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Corrupción

CHACO: Corrupción total en el Insssep

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El Insssep  funciona estructuralmente bajo los intensos efectos de la corrupción y del tráfico de influencia, además de ser un organismo pesadamente burocrático y costoso en su funcionamiento, que  facilita la disposición irregular de fondos. Las consecuencias las pagan los miles de  afiliados de este Organismo de Seguridad Social, el más grande de Chaco. El funcionamiento diario hizo que la entidad  funcione  fuera de control hace muchos años, que es el escenario ideal para que prospere la corrupción.

Gradualmente se convirtió en  una   caja política y sindical en la que los funcionarios de turno usufructúan una importante porción   de los recursos que administra  por   aportes de los trabajadores públicos, contribuciones y otros ingresos que se deberían destinar a los servicios básicos de Obra Social, Alta Complejidad, Jubilaciones,  Seguros  y a los servicios directos  que presta a  más de 250.000 afiliados, directos e indirectos.

Tiene una sencilla explicación los millones que faltan para compras  de medicamentos, prótesis,  seguros por fallecimientos,   aranceles médicos  y gastos sanatoriales, entre otras obligaciones que no se pagan en tiempo y forma. Es que  los fondos   se desvían principalmente hacia la cobertura del déficit previsional, en gastos excesivos  de funcionamiento  y en la sobredimensionada planta de personal, que se triplicó en la última década porque el Insssep fue tomado como un botín de empleo de familiares y amigos. Así evolucionó el esquema de  corrupción que se instaló en el organismo   producto del clientelismo político, del tráfico de influencias y la participación  del gremio, que en lugar de cuidar la fuente laboral y los derechos de los afiliados fue  funcional a los administradores de turno.

El despilfarro y el saqueo de los fondos se comprueba  en una serie de gastos que atentan contra una administración sana y austera. Muchos millones de pesos se destinan al pago de  pautas publicitarias, financiamiento de fiestas y eventos sociales,  frecuentes viajes con pago de pasajes, viáticos y combustible para integrantes del Directorio, funcionarios y empleados, dentro y fuera de la provincia, viajes a  olimpiadas  para alrededor de decenas  de funcionarios y empleados del Organismo por diez días a otras provincias, ayudas económicas y pagos con “ticket canasta”  de   12.000 pesos mensuales y sobresueldos en negro para el personal privilegiado del Insssep, que son negociados y manejados  por fuera de las pautas salariales del escalafón.

También existe un notorio desinterés del Directorio para el recupero de fondos de deudores de cobro dudoso por aportes y contribuciones de empresas del Estado, por el alquiler de departamentos y locales del edificio central del Insssep  y por otras acreencias pendientes de cobro desde hace más de  cinco años. Estos créditos no se ejecutan, en algunos casos por favores personales y en otros  por decisión política.

 

El superávit simulado de la Obra Social

El superávit de la Obra Social del Insssep no es otra cosa que una inescrupulosa picardía. En realidad, se trata de un superávit simulado que oculta el saqueo de los fondos a los afiliados. Técnicamente no puede haber superávit con una prestación bastante  deficiente y muy cara para los afiliados. Se estima que dos de cada cinco  pesos de aportes y contribuciones a la Obra Social se desvían para cubrir el déficit previsional estructural y creciente. La maniobra consiste en brindar  un mal servicio  de salud para generar excedentes en la  Obra Social, bajo la apariencia contable de un superávit compensatorio. Es un claro desvío de fondos.

 

La ruta de los desmanejos  y de las irresponsabilidades

Constitucional y legalmente es obligación del Estado asegurar la sustentabilidad del sistema previsional y contribuir con asistencia financiera. El art. 75 de la Constitución Provincial lo define como  un “sistema de reparto con asistencia estatal”.

 La historia se remonta al año 2000, cuando la Ley Nº 4725 derogó el primer párrafo del artículo 92 de la

Ley 4044 (hoy Ley Nº 800-H), que tuvo por objetivo desresponsabilizar al Poder Ejecutivo del sostenimiento del déficit del sector policial. Los gobernantes violaron  la Constitución

La pacífica doctrina previsional, nacional e internacional, recomienda que el déficit del colectivo policial se financie con fondos del Tesoro como parte de la política de seguridad, que no tiene por qué ser financiada por los afiliados del Insssep. Posteriormente, con la misma mecánica de desvío de fondos, las  distintas integraciones del  Directorio   fueron transfiriendo a los afiliados el sostenimiento del déficit previsional de otros sectores. Se estima que a valores actuales el Gobierno, al eludir su obligación de asistencia financiera al sistema previsional, se queda con más de  1.000 millones de pesos por año  por la sustitución de la fuente de financiamiento, que debiera ser  el   Tesoro Provincial y se lo descarga  en el cuero de los afiliados.

