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Politica

Buscan establecer un titulo ejecutivo para aquellos deudores morosos de Viviendas otorgadas por el IPDUV

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El tema fue analizado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto a raíz de un proyecto presentado por el Vicepresidente Primero del Poder Legislativo Juan José Bergia. En la reunión de hoy recibieron a las autoridades del Instituto de Vivienda del Chaco quienes manifestaron la necesidad de contar con una herramienta legal que permita efectuar el cobro de las cuotas. Aseguran que hay alrededor de 20 mil deudores morosos que perjudican a las más de cuarenta mil familias que esperan por tener una casa propia.

El encuentro fue presidido por el diputado Juan Manuel Pedrini, acompañado de sus pares Ricardo Sánchez, Rubén Aquino, Juan José Bergia, Leandro Zdero e Irene Dumrauf, quienes escucharon y dialogaron sobre esta iniciativa con el Presidente del IPDUV Rodolfo Acevedo, el Vocal del organismo Mirko Nicolich, el Gerente Legal Alberto Ayala, el Director de Control de Gestión Carlos Socha y el Responsable del área de recupero de fondos Iván Mielnik.

Este proyecto de ley que sería despachado la semana próxima por la Comisión de Hacienda establece en principio una moratoria, para lo cual el Instituto de Viviendas procederá en un plazo de ciento ochenta días, respecto de viviendas financiadas con fondos del FO.NA.VI., con recursos nacionales o provinciales, o de cualquier origen, que fueren de su administración, a reprogramar las deudas de los adjudicatarios que así lo solicitaren, que se encontraren en mora en el pago de las cuotas de amortización de sus viviendas, a través de la adhesión a alguno de los planes de refinanciación aprobados por las reglamentaciones vigentes en dicho Organismo. .

Prevé además que una vez que se cumpla ese plazo de ciento ochenta días para regularizar la situación de morosidad, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) estará facultado para proceder a iniciar las acciones legales correspondientes para el cobro ejecutivo de las cuotas de amortizaciones vencidas e impagas.

Al respecto, Pedrini agregó: “de sancionarse esta ley, se permitiría una mayor agilidad en el cobro y se podría ir contra los morosos del Instituto de Vivienda que tienen otros bienes registrables o tienen sueldos”. Destacó la importancia de contar con esta ley ya que consideró que “hay que dotar al organismo de esta y todas las herramientas legales y necesarias para acelerar el recupero de las cuotas”.

“Es imperioso que todos abonen las viviendas porque de eso depende que se pueda ir satisfaciendo en parte las más de 40 mil demandas que hay para acceder a una casa propia además de la importancia que tiene la industria de la construcción en la reactivación económica. Es decir, si los ciudadanos no pagan lógicamente no se podrán construir nuevas. Este proyecto está en la Comisión y seguramente se dará despacho con algunas modificaciones”, adelantó el Presidente de la Comisión.

Desde el Instituto de Viviendas, Acevedo explicó: “venimos planteando permanentemente mes a mes que necesitamos que aquellas familias que fueron beneficiadas por el estado para tener una vivienda tengan la voluntad de poder acercarse al organismo y regularizar su situación. El pago de la cuota va a generar un círculo virtuoso ya que podríamos dar respuesta a la gran cantidad de familias que están a la espera”.

“Teniendo en cuenta los casos desde el año 200 aproximadamente a la fecha tenemos un índice de morosidad que supera 20 mil adjudicatarios de una Vivienda Fonavi y tenemos un registro de más de cuarenta mil familias que están esperando que el Instituto los ayude. Queremos contar con una herramienta legislativa para que las familias que estén en condiciones de abonar las cuotas impagas lo hagan”, fundamentó el Presidente del organismo.

Dictámenes unánimes

Los diputados también dieron despacho favorable a distintas iniciativas que se encontraban en temario, una de ellas el proyecto de ley 740/18 que ratifica el decreto que establece un incremento acumulativo del monto mensual del concepto “Fondo de Apoyo del Sistema Educativo” en la escala del Escalafón General Ley 196-A”.

También acompañaron otra iniciativa del Poder Ejecutivo que aprueba la resolución Nº 28 del 9 de noviembre de 2017 de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral 18/08/77. Por otra parte, aprobaron la ratificación del decreto 1518/17 que dispone que la Fiscalía de Estado sea el órgano rector de los componentes del sistema integrado de personal y liquidaciones de haberes del personal perteneciente a la planta permanente de la Jurisdicción 18.

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Causa Sapucay: Schaefer, Ferrini denunciados en Comodoro Py

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La denuncia también apunta al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad – PROCUNAR, Diego Iglesias y fue presentada por la abogada Valeria Corbacho que defiende al secretario letrado del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Pablo Molina.

