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Causa Fútbol para Todos: piden que Aníbal Fernández y Jorge Capitanich vayan a juicio oral

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La jueza María Servini apunta a convalidar la solicitud y cuando clausure la investigación estarán a un paso de juicio oral. El pedido de la fiscalía también alcanza al extitular de AFA Luis Segura, y al exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.

En la causa se acusó a los imputados de no cumplir con el objetivo principal del programa que era el saneamiento de los clubes de fútbol de primera. Para Taiano, Capitanich y Fernández como jefes de Gabinete “no han cuidado ni controlado los ingresos generados por el Programa Fútbol para Todos”. Es decir, no velaron el correcto uso de los fondos públicos que ingresaban a los clubes. Para el fiscal “hubo una decisión política en 2009 instrumentada desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo, consistente en la participación estatal en la actividad de difusión del fútbol profesional, para lo cual se celebró un contrato con la AFA, según el cual el Estado consideró que el producido de la comercialización de los derechos televisivos adquiridos a la AFA no sólo habría de cubrir el precio de dicha contratación, sino que incluso habría de generar un ingreso superavitario adicional que habría de fomentar también uno de los fines centrales de la Secretaría de Deportes de la Nación, que era el fortalecimiento del deporte olímpico”.

“A ello debe sumarse que también se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que, según la veeduría, sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP”, dictaminó el fiscal.

Se trata de la causa iniciada el 26 de mayo de 2014, a raíz de la denuncia efectuada ante la justicia por parte de la actual diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, en su carácter de, por ese entonces, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos denunciados consistieron en cambios del precio anual fijado en el convenio (iba incrementándose año a año), sin hallarse debidamente preestablecidos, y el irregular manejo de la pauta publicitaria, lo que habría traído aparejado cuantiosas pérdidas económicas y la asignación discrecional de distintos canales de televisión para la transmisión o retransmisión de los partidos de fútbol concernientes al acuerdo. Además, según recordó el fiscal, la denunciante destacó que existían serias sospechas de que la AFA no cumpliría con la entrega de dinero a los clubes para mejorar su situación económica, o bien las instituciones lo desviarían sin el debido control del Estado. Eran épocas del todopoderoso Julio Grondona al frente de la entidad.

Para el fiscal, Capitanich y Fernández como jefes de Gabinete “no han cuidado ni controlado los ingresos generados por el Programa Fútbol para Todos”. Omisión de controles. Irán a juicio además Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT; Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús. Además, los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano. Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas Agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco, único auspiciante “privado” que tenía el programa.

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Causa Sapucay: Schaefer, Ferrini denunciados en Comodoro Py

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La denuncia también apunta al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad – PROCUNAR, Diego Iglesias y fue presentada por la abogada Valeria Corbacho que defiende al secretario letrado del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Pablo Molina.

El reconocido abogado chaqueño Pablo Molina es secretario del Juzgado Federal de Corrientes (a cargo de Carlos Soto Dávila) y está actualmente detenido y acusado de haber beneficiado a un grupo de narcotraficantes, a través de resoluciones judiciales que llevaban la firma de Soto Dávila (también investigado en la causa).

 

La acusación se basa en escuchas telefónicas a narco y sus familiares, y en el testimonio de un “arrepentido” que declaró ante el Juez Sergio Torres, que investiga los presuntos delitos. Además, los fiscales federales de Corrientes –Carlos Schaefer y Flavio Ferrini- cuestionan numerosas resoluciones judiciales, que según acusan “se tramitaron de manera irregular” en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes.

 

 

Ante esta acusación, la abogada defensora de Pablo Molina (el secretario letrado de Soto Dávila), visitó los estudios de Noticiero 9 en Resistencia – Chaco, donde explicó las severas inconsistencias, que desde la defensa, consideran llevaron a una sospecha insostenible contra los secretarios del Juzgado y el propio Juez Federal.

 

“La investigación la produce la PROCUNAR en colaboración con los fiscales Schaefer y Ferrini, ellos son los que recaban todas la prueba y se lo llevan como en un paquete a la fiscalía del Dr. Stornelli y el Juzgado 12 del Dr. Torres”, así comenzó relatando el inicio de la causa, la Dra. Valeria Corbacho que defiende a Molina.

