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Politica

Casalboni habló sobre la denuncia en su contra: “Es una mentira malvada que mancha mi nombre”, dijo

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Luego de recuperar su libertad este mediodia, el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni habló con los medios de comunicación en el estudio jurídico de sus abogados Humberto Aiquel y Carlos De Cesare.

Los abogados defensores, dieron detalles del trabajo realizado y las pruebas presentadas para comprobar que su defendido es “inocente”.

A su turno, el jefe comunal de Quitilipi, pidió “perdón” a la comunidad de Qutilipi porque “una cuestión personal afectó el normal funcionamiento de la gestión del Gobierno y porque puse la confianza en alguien que creí iba a defender no solo mi espalda en la gestión, sino también la espalda del pueblo, sin embargo el tiempo, la ambición y otros factores han demostrado que esta persona me clavó un puñal”.

 

“Mi ex esposa cumplió funciones como secretaria de Economía, de asesora contable y desde que tengo el acompañamiento del Claudio Fernández y mi equipo que me acompaña me han ido demostrando una cruda realidad donde comenzamos a detectar posibles falsificaciones de firmas del intendente, faltantes de fondos en algunas cuentas, posibles malversación de fondos o desvíos de fondos, todo lo cual implicó que tome la determinación a todo el gabinete para que se investigue si esto es asi, mas allá del dolor que causa, de ver que alguien en quién uno deposita la confianza este promoviendo estas cosas”, señaló.

Casalboni, dio a entender que la denuncia por abuso y violencia que realizó su ex pareja contra él, tiene que ver con la desición de no renovarle el contrato como asesora contable del Municipio de Quitilipi. “Esto llevó a que la ira quizás, la lleve a cometer semejante farsa, farsa al pueblo donde nació, se crio y vivió. Se trata de una mentira malvada que mancha mi nombre”, sostuvo.

Situación judicial
En relación a su situación ante la Justica, el intedente de Quitilipi dijo que “se pudo demostrar mi inocencia con las pruebas que se presentaron, de que el hecho que describe la contadora es una tremenda mentira”. “Lamento mucho porque esto dañó muchísimo a tantos casos de violencia de casos de género las mujeres en realidad, daña muchísimo esta mentira, también daña mi buen nombre, mi honor, el daño que provoca deberá ser remendado”, señaló. “Lo que hizo es terrible”, sentenció.

Agradeció a sus abogados, a la gente que lo acompañó, a la división Investigaciones donde estuvo detenido ocho días.

“Quiero llevarle tranquilidad a la comunidad de Quitilipi que junto con su equipo va a retomar la gestión para el bien de la democracia, y quiero agradecer a la Justicia chaqueña con la prudencia que se manejó. Para mí no fue fácil estar detenido ocho días pero consideré prudente y le trasmití mi tranquilidad a mis abogados”, aseguró.

“La verdad es la misma hoy, mañana y pasado, lo difícil es sostener la mentira, la mentira tiene un principio y un fin y la verdad es eterna”, dijo Casalboni. Al tiempo que señaló que “esa tranquilidad le permitió también dejar que la justicia trabaje con las pruebas que se presentaron, que son contundentes de la falsedad de esa denuncia”.

Agradeció a la Justicia Chaqueña, a la Policía del Chaco, a la División Investigaciones de Sáenz Peña “por el respeto con que se manejaron todo este tiempo, a los abogados que han trabajado contra viento y marea para agilizar, acelerar los tiempos”.

Agradeció a su secretario de Gobierno que en “todo momento estuvo a su lado y trabajó a la par de los abogados para presentar las pruebas que demostraban su verdad”.

Finalmente dijo “siempre estuve tranquilo porque la verdad es una sola, ahora habrá que seguir aportando testimoniales, otras pruebas para poner fin a esto y avanzar también en un enmiendo ante semejante daño y continuar en el municipio para investigar lo que se había iniciado y también si hay culpas en ese sentido que sean evaluadas en la justicia para que sean repodaras”.

 

 

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La muerte que le cambió la vida a Macri, Cristina y Scioli

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Hace tres años exactos, la noche en la que apareció muerto Alberto Nisman en Puerto Madero, el mapa político argentino era bien diferente. Gobernaba el kirchnerismo, desgastado es cierto, pero con un candidato -Daniel Scioli- a suceder a Cristina Fernández que superaba el 55% de imagen positiva. Nada hacía prever en enero de 2015 que el entonces oficialismo perdería la elección nueve meses después. Pero lo impensado pasó.

Quizás el impacto mediático, social y político que tuvo la muerte de Nisman haya sido lo más transformador del caso en sí mismo. Cuatro días antes de morir, había denunciado a la entonces presidenta y a varios funcionarios de su mesa chica por encubrir a Irán en la firma del memorándum por AMIA. El daño al kirchnerismo, estaba hecho. Con su muerte, en circunstancias no aclaradas, se potenció esa sospecha sobre la figura presidencial. Y tuvo impacto luego en las urnas.

