopiar y pegar los argumentos de la fiscalía en su resolución y emplear “conocimiento privado” que tenía sobre el caso.

El tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo de la acusación de la fiscalía contra Keiko, de usar la “estructura” de su partido para canalizar el dinero de Odebrecht a su compaña en 2011.

Sin embargo, la corte dispuso que el caso pase ahora a manos de otro magistrado.

Keiko estaba detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.

El ex mandatario, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas.

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