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Carbón Blanco: el 28 comenzaría el juicio por lavado de activos contra cinco imputados

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Está previsto que comience el 28 de marzo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia el juicio contra cinco imputados de lavar las millonarias ganancias que dejaron las exportaciones de droga a Europa concretadas por la asociación que fue encabezada por el abogado Carlos Salvatore.

Salvatore fue condenado por el TOF de Resistencia por el contrabando de cocaína a Europa y según sus abogados la condena no está firme. Ahora deberá responder él y otros cuatro imputados por el lavado de activos.

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Carniel será el fiscal en este juicio contra la organización que según la acusación lavó millones de pesos provenientes del narcotráfico.

El tribunal

En tanto, la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió el lunes que un tribunal debe juzgarlo y no una sala unipersonal como se previó originalmente. Ahora se necesitan otros dos magistrados con agenda disponible.

Los elegidos serían los correntinos Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni que estarían junto a Juan Manuel Iglesias, hoy el único integrante del Tribunal Oral Federal luego de la jubilación de Ana Order. De momento las fuentes consultadas no pudieron precisar si los tres podrán estar presentes para la fecha que se previó cuando sólo estaría presente Iglesias y quien será el cuarto juez.

Los imputados

También deberán resolver cómo los imputados seguirán el juicio. Por un lago, los abogados de  Salvatore aseguraron que por su estado de salud no puede ser trasladado a Resistencia y deberá permanecer en la cárcel de Ezeiza.

En tanto, el suegro Santiago Valles Ferrer está con el beneficio de presión domiciliaria y deberían determinar si es trasladado a Resistencia para que siga desde la capital chaqueña el proceso.

Por su parte, la esposa de Salvatore, Silvia Susana Valles Paradiso, está presa y por lo tanto deberían definir los integrantes del TOF si viaja hasta la provincia donde no existe una cárcel federal para mujeres. La opción es que siga el proceso por videconferencia.

Otro imputado detenido es Ricardo Gassan Saba, que fue sindicado como uno de los socios para lavar el dinero. Él está alojado en la cárcel de Sáenz Peña y sería el único que no tendría problemas en asistir a la sala dado que únicamente hay que trasladarlo hasta la U7 donde permanecerá alojado hasta que finalice el juicio.

Finalmente, Carla Yanina Salvatore D’ursl, es hija del principal imputado está excarcelada y debería asistir a todas las audiencias más allá de que sus defensores puedan presentar algún recurso.

A su vez hay que recordar que por esta causa le trabaron embargos a Carlos Alberto Salvatore por  $759.653.024; a Silvia Susana Valles Paradiso, $505.381.052; Santiago Valles Ferrer, $81.401.720; Ricardo Gassan Saba, $ 264.816.296; y  Carla Yanina Salvatore D’ursl, $6.000.000.

También cuando arrancó la causa por lavado de activos hubo otros imputados que con el tiempo fueron obteniendo los beneficios de falta de mérito o demostraron no tener nada que ver con esta organización.

Los acusadores

El representante del Ministerio Público Fiscal será el fiscal ante el TOF, Federico Carniel quien podría recibir el apoyo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que está a cargo de Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta. El primero de ellos estaría presente en algunas audiencias.

A su vez se espera que Unidad de Información Financiera (UIF), que presentó el recurso ante Casación, envíe representantes en este proceso en el que actuaría como querellante.

Los elementos

Según se informó  en su momento “se acreditó cómo esta organización aplicó mínimamente desde el mes de mayo del año 2005, el producido de la ilícita actividad desarrollada en el mercado. También se estableció que Carlos Salvatore asumió un rol de liderazgo en esta empresa delictiva. El ejercicio de este rol surge no sólo de su rol formal de presidente de la mayoría de las sociedades involucradas, sino que surge prístino de la vasta prueba aunada durante la investigación”.

Y cuando el Ministerio Público Fiscal  solicitó la elevación a juicio detallaron que “las pruebas recolectadas durante la investigación permitió acreditar la utilización una gran cantidad de sociedades comerciales constituidas como vehículo para ocultar el origen ilícito de los fondos, que sistemáticamente fueron aplicados de manera diversificada a actividades como el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, la adquisición de propiedades y vehículos de alta gama, inversiones financieras y hasta la realización de largos cinematográficos”.

“Las sociedades comerciales bajo análisis funcionaban como una pantalla, una fachada para canalizar al mercado legal los recursos provenientes del contrabando de estupefacientes. Por caso, la sociedad Lugin SRL fue una de las firmas más utilizadas para ejecutar las maniobras de lavado”, indicaron.