Sin Nisman, difícilmente, Mauricio Macri hoy sería presidente. Sin su denuncia, floja de papeles para jueces como Daniel Rafecas, contundente para otros como Claudio Bonadio, Cristina tal vez no se hubiera refugiado en el Senado para conservar fueros y evitar ir a la cárcel, como terminó pasando a finales del año pasado. Y Scioli, por qué no, podría ser hoy la cabeza del Ejecutivo y no un diputado intrascendente del reformulado bloque Unidad Ciudadana.

Escenarios posteriores al margen, la muerte de Nisman desnudó como pocos casos la falta de Justicia en la Argentina. Tres años después, nadie logró resolver con claridad y sustento científico cómo falleció. Se pasó del suicidio al suicidio inducido y de allí al homicidio sin aclarar nunca cómo se explicaban esas hipótesis. No hay nadie preso, escasos investigados y reina la sensación en la sociedad de que nunca va a prosperar una teoría convincente de qué le pasó al fiscal. Sólo una certeza: su muerte fue política.

 

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En una nueva carta, Zannini pidió que alguien le explique las razones de su detención

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Desde la cárcel, el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, escribió una nueva carta abierta en la que pidió que “alguien le explique, en derecho, las razones de su detención”.

El funcionario, detenido desde diciembre pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán, dijo que “no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado”.

En la misiva, publicada hoy por Página 12, Zannini cuestionó su detención por parte del juez Claudio Bonadio, “sin que mediara solicitud de fiscal alguno” y calificó al procesamiento de “delirante”.

El exhombre fuerte del kirchnerismo repasó también su trayectoria por la función pública y recordó que, en 30 años de ejercicio, nunca había sido denunciado ni sufrido causa judicial alguna.

Por ello se pregunta en el final de la carta: “¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?”.

La carta completa
Desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre del 2015 ejercí la función pública.

En esos casi treinta años no fui nunca denunciado ni sufrí causa judicial alguna.

Ejercí como secretario de gobierno municipal, ministro de gobierno provincial, fui electo diputado provincial por dos períodos, convencional constituyente provincial por dos veces, miembro y presidentes del Tribunal Superior de Justicia y secretario de Legal y Técnica de la Nación por tres períodos constitucionales. Luego de tales antecedentes compartí como candidato a vicepresidente de la Nación, la fórmula que obtuvo en la segunda vuelta más de 12.300.000 votos.

En diciembre del año pasado, sin que mediara solicitud de fiscal alguno (los intervinientes fueron tres) un juez de la nación me llamó a indagatoria y ordenó mi prisión preventiva.

El procesamiento, que era tan delirante que se inventaba una guerra, fue en parte (la más grave, supuesta traición a la patria) borrado de un plumazo por la Cámara Nacional de Apelaciones, de modo que hoy sólo subsiste un supuesto agravado, cuya investigación ya ha sido concluida según el propio juez dispuso.

Salvo en esta causa, no existe en la República Argentina persona alguna que por acusación semejante no esté, por lo menos, excarcelado.

¿Alguien puede explicar, en derecho, mi actual prisión?

 

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Causa Nisman: peritarán cañón de un arma hallado en la casa de Lagomarsino

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El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá que se perite el cañón de un arma que fue encontrado en noviembre pasado, en un allanamiento a la casa de Diego Lagomarsino, único imputado en la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, de la que hoy se cumplen tres años.

Se trata de un cañón sin numeración que el perito informático señaló que pertenece a la misma pistola Bersa calibre 22 que le dio al fiscal fallecido en enero de 2015.

Según publica Infobae, la Fiscalía quiere saber si efectivamente se corresponde con la misma arma y si el cañón fue usado.

El arma de Diego Lagomarsino secuestrada en el marco de la causa.

El perito explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Por otra parte, añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Y contó que la pistola la encontró en 2002 en un galpón que sus suegros tienen en Colón, Entre Ríos, junto con otras armas y se la quedó.

Lagomarsino fue indagado el 14 de noviembre pasado por el juez Julián Ercolini y el fiscal Taiano. En su declaración señaló que el cañón pertenece a la misma arma que le dio al fiscal.

Lagomarsino explicó que la pistola tenía “un cañón largo y un cañón corto” y detalló que “uno es de defensa y el otro es de tiro”. Y añadió que “no recordaba si lo había usado en algún momento”.

Lagomarsino fue procesado por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman. El magistrado consideró que el perito informático fue partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de $ 15.000.000.

En la misma resolución, el magistrado también procesó a cuatro custodios que la Policía Federal le había puesto a Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Los procesados y embargados son Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño. Todos ellos tienen prohibida la salida del país y otras restricciones procesales.

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