Las graves consecuencias que provocan en el afiliado  desvío de fondos de la obra social

En épocas de salarios reales a la baja, como ocurre actualmente, los desvíos de fondos repercuten más negativamente en los afiliados porque la subprestación de servicios de Obra Social afecta sustancialmente los haberes previsionales de los jubilados, y también al salario futuro. La principal víctima es  el sector pasivo.

La corrupción y el despilfarro de fondos de la Obra Social provoca  el cobro ilegal del costoso  “plus ético médico”  al  afiliado,  los pagos de prácticas con cargo al afiliado, prótesis con sobreprecios exorbitantes, quitas de  medicamentos en el vademécum y desabastecimiento en la Farmacia Social, falta de provisión de medicamentos a enfermos crónicos y de alta complejidad. Entre otros efectos muy dañinos,

El Gobierno confunde  a la opinión pública. Utiliza  a la falacia de supuestos aportes de fondos públicos para cubrir el déficit previsional; pero, no aclara que cuando transfiere fondos para cubrir necesidades financieras del Insssep   lo hace por Decreto, bajo la modalidad de préstamos. Esta es  una violación más a la norma constitucional. Tampoco informa que retiene los fondos que ingresan a la Tesorería General por tributos nacionales de afectación específica a la Seguridad Social y por cobertura del déficit previsional financiado por la ANSES.

Otro indicador que desmiente al Gobierno es el propio Presupuesto General de la Provincia, que no contiene partidas para la cobertura del déficit previsional. El Poder Ejecutivo se desentiende de tal cobertura  porque sabe que el déficit va a ser financiado con fondos desviados desde la   Obra Social.

Los descuentos por primas de seguro también son usados discrecionalmente por el Gobierno. Existe un uso financiero de estos fondos. El mecanismo consiste en diferir el pago de los siniestros, que sufren un atraso de  varios  años para ser efectivizados a los familiares del afiliado cuando estos fallecen. Funciona como un crédito a tasa “0” que el Gobierno se auto-presta. Luego paga  a valores históricos, varios años después. Un negocio redondo para el Gobierno. La contracara es la pérdida financiera absorbida por el beneficiario del seguro.

Síntoma contundente  de corrupción  

El Insssep  es uno de los organismos públicos menos transparentes del Chaco. Este es un síntoma inequívoco de la corrupción. Son muchos los hechos y actos  que demuestran el fenómeno prebendario y corruptor allí instalado.  La realidad está comprobada en  el Organismo porque dejó de emitir -hace varios años- las publicaciones mensuales con las principales novedades para los afiliados. El actual sitio web oficial (insssep.com.ar) contiene muy poca información, incompleta y desactualizada,  quizás intencionalmente, además de ser un  sitio poco amigable, desaprovechándose una herramienta valiosa de administración y gobierno, que debería ser abierto,   transparente y de fácil acceso para los afiliados y quienes se jubilen en el futuro.

El Insssep no presentó  Balances desde hace tres ejercicios  (2015, 2016 y 2017).  Los que presentaron, que corresponden a  los ejercicios 2010/2014, serían falsos  porque no cumplen con las normas contables profesionales. No están auditados por un profesional independiente. Llamativamente, no cuentan con dictámenes de los Síndicos. En cualquier caso, surge de los Balances un ocultamiento patrimonial, omisiones de rubros y cuentas, la no contabilización  de previsiones y contingencias.  No se sabe cuánto se paga por juicios que pierde, ni cuántos juicios perdidos están  en espera de ser pagadas al Insssep, que son de  cifras millonarias. En tales supuestos estados contables no se exponen resultados por servicios, entre otras graves irregularidades.

 

 Pésima  investigación de la F.I.A., seguidas de impunidad

 Ha sido de mala calidad y con poco compromiso la primera investigación realizada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) cuando un conjunto de gremios denunciaron  las irregularidades encontradas en los balances “truchos”  de 2010/2014 del Insssep. El 27 de octubre de 2018 se denunció

una serie de hechos sobre supuestas irregularidades, omisiones y  falsedades  que afectaron la exposición y valuación de rubros y cuentas. Modificaron significativamente los resultados de los ejercicios financieros  en los balances.

