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Corrupción

Anticipan que la semana que viene podría haber imputaciones por la desaparición de 100 toneladas de leche de Salud Pública

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En el marco de la investigación por el robo de 100 toneladas de leche en polvo que estaban en un depósito de Salud Pública, el Procurador General, Jorge Canteros, anticipó que la semana que viene habría personas imputadas por este hecho. De todos modos, mostró sus reparos al hablar de un robo ya que “es prácticamente imposible” debido a la logística que requiere.

“Esta es una causa muy compleja”, consideró Canteros al referirse a la desaparición de 100 toneladas de leche en polvo que estaban ubicadas en un depósito de Salud Pública del Chaco ubicada en ruta 16, kilómetro 23,5 y que están valuados en 40 millones de pesos.

“Y digo que es una causa compleja porque Salud Pública hacía las compras desde que ingresaban a un galpón de la ruta nacional 11, kilómetro 1008. Y cuando la mercadería que llegaba no había lugar para depositarla se derivaba a un depósito de ruta nacional 16 que desde el mes de julio alquilaba Salud Pública con la finalidad de depositar esta leche que venía desde Nación. Y solamente compraba la provincia cuando las partidas eran insuficientes. Esta leche tenía como destino hospitales, centros de salud, comedores escolares y otras instituciones”, añadió.

“Se está analizando quienes tenían las cinco llaves. Hay cuatro personas que dependen de Salud Pública que tenían llaves, quienes estaban con distintas modalidades de contratación, algunos becados, otros contratados. Y hasta tenía la llave un empleado del correo argentino que manejaba el camión que estaba autorizado a retirarlo”, explicó Canteros.

El Procurador puntualizó además que “el galpón de la ruta 16 no reunía las condiciones de seguridad mínima para tener mercadería”. “Y lo que se está investigando es que si alguna vez en ese galpón estuvieron las más de 100 toneladas de leche que supuestamente están faltando. Y cómo se hizo este robo porque es prácticamente imposible sacar 100 mil kilos de leche. Para eso hacen falta tres camiones semirremolque o cuatro camiones con chasis y acoplados para retirar 100 mil kilos de leche”, explico.

“La colecta de pruebas la está haciendo la fiscal Rosana Soto con la colaboración de los peritos contadores del Poder Judicial. Creemos que en el transcurso de la semana que viene va a tener determinada las imputaciones y la causa va a dar un giro porque ya va a empezar a tomar las declaraciones de imputado”, anticipó.

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Corrupción

“Es inaudito y aberrante perder 100 mil kilos de leche”, reconoció el ministro de Salud

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El ministro de Salud Pública del Chaco, Luis Zapico, catalogó de “inaudito y aberrante” la desaparición de 100 mil kilos de leche en polvo que eran propiedad de la cartera sanitaria y que misteriosamente se esfumaron. Dijo que un hecho de este tipo no lo pueden hacer “3 o 4 personas” sino que se requiere una logística importante, con varios camiones con acoplados.

“Inmediatamente de que pasó esto nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía penal y estamos aportando todas las pruebas que nos piden. Y del otro lado tenemos abierto un sumario administrativo. Lo que pasó es muy grande”, reconoció Zapico en declaraciones a radio Facundo Quiroga.

El ministro remarcó que “la leche en este momento es lo más importante que podemos darle nosotros al sistema de salud. Y sabemos que todo procedimiento de esa cuantía tarda para poder volver a comprarla, además que al Estado esto le cuesta mucho dinero”.

Para Zapico, este robo de mercadería estatal no pudo haber sido pergeñada por pocas personas. “Es imposible que vengan 3 o 4 personas a robarse 100 mil kilos de leche. Para hacer esto hay que tener entre 5 y 6 camiones con acoplado para llevársela o nunca ingresarla”, afirmó.

“Queremos que esto no nos vuelva a pasar de vuelta porque esto es imposible sostener. Es inaudito perder 100 mil kilos de leche. Uno puede estar enfrentando problemas de ambulancia, de personal o administrativo pero que le roben al propio ministerio 100 mil kilos de leche es aberrante”, indicó.

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Jueza Niremperger: “Fátima Rigassio seguirá detenida, Aida Ayala voy a reiterar su pedido de desafuero”

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La Jueza Federal de Resistencia, en diálogo con CIUDAD TV y RADIO CIUDAD, confirmó que luego del fallo de la Cámara de Apelaciones, hizo efectiva la detención del presidente de Pimp S.A., en tanto que Fátima Rigassio continuará con prisión domiciliaria. Dijo que este lunes no atendió a Aída Ayala porque “no pidió ser recibida”, y que reiterará su pedido de desafuero al Congreso Nacional.

Luego de conocerse el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó el procesamiento con prisión preventiva de varios involucrados en la causa Lavado II, la Jueza Federal de Resistencia ordenó la detención de Rolando Acuña, presidente de Pimp S.A., e igual medida en torno a Fátima Rigassio, presunta dueña de la empresa.