 

Continuando en esa línea, la letrada señaló que entre el material probatorio “hay expedientes tramitados en legal forma, que están llevados absolutamente igual a otros cientos y miles que se tramitan en ese Juzgado”, así comenzó a apuntar directamente a quienes iniciaron la investigación contra su defendido.

 

 

“Esos expedientes han contado con la anuencia de los propios fiscales federales; que ahora aparecen aquí como denunciantes”, señaló Corbacho en referencia de Schaefer y Ferrini. “Ellos mismos han consentido estas resoluciones que están cuestionando; o no las han apelado con lo cual es consentimiento es tácito, y si apelaron, cuentan con la resolución fundada de la Cámara Federal de Apelaciones”.

 

 

“UNA SELECCIÓN DE ESCUCHAS”

 

Prosiguiendo con la explicación en los estudios de Noticiero 9, la abogada de Pablo Molina denunció con certeza que para imputar y detener al secretario letrado del Juzgado Federal de Corrientes, “se basaron en la selección arbitraria de fragmentos de escuchas, en el que no participan ni el juez ni los secretarios; no vas a escuchar nunca la voz del secretario ni del juez”, apuntó y añadió, “las han pretendido acomodar de manera tal que les cierre el rompecabezas”.

 

Ante la consulta del periodista sobre si se menciona el pago de dinero a cambio de favores judiciales, la abogada Valeria Corbacho fue tajante, “con absoluta certeza te digo que eso no surge de las escuchas. La palabra ´coima´ no aparece, no surge de las escuchas”, indicó y aseguró que “se hizo una composición de pruebas, direccionadas exclusivamente, para imputar a los funcionarios del Juzgado Federal de Corrientes”.

 

Sobre su defendido –el Dr. Pablo Molina- contó que el mismo día del arribo a Comodoro Py y tras mantener una charla con ella “estuvo hasta las una y media de la mañana explicando cada uno de los expedientes cuestionados”.

 

Foto: Federico “Morenita” Marin. Sindicado “capo narco” de Itatí

 

 

“LES INTERESA EL SILLÓN DEL JUEZ”

 

En la entrevista exclusiva con Canal 9, la abogada Valeria Corbacho, apuntó en todo momento a los fiscales federales de Corrientes, que denunciaron al Juez Carlos Soto Dávila y sus secretarios. Desligó de toda culpa al Juez actual de la causa le Dr. Sergio Torres, “le han vendido pescado podrido y creo que esto excede la búsqueda de la verdad y tiene que ver con otros intereses”,sostuvo la profesional.

 

Ahondando más en el posible origen de la causa en contra de los funcionarios correntinos, Corbacho aseveró “esto tiene que ver más con el sillón del juez que con otra cosa” deslizó y ante la consulta de si los fiscales pretenden quedarse con el cargo de Juez, Corbacho respondió: “no necesariamente, pueden ser instrumentos de otros intereses”.

 

Foto: Dr. Carlos Soto Dávila – Juez Federal N°1 de Corrientes

 

 

LA DENUNCIA POR “ESCUCHAS ILEGALES”

 

En relación a este caso, la abogada anticipó en Canal 9 que como parte de la estrategia de defensa, decidió denunciar por “escuchas ilegales” a los fiscales federales de Corrientes, Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y también Diego Iglesias (titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad – PROCUNAR) ante la Justicia Federal, denuncia que recayó en el Juzgado Fedreal N°4 del Dr. Ariel Lijo (Expediente CFP 21808/2018).

 

“En toda esta maraña de irregularidades tenemos como prueba de cargo, la grabación ilegal – de conversaciones- de abogados defensores en la sede de la fiscalía federal de Corrientes”, contó Valeria Corbacho y asimiló este accionar a un reconocido caso español, “por una situación similar, al Juez Garzón de España le costó el puesto”.

 

 

En esta línea, se explayó y confirmó a Canal 9 que “en el día de hoy –por el lunes- hicimos una presentación denunciando estas cuestiones. Estas irregularidades, de acuerdo a los dictámenes son parte de las pruebas que aportaron los funcionarios del Ministerio Público Fiscal Federal de Corrientes”.

