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Corrupción

CHACO: Corrupción total en el Insssep

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El Insssep  funciona estructuralmente bajo los intensos efectos de la corrupción y del tráfico de influencia, además de ser un organismo pesadamente burocrático y costoso en su funcionamiento, que  facilita la disposición irregular de fondos. Las consecuencias las pagan los miles de  afiliados de este Organismo de Seguridad Social, el más grande de Chaco. El funcionamiento diario hizo que la entidad  funcione  fuera de control hace muchos años, que es el escenario ideal para que prospere la corrupción.

Gradualmente se convirtió en  una   caja política y sindical en la que los funcionarios de turno usufructúan una importante porción   de los recursos que administra  por   aportes de los trabajadores públicos, contribuciones y otros ingresos que se deberían destinar a los servicios básicos de Obra Social, Alta Complejidad, Jubilaciones,  Seguros  y a los servicios directos  que presta a  más de 250.000 afiliados, directos e indirectos.

Tiene una sencilla explicación los millones que faltan para compras  de medicamentos, prótesis,  seguros por fallecimientos,   aranceles médicos  y gastos sanatoriales, entre otras obligaciones que no se pagan en tiempo y forma. Es que  los fondos   se desvían principalmente hacia la cobertura del déficit previsional, en gastos excesivos  de funcionamiento  y en la sobredimensionada planta de personal, que se triplicó en la última década porque el Insssep fue tomado como un botín de empleo de familiares y amigos. Así evolucionó el esquema de  corrupción que se instaló en el organismo   producto del clientelismo político, del tráfico de influencias y la participación  del gremio, que en lugar de cuidar la fuente laboral y los derechos de los afiliados fue  funcional a los administradores de turno.

El despilfarro y el saqueo de los fondos se comprueba  en una serie de gastos que atentan contra una administración sana y austera. Muchos millones de pesos se destinan al pago de  pautas publicitarias, financiamiento de fiestas y eventos sociales,  frecuentes viajes con pago de pasajes, viáticos y combustible para integrantes del Directorio, funcionarios y empleados, dentro y fuera de la provincia, viajes a  olimpiadas  para alrededor de decenas  de funcionarios y empleados del Organismo por diez días a otras provincias, ayudas económicas y pagos con “ticket canasta”  de   12.000 pesos mensuales y sobresueldos en negro para el personal privilegiado del Insssep, que son negociados y manejados  por fuera de las pautas salariales del escalafón.

También existe un notorio desinterés del Directorio para el recupero de fondos de deudores de cobro dudoso por aportes y contribuciones de empresas del Estado, por el alquiler de departamentos y locales del edificio central del Insssep  y por otras acreencias pendientes de cobro desde hace más de  cinco años. Estos créditos no se ejecutan, en algunos casos por favores personales y en otros  por decisión política.

 

El superávit simulado de la Obra Social

El superávit de la Obra Social del Insssep no es otra cosa que una inescrupulosa picardía. En realidad, se trata de un superávit simulado que oculta el saqueo de los fondos a los afiliados. Técnicamente no puede haber superávit con una prestación bastante  deficiente y muy cara para los afiliados. Se estima que dos de cada cinco  pesos de aportes y contribuciones a la Obra Social se desvían para cubrir el déficit previsional estructural y creciente. La maniobra consiste en brindar  un mal servicio  de salud para generar excedentes en la  Obra Social, bajo la apariencia contable de un superávit compensatorio. Es un claro desvío de fondos.

 

La ruta de los desmanejos  y de las irresponsabilidades

Constitucional y legalmente es obligación del Estado asegurar la sustentabilidad del sistema previsional y contribuir con asistencia financiera. El art. 75 de la Constitución Provincial lo define como  un “sistema de reparto con asistencia estatal”.

 La historia se remonta al año 2000, cuando la Ley Nº 4725 derogó el primer párrafo del artículo 92 de la

Ley 4044 (hoy Ley Nº 800-H), que tuvo por objetivo desresponsabilizar al Poder Ejecutivo del sostenimiento del déficit del sector policial. Los gobernantes violaron  la Constitución

La pacífica doctrina previsional, nacional e internacional, recomienda que el déficit del colectivo policial se financie con fondos del Tesoro como parte de la política de seguridad, que no tiene por qué ser financiada por los afiliados del Insssep. Posteriormente, con la misma mecánica de desvío de fondos, las  distintas integraciones del  Directorio   fueron transfiriendo a los afiliados el sostenimiento del déficit previsional de otros sectores. Se estima que a valores actuales el Gobierno, al eludir su obligación de asistencia financiera al sistema previsional, se queda con más de  1.000 millones de pesos por año  por la sustitución de la fuente de financiamiento, que debiera ser  el   Tesoro Provincial y se lo descarga  en el cuero de los afiliados.