La magistrada confirmó que “teniendo en cuenta la decisión de la Cámara Federal, ordenamos la detención de aquellos que habían quedado en libertad”, ya que “confirmaron el procesamiento con prisión preventiva”.

En tal sentido, confirmó que, en la tarde de este lunes, “Acuña ya está detenido”; agregando que “Fátima Rigassio seguirá con la modalidad en que estaba su detención, un poco morigerada, para que pueda cumplir con su función de madre”.

Consultada sobre la actividad que en la mañana de hoy lunes desarrolló la ex intendenta y actual diputada nacional frente a la sede judicial, donde anunció que haría saber su decisión de pedir su propio desafuero, Niremperger aseguró que “no la ví. Ayala no pidió ser recibida”.

La jueza Federal también confirmó que recibió el nuevo requerimiento contra Ayala, por denuncia del Fiscal Sabadini. “Sí, entró en el día de la fecha, pero todavía no lo ví”; aunque reconoció que se origina “en la denuncia que hace el intendente de Quitilipi” (Carlos Casalboni), y que tiene que ver con “la actuación de Ayala como secretaria de Asuntos Municipales y el manejo de fondos”.

Por último, la doctora Zunilda Niremperger se refirió al quite de los fueros parlamentarios que tiene Aída Ayala, recordando que “ya se pidió oportunamente el desafuero. Como tiene que ver con distintas interpretaciones, vamos a reiterar el pedido en los próximos días”, finalizó.

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Más complicaciones para Aída: ahora la imputaron por “fraude en perjuicio de la administración pública”

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A la confirmación de su procesamiento con prisión preventiva en la causa por lavado de activos (Lavado II), a la actual diputada por Cambiemos ahora se le suma una nueva imputación por su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Para el fiscal federal, Patricio Sabadini, a través de la Fundación Construir la exintendenta de Resistencia habría direccionado compras del Municipio de Quitilipi en beneficio de proveedores vinculados.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió investigar a la actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública” durante su gestión al frente de la Secretaría de Municipios dependiente del Ministerio del Interior de la Nación. La presentación fue realizada pasado el mediodía de este lunes ante el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia y busca determinar si existieron irregularidades en la contratación de una cooperativa de la capital chaqueña para ejecutar obras en la localidad de Quitilipi con la intermediación de la Fundación Construir, vinculada con la ex intendenta de Resistencia, por lo que se pidió también la imputación de Matías Balmaceda Paiva, Miguel Vilte -imputado en la causa Lavado I por desvío de la pauta oficial- y Claudio Tolosa como presuntos “partícipes necesarios”.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal Sabadini, “bajo el ropaje de ser miembros de la fundación Construir” los imputados efectuaron maniobras destinadas a “manipular o direccionar compras y contratos para provecho personal en desmedro de la Administración Pública”. Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, la investigación preliminar se inició el 26 de abril pasado en base a una denuncia anónima. La misma fue acompañada por documentación que vincula a la cooperativa Las Palmeras de Resistencia con el Municipio de Quitilipi y compras supuestamente direccionadas a un proveedor al que se abonó con fondos nacionales. En el caso fue central el testimonio del intendente de Quitilipi, Sergio Carlos Casalboni.

El caso más notorio

En la presentación, el fiscal Sabadini advirtió que el caso más notorio de los observados es la compra efectuada a Claudio Tolosa, de Service Hogar, por una suma cercana al millón de pesos, para la adquisición de desmalezadora, soldadoras, fumigadoras, carretillas, palas, motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplados rural, tanques, etcétera, donde se pudo constatar que “su titular se dedica a la reparación de electrodomésticos de refrigeración, que no cuenta con local comercial y se encuentra registrado en la AFIP como monotributista”. Los fondos para abonar esas herramientas eran enviados al Municipio de Quitilipi por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, que se encontraba a cargo de la ingeniera Ayala.

Matías Balmaceda Paiva, otro de los imputados, junto a Aída Ayala

El representante del Ministerio Público Fiscal indicó que “los fondos que se enviaban al Municipio de Quitilipi estaban direccionados a una sola persona: Claudio Alejandro Tolosa”. En ese sentido, la hipótesis sostiene que “Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte efectuaban las operaciones, presentándose como miembros de la Fundación Construir, creada por la Sra. Aída Ayala, quien en ese momento se encontraba a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales”.

La presentación también da cuenta de que el Tribunal de Cuentas observó a la Municipalidad de Quitilipi uno de los pagos a la cooperativa Las Palmeras y otro a Service Hogar Tolosa. Esas observaciones tienen que ver con documentación faltante, por no especificar el concepto y destino de los fondos, faltante de órdenes de pago con la totalidad de la documentación que justifique los gastos de acuerdo a los bienes o servicios que se abonaron y al destino que se le dio a los mismos. Por esas y otras observaciones, el organismo de contralor le inició un juicio de cuentas al intendente Casalboni por un monto superior a los 4,6 millones de pesos.

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