El reconocido abogado chaqueño Pablo Molina es secretario del Juzgado Federal de Corrientes (a cargo de Carlos Soto Dávila) y está actualmente detenido y acusado de haber beneficiado a un grupo de narcotraficantes, a través de resoluciones judiciales que llevaban la firma de Soto Dávila (también investigado en la causa).

 

La acusación se basa en escuchas telefónicas a narco y sus familiares, y en el testimonio de un “arrepentido” que declaró ante el Juez Sergio Torres, que investiga los presuntos delitos. Además, los fiscales federales de Corrientes –Carlos Schaefer y Flavio Ferrini- cuestionan numerosas resoluciones judiciales, que según acusan “se tramitaron de manera irregular” en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes.

 

 

Ante esta acusación, la abogada defensora de Pablo Molina (el secretario letrado de Soto Dávila), visitó los estudios de Noticiero 9 en Resistencia – Chaco, donde explicó las severas inconsistencias, que desde la defensa, consideran llevaron a una sospecha insostenible contra los secretarios del Juzgado y el propio Juez Federal.

 

“La investigación la produce la PROCUNAR en colaboración con los fiscales Schaefer y Ferrini, ellos son los que recaban todas la prueba y se lo llevan como en un paquete a la fiscalía del Dr. Stornelli y el Juzgado 12 del Dr. Torres”, así comenzó relatando el inicio de la causa, la Dra. Valeria Corbacho que defiende a Molina.

 

Continuando en esa línea, la letrada señaló que entre el material probatorio “hay expedientes tramitados en legal forma, que están llevados absolutamente igual a otros cientos y miles que se tramitan en ese Juzgado”, así comenzó a apuntar directamente a quienes iniciaron la investigación contra su defendido.

 

 

“Esos expedientes han contado con la anuencia de los propios fiscales federales; que ahora aparecen aquí como denunciantes”, señaló Corbacho en referencia de Schaefer y Ferrini. “Ellos mismos han consentido estas resoluciones que están cuestionando; o no las han apelado con lo cual es consentimiento es tácito, y si apelaron, cuentan con la resolución fundada de la Cámara Federal de Apelaciones”.

 

 

“UNA SELECCIÓN DE ESCUCHAS”

 

Prosiguiendo con la explicación en los estudios de Noticiero 9, la abogada de Pablo Molina denunció con certeza que para imputar y detener al secretario letrado del Juzgado Federal de Corrientes, “se basaron en la selección arbitraria de fragmentos de escuchas, en el que no participan ni el juez ni los secretarios; no vas a escuchar nunca la voz del secretario ni del juez”, apuntó y añadió, “las han pretendido acomodar de manera tal que les cierre el rompecabezas”.

 

Ante la consulta del periodista sobre si se menciona el pago de dinero a cambio de favores judiciales, la abogada Valeria Corbacho fue tajante, “con absoluta certeza te digo que eso no surge de las escuchas. La palabra ´coima´ no aparece, no surge de las escuchas”, indicó y aseguró que “se hizo una composición de pruebas, direccionadas exclusivamente, para imputar a los funcionarios del Juzgado Federal de Corrientes”.

 

Sobre su defendido –el Dr. Pablo Molina- contó que el mismo día del arribo a Comodoro Py y tras mantener una charla con ella “estuvo hasta las una y media de la mañana explicando cada uno de los expedientes cuestionados”.

 

Foto: Federico “Morenita” Marin. Sindicado “capo narco” de Itatí

 

 

“LES INTERESA EL SILLÓN DEL JUEZ”

 

En la entrevista exclusiva con Canal 9, la abogada Valeria Corbacho, apuntó en todo momento a los fiscales federales de Corrientes, que denunciaron al Juez Carlos Soto Dávila y sus secretarios. Desligó de toda culpa al Juez actual de la causa le Dr. Sergio Torres, “le han vendido pescado podrido y creo que esto excede la búsqueda de la verdad y tiene que ver con otros intereses”,sostuvo la profesional.

 

Ahondando más en el posible origen de la causa en contra de los funcionarios correntinos, Corbacho aseveró “esto tiene que ver más con el sillón del juez que con otra cosa” deslizó y ante la consulta de si los fiscales pretenden quedarse con el cargo de Juez, Corbacho respondió: “no necesariamente, pueden ser instrumentos de otros intereses”.

 

Foto: Dr. Carlos Soto Dávila – Juez Federal N°1 de Corrientes

 

 

LA DENUNCIA POR “ESCUCHAS ILEGALES”

 

En relación a este caso, la abogada anticipó en Canal 9 que como parte de la estrategia de defensa, decidió denunciar por “escuchas ilegales” a los fiscales federales de Corrientes, Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y también Diego Iglesias (titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad – PROCUNAR) ante la Justicia Federal, denuncia que recayó en el Juzgado Fedreal N°4 del Dr. Ariel Lijo (Expediente CFP 21808/2018).

