“Esta es una causa muy compleja”, consideró Canteros al referirse a la desaparición de 100 toneladas de leche en polvo que estaban ubicadas en un depósito de Salud Pública del Chaco ubicada en ruta 16, kilómetro 23,5 y que están valuados en 40 millones de pesos.

“Y digo que es una causa compleja porque Salud Pública hacía las compras desde que ingresaban a un galpón de la ruta nacional 11, kilómetro 1008. Y cuando la mercadería que llegaba no había lugar para depositarla se derivaba a un depósito de ruta nacional 16 que desde el mes de julio alquilaba Salud Pública con la finalidad de depositar esta leche que venía desde Nación. Y solamente compraba la provincia cuando las partidas eran insuficientes. Esta leche tenía como destino hospitales, centros de salud, comedores escolares y otras instituciones”, añadió.

“Se está analizando quienes tenían las cinco llaves. Hay cuatro personas que dependen de Salud Pública que tenían llaves, quienes estaban con distintas modalidades de contratación, algunos becados, otros contratados. Y hasta tenía la llave un empleado del correo argentino que manejaba el camión que estaba autorizado a retirarlo”, explicó Canteros.

El Procurador puntualizó además que “el galpón de la ruta 16 no reunía las condiciones de seguridad mínima para tener mercadería”. “Y lo que se está investigando es que si alguna vez en ese galpón estuvieron las más de 100 toneladas de leche que supuestamente están faltando. Y cómo se hizo este robo porque es prácticamente imposible sacar 100 mil kilos de leche. Para eso hacen falta tres camiones semirremolque o cuatro camiones con chasis y acoplados para retirar 100 mil kilos de leche”, explico.

“La colecta de pruebas la está haciendo la fiscal Rosana Soto con la colaboración de los peritos contadores del Poder Judicial. Creemos que en el transcurso de la semana que viene va a tener determinada las imputaciones y la causa va a dar un giro porque ya va a empezar a tomar las declaraciones de imputado”, anticipó.

Luego de conocerse el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó el procesamiento con prisión preventiva de varios involucrados en la causa Lavado II, la Jueza Federal de Resistencia ordenó la detención de Rolando Acuña, presidente de Pimp S.A., e igual medida en torno a Fátima Rigassio, presunta dueña de la empresa.

La magistrada confirmó que “teniendo en cuenta la decisión de la Cámara Federal, ordenamos la detención de aquellos que habían quedado en libertad”, ya que “confirmaron el procesamiento con prisión preventiva”.

En tal sentido, confirmó que, en la tarde de este lunes, “Acuña ya está detenido”; agregando que “Fátima Rigassio seguirá con la modalidad en que estaba su detención, un poco morigerada, para que pueda cumplir con su función de madre”.

Consultada sobre la actividad que en la mañana de hoy lunes desarrolló la ex intendenta y actual diputada nacional frente a la sede judicial, donde anunció que haría saber su decisión de pedir su propio desafuero, Niremperger aseguró que “no la ví. Ayala no pidió ser recibida”.

La jueza Federal también confirmó que recibió el nuevo requerimiento contra Ayala, por denuncia del Fiscal Sabadini. “Sí, entró en el día de la fecha, pero todavía no lo ví”; aunque reconoció que se origina “en la denuncia que hace el intendente de Quitilipi” (Carlos Casalboni), y que tiene que ver con “la actuación de Ayala como secretaria de Asuntos Municipales y el manejo de fondos”.

Por último, la doctora Zunilda Niremperger se refirió al quite de los fueros parlamentarios que tiene Aída Ayala, recordando que “ya se pidió oportunamente el desafuero. Como tiene que ver con distintas interpretaciones, vamos a reiterar el pedido en los próximos días”, finalizó.