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Corrupción

CHACO: Corrupción total en el Insssep

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El Insssep  funciona estructuralmente bajo los intensos efectos de la corrupción y del tráfico de influencia, además de ser un organismo pesadamente burocrático y costoso en su funcionamiento, que  facilita la disposición irregular de fondos. Las consecuencias las pagan los miles de  afiliados de este Organismo de Seguridad Social, el más grande de Chaco. El funcionamiento diario hizo que la entidad  funcione  fuera de control hace muchos años, que es el escenario ideal para que prospere la corrupción.

Gradualmente se convirtió en  una   caja política y sindical en la que los funcionarios de turno usufructúan una importante porción   de los recursos que administra  por   aportes de los trabajadores públicos, contribuciones y otros ingresos que se deberían destinar a los servicios básicos de Obra Social, Alta Complejidad, Jubilaciones,  Seguros  y a los servicios directos  que presta a  más de 250.000 afiliados, directos e indirectos.

Tiene una sencilla explicación los millones que faltan para compras  de medicamentos, prótesis,  seguros por fallecimientos,   aranceles médicos  y gastos sanatoriales, entre otras obligaciones que no se pagan en tiempo y forma. Es que  los fondos   se desvían principalmente hacia la cobertura del déficit previsional, en gastos excesivos  de funcionamiento  y en la sobredimensionada planta de personal, que se triplicó en la última década porque el Insssep fue tomado como un botín de empleo de familiares y amigos. Así evolucionó el esquema de  corrupción que se instaló en el organismo   producto del clientelismo político, del tráfico de influencias y la participación  del gremio, que en lugar de cuidar la fuente laboral y los derechos de los afiliados fue  funcional a los administradores de turno.

El despilfarro y el saqueo de los fondos se comprueba  en una serie de gastos que atentan contra una administración sana y austera. Muchos millones de pesos se destinan al pago de  pautas publicitarias, financiamiento de fiestas y eventos sociales,  frecuentes viajes con pago de pasajes, viáticos y combustible para integrantes del Directorio, funcionarios y empleados, dentro y fuera de la provincia, viajes a  olimpiadas  para alrededor de decenas  de funcionarios y empleados del Organismo por diez días a otras provincias, ayudas económicas y pagos con “ticket canasta”  de   12.000 pesos mensuales y sobresueldos en negro para el personal privilegiado del Insssep, que son negociados y manejados  por fuera de las pautas salariales del escalafón.

También existe un notorio desinterés del Directorio para el recupero de fondos de deudores de cobro dudoso por aportes y contribuciones de empresas del Estado, por el alquiler de departamentos y locales del edificio central del Insssep  y por otras acreencias pendientes de cobro desde hace más de  cinco años. Estos créditos no se ejecutan, en algunos casos por favores personales y en otros  por decisión política.

 

El superávit simulado de la Obra Social

El superávit de la Obra Social del Insssep no es otra cosa que una inescrupulosa picardía. En realidad, se trata de un superávit simulado que oculta el saqueo de los fondos a los afiliados. Técnicamente no puede haber superávit con una prestación bastante  deficiente y muy cara para los afiliados. Se estima que dos de cada cinco  pesos de aportes y contribuciones a la Obra Social se desvían para cubrir el déficit previsional estructural y creciente. La maniobra consiste en brindar  un mal servicio  de salud para generar excedentes en la  Obra Social, bajo la apariencia contable de un superávit compensatorio. Es un claro desvío de fondos.

 

La ruta de los desmanejos  y de las irresponsabilidades

Constitucional y legalmente es obligación del Estado asegurar la sustentabilidad del sistema previsional y contribuir con asistencia financiera. El art. 75 de la Constitución Provincial lo define como  un “sistema de reparto con asistencia estatal”.

 La historia se remonta al año 2000, cuando la Ley Nº 4725 derogó el primer párrafo del artículo 92 de la

Ley 4044 (hoy Ley Nº 800-H), que tuvo por objetivo desresponsabilizar al Poder Ejecutivo del sostenimiento del déficit del sector policial. Los gobernantes violaron  la Constitución

La pacífica doctrina previsional, nacional e internacional, recomienda que el déficit del colectivo policial se financie con fondos del Tesoro como parte de la política de seguridad, que no tiene por qué ser financiada por los afiliados del Insssep. Posteriormente, con la misma mecánica de desvío de fondos, las  distintas integraciones del  Directorio   fueron transfiriendo a los afiliados el sostenimiento del déficit previsional de otros sectores. Se estima que a valores actuales el Gobierno, al eludir su obligación de asistencia financiera al sistema previsional, se queda con más de  1.000 millones de pesos por año  por la sustitución de la fuente de financiamiento, que debiera ser  el   Tesoro Provincial y se lo descarga  en el cuero de los afiliados.