 

“En toda esta maraña de irregularidades tenemos como prueba de cargo, la grabación ilegal – de conversaciones- de abogados defensores en la sede de la fiscalía federal de Corrientes”, contó Valeria Corbacho y asimiló este accionar a un reconocido caso español, “por una situación similar, al Juez Garzón de España le costó el puesto”.

 

 

En esta línea, se explayó y confirmó a Canal 9 que “en el día de hoy –por el lunes- hicimos una presentación denunciando estas cuestiones. Estas irregularidades, de acuerdo a los dictámenes son parte de las pruebas que aportaron los funcionarios del Ministerio Público Fiscal Federal de Corrientes”.

 

“Que intereses los movieron y por qué se produce creo que debe ser desentrañado en esa investigación”, señaló la abogada Corbacho en Canal 9.

 

FUENTE DIARIO21

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Fonseca participó de la Inauguración del primer Banco Rojo en Barranqueras

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Con el lema “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas” la diputada Maria Lilian Fonseca participó de la inauguración del primer banco rojo instalado en el predio del Asociación Madres del Sol, en la ciudad portuaria, con el objetivo pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio.

La legisladora junto a la titular de la asociación Norma Almirón y la comunidad de Barranqueras asistieron al acto inaugural del “Banco Rojo”, como parte de una campaña, que es un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra la violencia de género y el femicidio y que consiste en la colocación de un banco rojo en lugares públicos.

Esta campaña tiene como objetivo disminuir el femicidio, llevando a la reflexión a toda persona que pasa por el lugar y lee el desenlace fatal. Este delito es evitable si la violencia se detecta y se detiene a tiempo.

En este sentido la diputada Maria Fonseca resaltó “es un día especial para nuestra localidad, que se suma a la lucha contra la violencia de género, con este primer emplazamiento del Banco Rojo en nuestra ciudad y que es el sexto en todo el país”.

A su vez recordó que esta campaña de emplazamiento “se da con el lema ‘En Memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas’” y se manifestó conmovida “por ver a tantas mujeres en esta lucha y acompañándose mutuamente, teniendo la plena convicción de que juntas podremos erradicar tan cruel flagelo”.

En tanto que extendió su agradecimiento a Norma Almirón y a todo el equipo del refugio Madres del Sol por “permitirme formar parte de su gran desafío y por su lucha cotidiana para enfrentar este flagelo, son mujeres que levantan su voz y dicen Basta!”.

Finalmente consideró oportuno recordar que “desde la presidencia de la Cámara de Diputados Elida Cuesta, tiene una mirada especial, y acompaña fervientemente cada acción llevada a cabo en esta lucha, y en el mismo sentido todo el Poder respaldó esta decisión a través de la Resolución 3586/18 por el que se declaró de interés legislativo, provincial y social a estas actividades desarrolladas en este marco” indicó Fonseca.

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Denuncian malos tratos de penitenciarios y piden habeas corpus para detenidos en causas por lavado

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El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y la delegación NEA de la Procuración Penitenciaria de la Nación presentaron una acción de habeas corpus correctivo y colectivo para que cese el agravamiento de las condiciones de los detenidos en las causas por lavado de dinero en el Pabellón 2 de la cárcel federal de Resistencia.

La presentación, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue realizada este martes en conjunto entre el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, y el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Antonio Nicolás Cabrera, ante la jueza federal Zunilda Niremperger. Es en base a las denuncias de malos tratos por parte del personal penitenciario contra los detenidos en las causas por lavado de dinero alojados en el Pabellón Nº 2 de la Prisión Regional del Norte (U7).

En el escrito, solicitan a la jueza federal que “ordene el cese inmediato de todos los actos, comisivos y omisivos, que configuran y sostienen las condiciones agravadas de detención que se ha constatado al inspeccionar la Prisión Regional del Norte (Unidad 7) perteneciente al Servicio Penitenciario Federal durante la entrevista mantenida con las personas que se encuentran alojadas en el pabellón n° 2” y realizadas el pasado 14 de diciembre.

Según el informe que dio origen a la presentación judicial, los testimonios de varios de los detenidos son coincidentes en apuntar al jefe de Requisas de apellido Melgarejo como el de trato más “denigrante” y “violento”, y revelaron que durante estos procedimientos el personal penitenciario rompe todas las pertenencias y objetos personales de los detenidos.

Además, realizaron una serie de peticiones como que se les permita pintar las paredes de sus celdas y del resto del pabellón y también autorización para el ingreso de elementos que consideran necesarios para cocinar (anafe, olla, pava eléctricas) y una heladera para conservar alimentos, además de un ventilador grande y sillas plásticas.

También solicitaron poder acceder al área de educación y de trabajo, para obtener el dinero para la adquisición de mercaderías y otros elementos de necesidad, sin tener que recurrir al depósito que efectúan sus familiares como lo vienen haciendo hasta ahora.

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