“En otros casos, Salvatore y alguna de las personas de su círculo íntimo ingresaban formalmente a sociedades constituidas varios años antes y, una vez al mando del Directorio, aumentaban sideralmente el capital social, tal como sucedió con “Saint Maxime S.A.”. Salvatore y su esposa ingresaron a la entidad en marzo de 2004; un año después, se aumentó el capital social de $12 a $36.000 a través de capitalizaciones y, finalmente, en 2006 se produjo un nuevo incremento que lo llevó a 1.700.000 pesos”, aseguraron.

“Las operaciones de lavado incluyeron además la utilización de una organización sin fines de lucro llamada Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes, que tenía como objeto de realizar actividades académicas, de diagnóstico, rehabilitación y reinserción social de pacientes, entre otras”, definieron.

“Siempre bajo el liderazgo de Salvatore, los imputados constituyeron  a fines de 2005 la firma CS Entertainment S.R.L., cuyo objeto social preveía la producción, edición y distribución de imagen y sonido digital, entre otras cuestiones. Más tarde se asoció a la firma Manos Digitales Animation Studio .A.” –cuyo directorio también presidía Salvatore -para coproducir el largometraje infantil “Plumíferos, aventuras voladoras, con la participación de los reconocidos actores Luisiana Lopilato y Mariano Martínez, quienes le dieron voz a los personajes animados. La realización del film se logró mediante una inyección de 700.000 dólares”, señalaron en su momento en el portal Fiscales.

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Los bancarios se suman al paro general de la CGT

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El sindicato La Bancaria confirmó que el próximo lunes 25 de junio se sumarán al paro general por 24 horas convocado por la CGT, cuya modalidad será sin concurrencia a los lugares de trabajo, por lo que no habrá atención al público en las entidades bancarias.

En un comunicado, ratificaron “el reclamo común de: un urgente cambio de la política económica, rechazo del acuerdo con el FMI, derogación de la reforma previsional, rechazo del veto presidencial a la ley anti tarifazo y paritarias libres”.

Además, detallaron que buscan “promover y garantizar el derecho del ejercicio constitucional de huelga, avalando las medidas que en este sentido adopten nuestras distintas seccionales”.

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Residuos: “Varios municipios desviaron fondos”, dijo el fiscal que investigó el caso

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A mediados de mayo, La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco (FIA) emitió un duro informe donde develaba serias irregularidades en el destino de los fondos que varios municipios de la provincia recibieron de Nación los cuales tenían como destino el programa para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El mismo señalaba que al menos 16 de las 20 comunas investigadas estaban flojas de papeles, ya sea por desviar los fondos con otros fines, por hacer obras de manera parcial o por presentar facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes. Ese informe ya fue girado al juez Federal, Claudio Bonadío, quien investiga el destino de 600 millones de pesos para la GIRSU, de los que se beneficiaron más de 190 municipios de todo el país entre 2013 y 2015.

Quien realizó la investigación local fue el fiscal subrogante, Dugaldo Ferreyra. En diálogo  comentó que la pesquisa se hizo a lo largo de un año en 20 localidades del Chaco.

“Hubo un desvío de fondos en el sentido en que no fueron ocupados para el fin por el cual mandó la Nación a la provincia. En algunos casos puntuales hubo cumplimiento parcial y otros donde se presentaron facturas apócrifas”, explicó el funcionario.

“Se había hecho una transferencia de fondos por más de $173 millones”, recordó. “Había un plazo prudencial en que había que realizar todas las instalaciones para los residuos. Pero de 20 localidades donde hice constataciones in situ, detecté que en 16 había irregularidades o incumplimientos en los convenios que se habían efectuado parcialmente”, comentó.

Por otra parte, si bien se investigó a la mitad de los municipios denunciados en su momento por la exdiputada, Ana María Canata (se investigaron 20 de 47), Ferreyra informó que le recomendó al fiscal General Provisorio, Gustavo Leguizamón, que avance con las comunas que quedaron afuera de las pesquisas.

“Para ser justo correspondería que se investigue a todos los municipios. No digo que todos hayan hecho las cosas mal pero me parece que este es el camino. Hubo municipios que cumplieron e hicieron bien las cosas”, señaló, y anticipó que Leguizamón “estaría dispuesto” a avanzar en este sentido.

Casos

Para Ferreyra, hubo casos “llamativos” en esta investigación, como el de Tres Isletas. “Allí se había abonado una suma de $110 mil a un periodista, Diego Fernández, para que difunda y haga toda una campaña de concientización”.

“Fernández hace luego una denuncia porque no había recibido el dinero. Y también denunció que esa factura que supuestamente había presentado era apócrifa. Esto se dio durante la gestión del intendente Carlos Palacios”, afirmó.

“En este caso, Fernández hace una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº2 de Castelli por este hecho. Yo estoy haciendo un seguimiento a la causa. Si bien se produjeron algunas pruebas y unas pericias donde se estableció que la factura era apócrifa y que no era la firma de Fernández, aún no se ha logrado el requerimiento de elevación a juicio a pesar de que ya lleva 2 años”, comentó.