Las graves consecuencias que provocan en el afiliado  desvío de fondos de la obra social

En épocas de salarios reales a la baja, como ocurre actualmente, los desvíos de fondos repercuten más negativamente en los afiliados porque la subprestación de servicios de Obra Social afecta sustancialmente los haberes previsionales de los jubilados, y también al salario futuro. La principal víctima es  el sector pasivo.

La corrupción y el despilfarro de fondos de la Obra Social provoca  el cobro ilegal del costoso  “plus ético médico”  al  afiliado,  los pagos de prácticas con cargo al afiliado, prótesis con sobreprecios exorbitantes, quitas de  medicamentos en el vademécum y desabastecimiento en la Farmacia Social, falta de provisión de medicamentos a enfermos crónicos y de alta complejidad. Entre otros efectos muy dañinos,

El Gobierno confunde  a la opinión pública. Utiliza  a la falacia de supuestos aportes de fondos públicos para cubrir el déficit previsional; pero, no aclara que cuando transfiere fondos para cubrir necesidades financieras del Insssep   lo hace por Decreto, bajo la modalidad de préstamos. Esta es  una violación más a la norma constitucional. Tampoco informa que retiene los fondos que ingresan a la Tesorería General por tributos nacionales de afectación específica a la Seguridad Social y por cobertura del déficit previsional financiado por la ANSES.

Otro indicador que desmiente al Gobierno es el propio Presupuesto General de la Provincia, que no contiene partidas para la cobertura del déficit previsional. El Poder Ejecutivo se desentiende de tal cobertura  porque sabe que el déficit va a ser financiado con fondos desviados desde la   Obra Social.

Los descuentos por primas de seguro también son usados discrecionalmente por el Gobierno. Existe un uso financiero de estos fondos. El mecanismo consiste en diferir el pago de los siniestros, que sufren un atraso de  varios  años para ser efectivizados a los familiares del afiliado cuando estos fallecen. Funciona como un crédito a tasa “0” que el Gobierno se auto-presta. Luego paga  a valores históricos, varios años después. Un negocio redondo para el Gobierno. La contracara es la pérdida financiera absorbida por el beneficiario del seguro.

Síntoma contundente  de corrupción  

El Insssep  es uno de los organismos públicos menos transparentes del Chaco. Este es un síntoma inequívoco de la corrupción. Son muchos los hechos y actos  que demuestran el fenómeno prebendario y corruptor allí instalado.  La realidad está comprobada en  el Organismo porque dejó de emitir -hace varios años- las publicaciones mensuales con las principales novedades para los afiliados. El actual sitio web oficial (insssep.com.ar) contiene muy poca información, incompleta y desactualizada,  quizás intencionalmente, además de ser un  sitio poco amigable, desaprovechándose una herramienta valiosa de administración y gobierno, que debería ser abierto,   transparente y de fácil acceso para los afiliados y quienes se jubilen en el futuro.

El Insssep no presentó  Balances desde hace tres ejercicios  (2015, 2016 y 2017).  Los que presentaron, que corresponden a  los ejercicios 2010/2014, serían falsos  porque no cumplen con las normas contables profesionales. No están auditados por un profesional independiente. Llamativamente, no cuentan con dictámenes de los Síndicos. En cualquier caso, surge de los Balances un ocultamiento patrimonial, omisiones de rubros y cuentas, la no contabilización  de previsiones y contingencias.  No se sabe cuánto se paga por juicios que pierde, ni cuántos juicios perdidos están  en espera de ser pagadas al Insssep, que son de  cifras millonarias. En tales supuestos estados contables no se exponen resultados por servicios, entre otras graves irregularidades.

 

 Pésima  investigación de la F.I.A., seguidas de impunidad

 Ha sido de mala calidad y con poco compromiso la primera investigación realizada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) cuando un conjunto de gremios denunciaron  las irregularidades encontradas en los balances “truchos”  de 2010/2014 del Insssep. El 27 de octubre de 2018 se denunció

una serie de hechos sobre supuestas irregularidades, omisiones y  falsedades  que afectaron la exposición y valuación de rubros y cuentas. Modificaron significativamente los resultados de los ejercicios financieros  en los balances.