De las investigaciones iniciadas por la FIA surgieron  notorias e inexplicables deficiencias cometidas en el  Expte. N° 3266/16, caratulado  Petrovich Rosa Myriam-Secretaria General A.T.E.Ch. y Otros S/ Denuncia Ley 3468 Supuestas Irregularidades en Balances de Ejercicios 2010/2014 (INSSSEP)”. Desde las primeras diligencias se observó el desarrollo de  una investigación torcida y amañada, que poco tenía que ver con la búsqueda y revelación de la verdad real que debería haber sido  la premisa fundamental de la   investigación administrativa. Todo permite  suponer que se encaró una investigación reducida, orientada a brindar impunidad administrativa y penal. La Fiscal General de la F.I.A. se expidió sin  las pruebas necesarias para resolver. Dictó la Resolución  2195/17  a través de la cual concluyó “que no existen irregularidades en los Estados Contables 2010/2014 y contradictoriamente recomendó al Insssep que aplique en el Balance General las normas contables profesionales vigentes. Solamente estos dos aspectos de la decisión de la FIA pone en evidencia que investigó mal y que  se garantiza impunidad a quienes protagonizan o participan de los actos de corrupción.

Ahora, los nuevos fiscales de la FÍA irregularmente designados por la Cámara de Diputados tienen una nueva oportunidad. Recientemente, precisamente el 10 de agosto pasado, se presentó una segunda denuncia administrativa para que esta vez investiguen como deben hacerlo. Ahora viene la prueba de carga para los nuevos responsables, después de la anodina gestión de la exfiscal a cargo de la FIA, Dra. Susana Esper Méndez, que brilló por no dar intervención a la justicia penal ante casos evidentes que investigó en donde debió presumirse que se habrían cometido delitos contra la administración pública. Su obligación era dar vista para que intervenga el fiscal penal de turno.

 

Otros  indicadores de corrupción e impunidad en el INSSSEP

 La falta de control interno y externo administrativo, financiero y económico del funcionamiento del Insssep es otro claro indicador de corrupción e impunidad.   

El órgano de control interno del Insssep es la Sindicatura.  Fue  establecida en la Ley 4044 (hoy 800-H). Existen dos síndicos que  representan al Poder Ejecutivo y  a los afiliados del Organismo. Las actividades de las  sindicaturas  trascienden a través de informes trimestrales que contienen una parva de datos, en extensas planillas  con muy poca información relevante  y una notoria ausencia de análisis, conclusiones y dictámenes sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Organismo. Tienen un bajo compromiso con el control interno,  por lo que se les pasa por las narices los desvíos. Lejos están de hacer   recomendaciones para evitar irregularidades,  acciones correctivas e iniciar las acciones legales del caso. No exponen los controles realizados. No desarrollan  análisis sobre la gestión del Directorio. Están muy lejos de cumplir con sus obligaciones. Son sindicaturas aparentes y funcionales al esquema de saqueo.

Se desconoce   la existencia de intervenciones del organismo de control externo de la hacienda pública, que es el Tribunal de Cuentas. Se ignoran los  controles y auditorías realizadas, y sus resultados. A su vez, la Cámara de Diputados de la Provincia no ejerce un control relevante sobre el Poder Ejecutivo cuando anualmente  se les envía la Cuenta General del Sector Público del ejercicio vencido. Nunca controlaron lo ejecutado, no aprobaron ni desecharon ninguna de las cuentas generales de los ejercicios posteriores a que se recuperara  el sistema democrático. Las  aprobaciones de las cuentas  fueron tácita porque vencieron los plazos legislativos para ser tratados. Manejan a discreción los fondos de los aportes y contribuciones al Insssep.

Segunda denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa

 

 

FUENTE CENTRO MANDELA

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Pidieron la detención del CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca

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Los fiscales Rívolo y Stornelli apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio de procesar al empresario sin prisión preventiva.

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, por asociación ilítica y pago de coimas.

Según la apelación, solicitaron que el procesamiento sea con prisión preventiva.

En un escrito pidieron lo mismo para otros procesados por Bonadio como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado, Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda.

Según los fiscales, se comprobó que “los imputados Juan Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Paolo Rocca, Alberto Ángel Padoan y Rubén David Aranda convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado, como señaló el juez, con el objeto de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”,dice el escrito.

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Qué dicen en la empresa de Paolo Rocca sobre su pedido de detención

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“Se trata de una apelación de los fiscales en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. Esta apelación no tiene ningún efecto en la situación procesal de Paolo Rocca”.