Las graves consecuencias que provocan en el afiliado  desvío de fondos de la obra social

En épocas de salarios reales a la baja, como ocurre actualmente, los desvíos de fondos repercuten más negativamente en los afiliados porque la subprestación de servicios de Obra Social afecta sustancialmente los haberes previsionales de los jubilados, y también al salario futuro. La principal víctima es  el sector pasivo.

La corrupción y el despilfarro de fondos de la Obra Social provoca  el cobro ilegal del costoso  “plus ético médico”  al  afiliado,  los pagos de prácticas con cargo al afiliado, prótesis con sobreprecios exorbitantes, quitas de  medicamentos en el vademécum y desabastecimiento en la Farmacia Social, falta de provisión de medicamentos a enfermos crónicos y de alta complejidad. Entre otros efectos muy dañinos,

El Gobierno confunde  a la opinión pública. Utiliza  a la falacia de supuestos aportes de fondos públicos para cubrir el déficit previsional; pero, no aclara que cuando transfiere fondos para cubrir necesidades financieras del Insssep   lo hace por Decreto, bajo la modalidad de préstamos. Esta es  una violación más a la norma constitucional. Tampoco informa que retiene los fondos que ingresan a la Tesorería General por tributos nacionales de afectación específica a la Seguridad Social y por cobertura del déficit previsional financiado por la ANSES.

Otro indicador que desmiente al Gobierno es el propio Presupuesto General de la Provincia, que no contiene partidas para la cobertura del déficit previsional. El Poder Ejecutivo se desentiende de tal cobertura  porque sabe que el déficit va a ser financiado con fondos desviados desde la   Obra Social.

Los descuentos por primas de seguro también son usados discrecionalmente por el Gobierno. Existe un uso financiero de estos fondos. El mecanismo consiste en diferir el pago de los siniestros, que sufren un atraso de  varios  años para ser efectivizados a los familiares del afiliado cuando estos fallecen. Funciona como un crédito a tasa “0” que el Gobierno se auto-presta. Luego paga  a valores históricos, varios años después. Un negocio redondo para el Gobierno. La contracara es la pérdida financiera absorbida por el beneficiario del seguro.

Síntoma contundente  de corrupción  

El Insssep  es uno de los organismos públicos menos transparentes del Chaco. Este es un síntoma inequívoco de la corrupción. Son muchos los hechos y actos  que demuestran el fenómeno prebendario y corruptor allí instalado.  La realidad está comprobada en  el Organismo porque dejó de emitir -hace varios años- las publicaciones mensuales con las principales novedades para los afiliados. El actual sitio web oficial (insssep.com.ar) contiene muy poca información, incompleta y desactualizada,  quizás intencionalmente, además de ser un  sitio poco amigable, desaprovechándose una herramienta valiosa de administración y gobierno, que debería ser abierto,   transparente y de fácil acceso para los afiliados y quienes se jubilen en el futuro.

El Insssep no presentó  Balances desde hace tres ejercicios  (2015, 2016 y 2017).  Los que presentaron, que corresponden a  los ejercicios 2010/2014, serían falsos  porque no cumplen con las normas contables profesionales. No están auditados por un profesional independiente. Llamativamente, no cuentan con dictámenes de los Síndicos. En cualquier caso, surge de los Balances un ocultamiento patrimonial, omisiones de rubros y cuentas, la no contabilización  de previsiones y contingencias.  No se sabe cuánto se paga por juicios que pierde, ni cuántos juicios perdidos están  en espera de ser pagadas al Insssep, que son de  cifras millonarias. En tales supuestos estados contables no se exponen resultados por servicios, entre otras graves irregularidades.

 

 Pésima  investigación de la F.I.A., seguidas de impunidad

 Ha sido de mala calidad y con poco compromiso la primera investigación realizada por la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) cuando un conjunto de gremios denunciaron  las irregularidades encontradas en los balances “truchos”  de 2010/2014 del Insssep. El 27 de octubre de 2018 se denunció

una serie de hechos sobre supuestas irregularidades, omisiones y  falsedades  que afectaron la exposición y valuación de rubros y cuentas. Modificaron significativamente los resultados de los ejercicios financieros  en los balances.