De las investigaciones iniciadas por la FIA surgieron  notorias e inexplicables deficiencias cometidas en el  Expte. N° 3266/16, caratulado  Petrovich Rosa Myriam-Secretaria General A.T.E.Ch. y Otros S/ Denuncia Ley 3468 Supuestas Irregularidades en Balances de Ejercicios 2010/2014 (INSSSEP)”. Desde las primeras diligencias se observó el desarrollo de  una investigación torcida y amañada, que poco tenía que ver con la búsqueda y revelación de la verdad real que debería haber sido  la premisa fundamental de la   investigación administrativa. Todo permite  suponer que se encaró una investigación reducida, orientada a brindar impunidad administrativa y penal. La Fiscal General de la F.I.A. se expidió sin  las pruebas necesarias para resolver. Dictó la Resolución  2195/17  a través de la cual concluyó “que no existen irregularidades en los Estados Contables 2010/2014 y contradictoriamente recomendó al Insssep que aplique en el Balance General las normas contables profesionales vigentes. Solamente estos dos aspectos de la decisión de la FIA pone en evidencia que investigó mal y que  se garantiza impunidad a quienes protagonizan o participan de los actos de corrupción.

Ahora, los nuevos fiscales de la FÍA irregularmente designados por la Cámara de Diputados tienen una nueva oportunidad. Recientemente, precisamente el 10 de agosto pasado, se presentó una segunda denuncia administrativa para que esta vez investiguen como deben hacerlo. Ahora viene la prueba de carga para los nuevos responsables, después de la anodina gestión de la exfiscal a cargo de la FIA, Dra. Susana Esper Méndez, que brilló por no dar intervención a la justicia penal ante casos evidentes que investigó en donde debió presumirse que se habrían cometido delitos contra la administración pública. Su obligación era dar vista para que intervenga el fiscal penal de turno.

 

Otros  indicadores de corrupción e impunidad en el INSSSEP

 La falta de control interno y externo administrativo, financiero y económico del funcionamiento del Insssep es otro claro indicador de corrupción e impunidad.   

El órgano de control interno del Insssep es la Sindicatura.  Fue  establecida en la Ley 4044 (hoy 800-H). Existen dos síndicos que  representan al Poder Ejecutivo y  a los afiliados del Organismo. Las actividades de las  sindicaturas  trascienden a través de informes trimestrales que contienen una parva de datos, en extensas planillas  con muy poca información relevante  y una notoria ausencia de análisis, conclusiones y dictámenes sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Organismo. Tienen un bajo compromiso con el control interno,  por lo que se les pasa por las narices los desvíos. Lejos están de hacer   recomendaciones para evitar irregularidades,  acciones correctivas e iniciar las acciones legales del caso. No exponen los controles realizados. No desarrollan  análisis sobre la gestión del Directorio. Están muy lejos de cumplir con sus obligaciones. Son sindicaturas aparentes y funcionales al esquema de saqueo.

Se desconoce   la existencia de intervenciones del organismo de control externo de la hacienda pública, que es el Tribunal de Cuentas. Se ignoran los  controles y auditorías realizadas, y sus resultados. A su vez, la Cámara de Diputados de la Provincia no ejerce un control relevante sobre el Poder Ejecutivo cuando anualmente  se les envía la Cuenta General del Sector Público del ejercicio vencido. Nunca controlaron lo ejecutado, no aprobaron ni desecharon ninguna de las cuentas generales de los ejercicios posteriores a que se recuperara  el sistema democrático. Las  aprobaciones de las cuentas  fueron tácita porque vencieron los plazos legislativos para ser tratados. Manejan a discreción los fondos de los aportes y contribuciones al Insssep.

Segunda denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa

 

 

FUENTE CENTRO MANDELA

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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Explican fundamentos del recurso de casación que favoreció a Aída Ayala

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En diálogo con CIUDAD TV, la jueza de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, explicó la decisión del tribunal que integra y que habilitó que la Cámara Federal de Casación Penal revise la prisión preventiva dictada contra la diputada nacional por Cambiemos y otros procesados por lavado de dinero.