Esa es la explicación resumida que surge desde Tenaris –la principal empresa del Grupo Techint, el holding global de la familia Rocca– sobre la situación procesal de su CEO, quién recibió hoy un pedido de detención por parte de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, en la causa de los cuadernos. Ambos fiscales apelaron la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar al empresario, el más importante del país, con un patrimonio personal de USD 4.300 millones, sin prisión preventiva (pidieron lo mismo para el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina).

El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente (Tenaris)
Más amplios al respecto, desde la compañía aseguran que: “Los fiscales argentinos involucrados en la ‘Causa de los Cuadernos’ han apelado el auto de procesamiento dictado por el Juez Bonadio el 27 de noviembre y pidieron se dictara prisión preventiva para todas las personas incluidas en el auto de procesamiento, incluyendo a Paolo Rocca, Presidente y Director Ejecutivo de Tenaris y Presidente de Ternium. El pedido de los fiscales no constituye una orden judicial ni tiene efecto inmediato. La prisión preventiva solo puede ser dispuesta por un tribunal competente. La Cámara de Apelaciones analizará el pedido de los fiscales al pronunciarse sobre la decisión del juez Bonadio (la cual ha sido apelada por los fiscales y por las restantes personas involucradas en dicha decisión), oportunidad en la que también considerará la apelación del Sr. Rocca. Paolo Rocca se encuentra actualmente en viaje de negocios.”

Techint, su CEO y otros ejecutivos quedaron involucrados en la causa luego de que admitiera el pago de coimas para acelerar la venta de una de sus empresas, Sidor, en Venezuela. Rocca adujo cuestiones humanitarias para tomar la decisión y aseguró que su empresa nunca estuvo dentro del llamado “club de la obra pública”.

Por la causa de los cuadernos también está procesado Luis Betnaza, otro alto ejecutivo de Techint. Héctor Zabaleta, ex director y amigo personal de Rocca, fue indagado y estuvo detenido, pero luego el juez dictó su falta de mérito.

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Leche Robada: según un informe preliminar, se habrían robado 200 mil kilos

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El Procurador Adjunto, Miguel Fonteina, señaló que de acuerdo a un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración la leche en polvo que habría sido sustraída de un depósito del Ministerio de Salud ascendería a más de 200 toneladas, el doble de lo que se pensaba hasta el momento. Hay tres detenidos.

La leche robada al Ministerio de Salud del Chaco no sería 100 toneladas sino que sería el doble. Así lo confirmó este jueves el Procurador Adjunto, Miguel Fonteina. Señaló que se arribó a este número a partir de un informe preliminar realizado por peritos de la Procuración.

En declaraciones a La Radio 104.7, Fonteina recordó que la denuncia que originó la investigación fue por 100 mil kilos de leche que desapareció de los galpones que tiene el Ministerio de Salud Pública en la ruta 16.

“Desde un inicio se advierte una total ausencia de ciertos elementos de control por parte del Estado. Me refiero a la documentación y de sistema donde se debe verificar el ingreso y egreso de leche”, indicó.

Fonteina recordó que el Ministerio de Salud de la Nación había enviado cierta cantidad de leche a la provincia, y, como no alcanzaba para cubrir a todo el universo de chicos asistidos por el Estado, la Provincia decidió comprar vía licitación otra partida para reforzar.

“Se verificó a través de los peritos contables del Poder Judicial, que la Nación suministró al Chaco la cantidad aproximada de 315 mil kilos de leche de la marca Verónica y Santa Clara. Después, la provincia, a través de una licitación pública, le compra a un proveedor local 279 mil kilos de leche marca Purísima”, reseñó.

En este sentido, Fonteina señaló que la fiscalía recabó información tanto de Fiduciaria del Norte, el proveedor, la Nación y la Provincia, y el resultado indicó que “de acuerdo al informe preliminar, la faltante física asciende a 200 mil kilos de leche, y no 100 mil”.

El Procurador adjunto comentó además que actualmente hay un hombre detenido, a quién se lo acusa de haberse llevado 30 mil kilos de leche de ese depósito sin autorización de ningún tipo.  “Además de esos 30 mil kilos, hay que sumar 172 mil kilos que no se saben donde están, que no hay papeles que indiquen a donde fue”, indicó.

Además, hay otras dos personas más que también están detenidas. “Está detenida la mujer que hizo la denuncia y además uno de los responsables que retiraba la leche de ese depósito”, afirmó, y contabilizó que hay unos 700 remitos cuya información debe cruzarse para determinar el destino del producto. “No se descarta futuras imputaciones y detenciones”, anticipo.

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