De las investigaciones iniciadas por la FIA surgieron  notorias e inexplicables deficiencias cometidas en el  Expte. N° 3266/16, caratulado  Petrovich Rosa Myriam-Secretaria General A.T.E.Ch. y Otros S/ Denuncia Ley 3468 Supuestas Irregularidades en Balances de Ejercicios 2010/2014 (INSSSEP)”. Desde las primeras diligencias se observó el desarrollo de  una investigación torcida y amañada, que poco tenía que ver con la búsqueda y revelación de la verdad real que debería haber sido  la premisa fundamental de la   investigación administrativa. Todo permite  suponer que se encaró una investigación reducida, orientada a brindar impunidad administrativa y penal. La Fiscal General de la F.I.A. se expidió sin  las pruebas necesarias para resolver. Dictó la Resolución  2195/17  a través de la cual concluyó “que no existen irregularidades en los Estados Contables 2010/2014 y contradictoriamente recomendó al Insssep que aplique en el Balance General las normas contables profesionales vigentes. Solamente estos dos aspectos de la decisión de la FIA pone en evidencia que investigó mal y que  se garantiza impunidad a quienes protagonizan o participan de los actos de corrupción.

Ahora, los nuevos fiscales de la FÍA irregularmente designados por la Cámara de Diputados tienen una nueva oportunidad. Recientemente, precisamente el 10 de agosto pasado, se presentó una segunda denuncia administrativa para que esta vez investiguen como deben hacerlo. Ahora viene la prueba de carga para los nuevos responsables, después de la anodina gestión de la exfiscal a cargo de la FIA, Dra. Susana Esper Méndez, que brilló por no dar intervención a la justicia penal ante casos evidentes que investigó en donde debió presumirse que se habrían cometido delitos contra la administración pública. Su obligación era dar vista para que intervenga el fiscal penal de turno.

 

Otros  indicadores de corrupción e impunidad en el INSSSEP

 La falta de control interno y externo administrativo, financiero y económico del funcionamiento del Insssep es otro claro indicador de corrupción e impunidad.   

El órgano de control interno del Insssep es la Sindicatura.  Fue  establecida en la Ley 4044 (hoy 800-H). Existen dos síndicos que  representan al Poder Ejecutivo y  a los afiliados del Organismo. Las actividades de las  sindicaturas  trascienden a través de informes trimestrales que contienen una parva de datos, en extensas planillas  con muy poca información relevante  y una notoria ausencia de análisis, conclusiones y dictámenes sobre la situación económica, patrimonial y financiera del Organismo. Tienen un bajo compromiso con el control interno,  por lo que se les pasa por las narices los desvíos. Lejos están de hacer   recomendaciones para evitar irregularidades,  acciones correctivas e iniciar las acciones legales del caso. No exponen los controles realizados. No desarrollan  análisis sobre la gestión del Directorio. Están muy lejos de cumplir con sus obligaciones. Son sindicaturas aparentes y funcionales al esquema de saqueo.

Se desconoce   la existencia de intervenciones del organismo de control externo de la hacienda pública, que es el Tribunal de Cuentas. Se ignoran los  controles y auditorías realizadas, y sus resultados. A su vez, la Cámara de Diputados de la Provincia no ejerce un control relevante sobre el Poder Ejecutivo cuando anualmente  se les envía la Cuenta General del Sector Público del ejercicio vencido. Nunca controlaron lo ejecutado, no aprobaron ni desecharon ninguna de las cuentas generales de los ejercicios posteriores a que se recuperara  el sistema democrático. Las  aprobaciones de las cuentas  fueron tácita porque vencieron los plazos legislativos para ser tratados. Manejan a discreción los fondos de los aportes y contribuciones al Insssep.

Segunda denuncia ante la Fiscalía de Investigación Administrativa

 

 

FUENTE CENTRO MANDELA

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Otros tres procesados en la causa Lavado I fueron trasladados a la U7

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Se trata de Gustavo KatavichRicardo Retamozo y César Zibechi, quienes fueron trasladados este jueves por pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Los procesados son investigados en el marco de la causa Lavado I, junto a ex funcionarios de la provincia como Horacio, entre otros.