Alcalá explicó que la resolución que firmó junto a su par María Delfina Denogens, se debe a que la decisión de ese mismo tribunal de confirmar la prisión preventiva de Ayala y el resto de los procesados “es equiparable” a una sentencia definitiva y que, por lo tanto, “requiere de tutela inmediata que puede afectar garantías del imputado que pueden ser de difícil reparación ulterior”.

En ese contexto, la camarista explicó que el criterio que aplica ese tribunal de Alzada cuando deniega excarcelaciones es el de conceder el recurso ante una instancia superior, que en este caso es la Cámara Federal de Casación Penal. “Lo que hacen las cámaras federales es un análisis liminar de admisibilidad, esto ahora va a la Casación y quién en definitiva va a definir si entra o no a analizar las cuestiones es la Cámara de Casación Penal”, señaló.

Cabe mencionar que a partir de la decisión de la Cámara Federal, más allá de que es un recurso legítimo de su defensa, Ayala vuelve a ganar tiempo y paraliza el tratamiento del pedido de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación hasta tanto se expida la Cámara Federal de Casación Penal.

Además de Ayala, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió conceder recursos de casación contra las prisiones preventivas dictadas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo; al exdirector de PIMP SA, Rolando Acuña, y a los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez. A su vez, desestimó habilitar la misma vía para el empresario Alejandro Fischer. En paralelo, el tribunal de alzada declaró inadmisible habilitar la casación en cuanto a los procesamientos confirmados de Ayala, Sampayo, Fischer, Fátima Rigassio, Mónica Centurión, Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Diego Alberto y Natalia Soledad Martínez Guarino.

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Leche robada: advierten que la investigación podría alcanzar a funcionarios del gobierno

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, deslizó la posibilidad de que la investigación por las más de 200 toneladas de leche robada de un depósito de Salud Pública alcance a funcionarios del área que tenían a su custodia dicho producto. Remarcó que el daño “es irreparable”.

La investigación por la desaparición de leche en polvo de un depósito de Salud Pública en la ruta 16, kilómetros 23 y 24, avanza en la Justicia provincial. Además de haber tres personas detenidas por el hecho, incluyendo a la mujer que denunció la faltante en septiembre, se le sumó la pericia contable la cual arrojó que en realidad no se robaron 100 mil kilos sino 202 mil kilos de leche en polvo.

En declaraciones a RADIO CIUDAD, el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina destacó que la investigación “avanzó muchísimo”. “En el diagrama de un inicio de 100 mil kilos se duplicó. Se pretendió a través de una denuncia dibujar o pretender esconder la otra faltante. Muchas veces dentro de este espectro de actuaciones o de formas de delinquir se realizan las denuncias en algún momento determinado para tapar, dibujar o sacarse la responsabilidad de encima”, explicó.

Respecto de cómo continuará la causa, señaló que la misma deberá apuntar también a las responsabilidades administrativas, que incluyen a funcionarios del área que tenía a su resguardo el producto. Esto teniendo en cuenta que el galpón en donde estaba la leche en polvo no tenía la custodia necesaria para evitar robos ni tampoco el sistema administrativo era el adecuado para determinar exactamente a donde fue a parar cada paquete de leche.

“Existen responsabilidades de los funcionarios del área que tienen la obligación como funcionarios públicos de hacer cumplir y respetar las leyes y normativas. Y una de ellas es justamente establecer los principios básicos de custodia”, afirmó.

“En el ámbito penal uno responde por acción u omisión. Entonces, la obligación que tiene la fiscalía es no detenerse únicamente en estas personas detenidas sino que tiene que continuar dentro de la escala de responsabilidades y áreas que tiene el ministerio de traerlos, acercarlos e imputar el delito. Cada uno deberá responder dentro de sus argumentos defensivos, cuál era la actividad de cada cual”, remarcó Fonteina.

En cuanto a la evaluación de lo robado, dijo que hasta el momento no cuenta con dicho número pero advirtió que “el daño es irreparable”. “Más allá de hacer la multiplicación matemática en dinero, hacemos el análisis de cuántos niños fueron privados de este elemento básico.  Podríamos estar hablando de miles de niños que se vieron privado de algo elemental”, dijo.

“Es decir que por más que hoy tengamos tres presos y luego prisión preventiva, que tengamos funcionarios imputados, sin dudas la reparación va a ser imposible. Y esto hay que decirlo en voz alta y los fiscales tienen la obligación de ir hasta las últimas escalas que corresponden en ese organismo”, aseveró.

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