Por otra parte, señaló que los fondos para obras de saneamiento ambiental se hicieron de manera parcial en Tres Isletas o directamente no se hicieron. “Ahí había una especie de excavación que tenía que tener unas mallas para hacer reciclajes. Eso se hizo parcialmente. También debía estar construido un tinglado pero no se hizo. Hay un incumplimiento significativo por parte del intendente de ese momento, que era Carlos Palacios”, dijo.

“Hay casos donde el Tribunal de Cuentas hizo sus juicios de rendiciones, como es el caso de Samuhú. Se presentaron facturas apócrifas. Y eso también está en investigación.

Después puso como ejemplo el caso de General San Martín. “Ellos no nos presentaron la documentación por eso recurrimos a rendiciones que tiene en su poder el Tribunal de Cuentas. Las rendiciones estaban en dos tramos: una por $3.5 millones de pesos y otra por $1.8 millones, todas del año 2014. El Tribunal aprueba sin observaciones esa rendición pero cuando me tocó hacer la investigación, me constituí en General San Martín y más precisamente en el lugar donde tendría que estar el tinglado para reciclajes de residuos, a la vera de la ruta 7. Ahí encontré un espejo de agua y unas ruinas de unos cimientos donde supuestamente ahí se habría construido un tinglado. Pero en realidad no hay nada”, dijo.

Por su parte, en Castelli, “se construyó un monumento, una plazoleta y también se utilizó parte de eso fondos para el acceso”. “El intendente presentó una adenda para que se le autorice pero todavía no obtuvo ninguna respuesta. En realidad lo que hubo fue un desvío de fondos porque se utilizó el dinero para otro fin”, afirmó.

“En Villa Río Bermejito, el intendente (Lorenzo Heffner) dijo que usó el dinero para unas defensas. Pero no se constató ni siquiera la construcción de esas defensas. Estos son casos palmarios de desvío de fondos porque el dinero de la Nación viene para un destino específico. No te ofrece otras alternativas de destino”, remarcó.

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Lavado I: la jueza Niremperger desestimó la eximición de prisión del ministro Echezarreta

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Con fecha 14 de junio, la magistrada federal rechazó el pedido de eximición de prisión del funcionario provincial, coincidiendo con el dictamen del fiscal federal Patricio Sabadini. En tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales proseguirá este lunes con el trámite de desafuero del ministro Echezarreta y, en forma paralela, se constituirá la Sala Acusadora de Juicio Político para analizar si da o no trámite a la denuncia y pedido de juicio político presentada la semana pasada por el titular del Centro Mandela, Rolando Núñez.

“Estimo que de continuar en libertad existen serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la justicia, en virtud a lo normado por el Art. 319 del CPPN”, señala como principal fundamento la resolución de la jueza Niremperger, a la que tuvo acceso.

Cabe recordar que Echezarreta fue imputado por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, por los presuntos delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de coautor. Y por los delitos precedentes: negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de partícipe necesario; asociación ilícita, en calidad de autor pertenencia; enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesario; fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de autor; incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.

En la resolución, la jueza Niremperger volvió a fundamentar su cambio de criterio con respecto a la detención de Echezarreta se debió a las “confusas maniobras” realizadas por este último el día domingo 20 de mayo, cuando se reunió con su equipo en las oficinas del Ministerio ubicadas en la Casa de Gobierno.

“Contactos anticipaban allanamientos”

El fundamento que se muestra a todas luces como uno de los más contundentes en la decisión de la magistrada, es el que da cuenta de “numerosas conversaciones que revelan la existencia de contactos que informaban y anticipaban los allanamientos a efectuarse”. Además, señala que también “surgen mensajes del imputado a un colaborador indicándole el retiro de elementos que se encontraban reservados en el cajón de su oficina, elementos estos que no han podido ser identificados hasta el momento”. Así, concluye que “son estas condiciones las que agravan el panorama procesal del imputado”.

Afectar la investigación

La jueza Niremperger considera, en ese contexto, que la permanencia de Echezarreta frente al Ministerio de Infraestructura del Chaco “lo colocaría en una posición susceptible de afectar el decurso de la presente instrucción, por cuanto poseería los medios económicos, información privilegiada o los contactos como para entorpecer la labor de esta magistratura, ejerciendo influencia directa en cuanto posibles testigos, presionándolos o directamente determinando el contenido de sus declaraciones, u ocultando o destruyendo la prueba necesaria para comprobar esta compleja maniobra de lavado de activos, cuya investigación se encuentra en sus albores pendiente de realización de las múltiples diligencias que se encuentran ordenadas en los autos principales”. En ese sentido, insiste que estas previsiones cobraron virtualidad “dado a las diferentes maniobras realizadas por Echezarreta días previos y al momento de realizarse las medidas dispuestas por esta Magistratura en la sede del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos”.

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