El trasladoa la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 – que incluía a los mecionados e Ismael Fernández, quien no fue trasladado – fue solicitado por Sabadini y aprobado por la jueza Zunilda Niremperger.

LOS PROCESADOS 

Gustavo Katavichestá procesado por lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor.

Ricardo Retamozo yCésar Zibechi están procesados por lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor.

Ismael Fernándezformaría parte de un grupo que de personas que creó un mecanismo de empresas y sociedades proveedoras del estado, las cuales eran usadas para enriquecerse con fondos públicos.

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La Corte podría definir quién investiga la causa por lavado contra Aída Ayala

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Al quedar firme la resolución de la jueza provincial Rosalía Zozzoli que declaró la competencia del fuero ordinario para investigar el lavado de activos, ahora la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, deberá definir si acepta declinar su competencia. En caso de no hacerlo, será la Corte Suprema de la Nación la que defina qué fuero investiga.

Ganar tiempo. Ése parece ser el objetivo de los abogados defensores de Rolando Javier Acuña, directivo de la empresa PIMP SA. Fue al plantear que es la justicia provincial la que debe investigar la causa que tiene como principal imputada a la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por lavado de activos originados en presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el Municipio de Resistencia.

Esa petición consiguió que la jueza de Garantías Nº 1, Rosalía Zozzoli, declare la competencia del fuero provincial y solicite a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que decline su competencia y remita la avanzada investigación a los fiscales provinciales, a pesar de la oposición de la Procuración General ante el Superior Tribunal de Justicia.

Este jueves, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia dejó firme el planteo de la jueza Zozzoli y ahora será la jueza Niremperger la que deberá definir si acepta o rechaza la resolución de la jueza provincial.

Para ello, ya cuenta con un dictamen de la Fiscalía Federal de primera instancia de Resistencia que aconsejó rechazar la resolución de Zozzoli y ratificar la competencia del fuero federal.

Lo que puede pasar
En diálogo con CIUDAD TELEVISION y RADIO CIUDAD, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirempeger, explicó que “el pedido de la jueza Zozzoli hoy está firme, vendrá seguramente en los días venideros, y entonces allí sí este Juzgado se tendrá que expedir respecto del pedido de declinatoria que realiza la jueza Zozzoli”. Sostuvo, además, que “podría ser apelado por alguna de las partes, si se entiende que puede ser apelada, pero en general hay criterios de que cómo está establecido de que no es apelable, se traba la competencia y tendría que definir la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.

“Viene el expediente acá, en caso de que este tribunal rechace el pedido de declinatoria, implica a la jueza para que, si ella sigue persistiendo en sus argumentaciones, trabe la cuestión de competencia y se eleve la causa a la Corte que tendrá que expedirse y nosotros igual seguiremos con el trámite del expediente”, precisó.

Cabe recordar que en su dictamen que aconsejó rechazar el planteo de la jueza provincial, el fiscal federal de primera instancia subrogante, Federico Carniel, además de deshacer los argumentos de la magistrada en lo referido a la incumbencia del fuero ordinario en caso de lavado, citó parte de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que define al delito de lavado de activos como de competencia federal.

En ese tramo de su dictamen, el fiscal Carniel graficó que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”.

Y agregó que “estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

El desafuero de Ayala
También este jueves las defensas de los imputados en la causa presentaron escritos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia solicitando que se revoquen los procesamientos de sus defendidos. Ahora, ese tribunal analizará si confirma o rechaza los procesamientos con prisión preventiva y embargos dictados por la jueza Niremperger contra todos los involucrados.

De esa resolución dependería que vuelva a cobrar fuerza el pedido de desafuero y posterior detención de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, que se vio interrumpido por una resolución de la misma Cámara que hizo lugar a un pedido de eximición de prisión de la ex intendenta de Resistencia, que luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.

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CORRUPCIÓN La Justicia federal solicitó cupo para trasladar a Horacio Rey a la U7

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La jueza federal Zunilda Niremperger pidió este lunes “cupo para el alojamiento” de Héctor Horacio Rey en la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal ubicado en la intersección de las avenidas Las Heras y Edison en Resistencia.

El exfuncionario se encuentra con prisión preventiva en la Comisaría Undécima dispuesta por la Justicia provincial, imputado por delitos precedentes al lavado de activos: asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario TAG que el equipo de abogados defensores prepara un habeas corpus para impedir la medida solicitada por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia y que Rey permanezca alojado en la unidad policial donde se encuentra actualmente.

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