 

“Que intereses los movieron y por qué se produce creo que debe ser desentrañado en esa investigación”, señaló la abogada Corbacho en Canal 9.

 

FUENTE DIARIO21

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Fonseca participó de la Inauguración del primer Banco Rojo en Barranqueras

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Con el lema “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas” la diputada Maria Lilian Fonseca participó de la inauguración del primer banco rojo instalado en el predio del Asociación Madres del Sol, en la ciudad portuaria, con el objetivo pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio.

La legisladora junto a la titular de la asociación Norma Almirón y la comunidad de Barranqueras asistieron al acto inaugural del “Banco Rojo”, como parte de una campaña, que es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio y que consiste en la colocación de un banco rojo en lugares públicos.

Esta campaña tiene como objetivo disminuir el femicidio, llevando a la reflexión a toda persona que pasa por el lugar y lee el desenlace fatal. Este delito es evitable si la violencia se detecta y se detiene a tiempo.

En este sentido la diputada Maria Fonseca resaltó “es un día especial para nuestra localidad, que se suma a la lucha contra la violencia de género, con este primer emplazamiento del Banco Rojo en nuestra ciudad y que es el sexto en todo el país”.

A su vez recordó que esta campaña de emplazamiento “se da con el lema ‘En Memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas’” y se manifestó conmovida “por ver a tantas mujeres en esta lucha y acompañándose mutuamente, teniendo la plena convicción de que juntas podremos erradicar tan cruel flagelo”.

En tanto que extendió su agradecimiento a Norma Almirón y a todo el equipo del refugio Madres del Sol por “permitirme formar parte de su gran desafío y por su lucha cotidiana para enfrentar este flagelo, son mujeres que levantan su voz y dicen Basta!”.

Finalmente consideró oportuno recordar que “desde la presidencia de la Cámara de Diputados Elida Cuesta, tiene una mirada especial, y acompaña fervientemente cada acción llevada a cabo en esta lucha, y en el mismo sentido todo el Poder respaldó esta decisión a través de la Resolución 3586/18 por el que se declaró de interés legislativo, provincial y social a estas actividades desarrolladas en este marco” indicó Fonseca.

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Denuncian malos tratos de penitenciarios y piden habeas corpus para detenidos en causas por lavado

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El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y la delegación NEA de la Procuración Penitenciaria de la Nación presentaron una acción de habeas corpus correctivo y colectivo para que cese el agravamiento de las condiciones de los detenidos en las causas por lavado de dinero en el Pabellón 2 de la cárcel federal de Resistencia.

La presentación, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue realizada este martes en conjunto entre el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Antonio Nicolás Cabrera, ante la jueza federal Zunilda Niremperger. Es en base a las denuncias de malos tratos por parte del personal penitenciario contra los detenidos en las causas por lavado de dinero alojados en el Pabellón Nº 2 de la Prisión Regional del Norte (U7).

En el escrito, solicitan a la jueza federal que “ordene el cese inmediato de todos los actos, comisivos y omisivos, que configuran y sostienen las condiciones agravadas de detención que se ha constatado al inspeccionar la Prisión Regional del Norte (Unidad 7) perteneciente al Servicio Penitenciario Federal durante la entrevista mantenida con las personas que se encuentran alojadas en el pabellón n° 2” y realizadas el pasado 14 de diciembre.

Según el informe que dio origen a la presentación judicial, los testimonios de varios de los detenidos son coincidentes en apuntar al jefe de Requisas de apellido Melgarejo como el de trato más “denigrante” y “violento”, y revelaron que durante estos procedimientos el personal penitenciario rompe todas las pertenencias y objetos personales de los detenidos.

Además, realizaron una serie de peticiones como que se les permita pintar las paredes de sus celdas y del resto del pabellón y también autorización para el ingreso de elementos que consideran necesarios para cocinar (anafe, olla, pava eléctricas) y una heladera para conservar alimentos, además de un ventilador grande y sillas plásticas.

También solicitaron poder acceder al área de educación y de trabajo, para obtener el dinero para la adquisición de mercaderías y otros elementos de necesidad, sin tener que recurrir al depósito que efectúan sus familiares como lo vienen haciendo hasta ahora.

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